Temor en la industria láctea a una intervención del Gobierno por el precio pagado a los productores
Ércole Felippa, presidente del Centro de la Industria Lechera (CIL), señaló que hubo “llamados” a empresas del sector alertando que si aplican subas por encima del 4% en la materia prima “podría haber cierre de exportaciones”
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En la cadena láctea hay temor a una intervención del Gobierno para que no aumente el precio de la leche a los tamberos luego de que la semana pasada trascendieran supuestos llamados de la Secretaría de Comercio, que conduce Matías Tombolini, a empresas para advertirles que si aplicaban un incremento del 7% en el valor a los productores se iban a cerrar las exportaciones. En medio de un clima enrarecido, esto fue negado desde el Gobierno tanto en Comercio como en la Secretaría de Agricultura.
En diciembre pasado, según la información aportada por el Sistema Integrado de Gestión de la Lechería Argentina (Siglea) la industria láctea pagó al productor $66,24 el litro de leche. Eso significó un aumento intermensual del 7,5% y, según les habían asegurado a los tamberos en la industria, ese incremento se iba a replicar en enero.
“Nosotros como cámara no hemos recibido ningún apriete ni llamada, pero sí es cierto que hubo llamadas a algunas empresas diciéndoles que si aumentaba el precio de la materia prima por arriba de un 4% podría haber cierre de exportaciones, obviamente que a eso el Gobierno lo niega”, indicó Ércole Felippa, presidente del Centro de la Industria Lechera (CIL).
Para el dirigente, hay que ver los “datos objetivos” y, en ese sentido, sostuvo: “En primer lugar hubo algunas compañías que tenían contenedores en el puerto para ser cargados y tuvieron que reprogramar los embarques porque no tuvieron las autorizaciones correspondientes”.
“En segundo lugar, hubo una rectificación en el precio que se había anunciado y que después se terminó pagando. Habían indicado un aumento del 7% a 8% y más tarde hubo circulares rectificando que el aumento iba a ser del 4%”, agregó.
Felippa alertó sobre lo nocivas que pueden ser este tipo de medidas. “Es una intromisión del Estado entre una relación de privados con un alto nivel de desconocimiento de las particularidades de esta actividad que tiene su estacionalidad”, dijo.
Explicó que ante la caída de la oferta por una cuestión biológica de la producción en el primer semestre hay una necesidad por parte de la industria de pagar un precio mayor que en el segundo semestre, que hay más disponibilidad de materia prima. “Querer implementar este tipo de medidas pone de manifiesto un desconocimiento tremendo de los ciclos propios de la actividad láctea”, señaló.
Juan Diego Etchevehere, director de la Sociedad Rural Argentina (SRA) distrito Entre Ríos, explicó que varias industrias lecheras habían anticipado a los productores un incremento del orden del 7%, pero luego se concretó en el 3%. “Ante el reclamo de los tamberos, desde la industria trasmitieron que hubo llamados desde la Secretaría de Comercio de la Nación para no alcanzar el porcentaje comprometido. Según trascendió entre los productores, no seguir la sugerencia de la Secretaría pondría en juego los saldos exportable de leche en polvo”, indicó.
“El 3% otorgado por industria está muy por debajo de la inflación y deja a los productores tamberos al borde del abismo. Los costos se incrementaron descontroladamente (productor del dólar soja y la inflación) y los efectos de sequía en Entre Ríos siguen muy fuertes”, sostuvo el dirigente.
Frente a ello, la entidad entrerriana emitió en comunicado titulado: “No queremos volver a los aprietes de Moreno”. Allí denuncian las supuestas acciones realizadas por funcionarios con un “claro perjuicio a los productores tamberos”.
“Es inadmisible que vía prácticas fracasadas del pasado se haya bloqueado la actualización parcial del 7% a los productores lecheros. Esto, sumado a la descontrolada inflación y a medidas como el dólar soja, ponen en jaque a los tamberos de nuestra provincia”, precisó. Todo ello, describieron, en un contexto de “gravedad agropecuaria extrema”.
En un comunicado, la Mesa de Enlace aseguró que en los últimos días muchos tamberos recibieron por parte de la industria “la anulación del informe de precio de la leche correspondiente al mes de enero, sin que mediara ninguna explicación de motivos”.
Al respecto, manifestó que lo consideran una “provocación” en medio de una situación complicada que atraviesa el sector. “Este recorte inédito recae sobre un precio de la leche al productor de quebranto. Sólo como dato, en el mes de diciembre el precio promedio de la leche al productor fue $66,24. Este precio representa un valor bajísimo en dólares, que fija unilateralmente la industria”, explicó.
“Los tambos están pasando un momento con insumos elevados en dólares, donde el precio ya está muy por debajo y lejos de los costos, hay menos leche, y sin reservas de alimento (o muy caras) para los próximos meses”, remarcó.
Reclamó: “Una convocatoria del Gobierno para desandar estas políticas intervencionistas que dañan al productor, que se aclare esta situación y se generen propuestas serias que no ajusten por el lado de la producción, como una triste película que ya estamos viendo muy seguido”.
El viernes pasado, el secretario de Agricultura, Juan José Bahillo, viajó a Entre Ríos donde manutuvo un encuentro con productores, referentes de la industria láctea, funcionarios provinciales y empresas del sector. Según dijeron a LA NACION fuentes que estuvieron en el encuentro, la primera pregunta que le hicieron los productores al funcionario fue si había existido algún tipo de presión para que no haya aumento de la leche. “Bahillo dijo que cuando tomó conocimiento del tema contactó a Tombolini y él se lo negó”, comentaron a este medio.
Además, indicaron que el funcionario contó que un dirigente rural lo llamó para preguntarle por el tema y él lo invitó a que se reúnan junto con la empresa que asegurara haber recibido presiones, el secretario de Comercio y la Aduana para hablar sobre el asunto.
En este contexto, una fuente de Agricultura dijo que Bahillo “habló con gente del sector y ninguna le confirmó las amenazas. Tampoco hay ninguna denuncia y no consta en ningún lado de que esto haya sido así”.
LA NACION
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