Silobolsas. Presentan una denuncia penal y piden investigar el origen de los ataques

Dos diputados de la Coalición Cívica presentaron una denuncia penal en la Justicia por los ataques a silobolsas y pidieron que se investigue el origen de los mismos. Como informó LA NACION, ya fueron vandalizados 61 silobolsas.

Se trata de Luciano Bugallo, diputado provincial en Buenos Aires, y Lucila Lehmann, diputada nacional por Santa Fe. La denuncia cuenta con el acompañamiento de los senadores provinciales de la Coalición Cívica de la provincia de Buenos Aires Andrés De Leo, Elisa Carca y Carolina Tironi, además de la diputada provincial Maricel Etchecoin. También tiene el acompañamiento de los diputados nacionales por la Coalición Cívica Marcela Campagnoli, Juan Manuel López, Mónica Frade, Mariana Zuvic y Leonor Martínez Villada. También adhirió el diputado nacional del PRO Pablo Torello.

La denuncia fue ante el Juzgado Federal 4, a cargo de Marcelo Bailaque, Secretaría 2 de Rosario. Allí se reclama que se investigue por los presuntos delitos de incitación a la violencia colectiva (art. 212 CP), asociación ilícita (art .210 CP) e instigación a cometer delitos (art. 209 CP), en el marco de los delitos de hurto (art. 162 CP), robo (art. 164 y 167 CP) e incendio (art.186 CP) de la propiedad agropecuaria.

"Desde que ha tomado estado nacional el caso de la intervención de Vicentin, parece que los ataques han ido en escalada contra el sector del campo..", se lee en el escrito.

"Estos ataques han coincidido en varias casos con productores rurales que han criticado públicamente y participado de jornadas de protestas contra las políticas que lleva adelante el gobierno nacional en perjuicio del sector agropecuario, o bien directamente contra dirigentes de entidades del sector agropecuario", agrega.

Según los autores de la denuncia, hubo "una sucesión de diversos delitos contra el sector agropecuario que se ha acelerado en los últimos meses" .

Para Bugallo y Lehmann, "esta sucesión, no parece azarosa ni incausada. Por el contrario, debe analizarse a la luz de una pública instigación a la violencia que también ha ido en aumento" .

Luego dan un detalle de varias declaraciones. "Observamos como comunicadores sociales con claro posicionamiento político instigan públicamente con un mensaje de odio y sin sentido a cometer delitos contra la propiedad privada de productores de zonas rurales. Así y por nombrar algunas declaraciones, son de destacar la que realizó en el mes de marzo el periodista Ezequiel Guazzora que fue ampliamente difundido por redes y medios de comunicación, cuando en un video dijo en forma textual: "El año pasado hice 100 mil kilómetros por las rutas del país. Ahí estaban los hijos de puta especulando con el precio del dólar con los silobolsas. Qué lindo sería que alguien lleve una navajita nomás y se los abra para que no especulen más, hijos de puta".

También añaden que "funcionarios públicos, de diferentes jerarquía, afines al Gobierno Nacional, se han manifestado con declaraciones incitando claramente a que la sociedad ataque a productores rurales o a su propiedad, llamando a la rotura de silobolsas, o a la quema de sus campos. Así lo hizo el Funcionario Público de la ciudad de Villa María, Córdoba, Martín Quinteros, con el aval del intendente de la ciudad, Martín Gill [de licencia porque asumió como secretario de Obras Públicas], quien primero subió a sus redes sociales una foto de silobolsas, con la frase "trinchetas ya" y un cuchillo dibujado, y con la consigna de que los productores "Acovachan en el medio de la peor crisis, millones de pesos a la espera de una devaluación".

Por otra parte, en el escrito señalan que "dirigentes afines al gobierno nacional como Juan Grabois postean cotidianamente en sus redes sociales señalando al campo como un enemigo del gobierno nacional".

"Un ejemplo de ello es el tuit que escribió el 19 de junio del presente en su cuenta personal que decía "Se profundiza una ofensiva desestabilizadora contra el gobierno impulsada por los fondos de inversión y los zares del agro-negocio que cuentan con el apoyo servil de macrismo…", precisan en el escrito sobre Grabois.

En la denuncia se pide que se cite a prestar testimonio a varios productores y dirigentes, entre ellos el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Daniel Pelegrina.

"Lo que se persigue con esta denuncia, por un lado es la defensa a ultranza de la propiedad (y de su libre disposición), y de la libertad de trabajo, en este caso específico, de productores trabajadores rurales de todo el país, ya que nos vemos obligados a recurrir a la vía judicial ante la inacción (para no decir nada mas) de las autoridades pertinentes", dijo Bugallo.

"Por otro lado, se busca llevar tranquilidad a todo el país, principalmente a los argentinos de las zonas rurales para que, en plena pandemia, no se vea afectada la producción y el abastecimiento de alimentos (actividad esencial), para que se proteja de la fuente de trabajo de miles de familias que directa o indirectamente viven de las actividades rurales y por ultimo no se vea afectado el ingreso de divisas al país que tanto se necesitan", agregó.

En tanto, la diputada Lehmann señaló que "la denuncia solicita la intervención de la Justicia federal para investigar la incitacion a la violencia e instigación a cometer delitos de grupos organizados que podrían tener motivaciones ideológicas detrás de los daños a bienes agropecuarios".

"Entendemos que es necesario que está situación se investigue de forma integral y no como un conjunto de hechos aislados. Ya que la velocidad, repetición a lo largo del país sumado al contexto hostil hacía el campo requiere que se trate en conjunto", añadió.

Por otra parte, ayer el Partido Mejorar, junto con la Fundación Apolo, denunciaron penalmente a Ezequiel Guazzora por un "llamado en redes sociales a atacar y romper silobolsas". Intervinieron los abogados Yamil Santoro y Jorgelina Ferreyra con el patrocinio de José Magioncalda.

Relevamiento de CRA

En tanto, según un informe de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), en los más de 60 casos de ataques a silobolsas en el país se estima "que en total son 5700 toneladas las que han sido dañadas. Además, en cada intento de recuperar el grano se pierde un 15% del mismo. Sumado a que alrededor de 870 toneladas quedan sin poder recolectarse nuevamente".

"Sin una condena enfática por parte del oficialismo a tanta barbarie no es posible imaginar ni el esclarecimiento de los hechos ocurridos ni el final de tan tremenda acción delictiva", agregó CRA.

CRA, además, elaboró el siguiente mapa de inseguridad rural en el país: