Lo decidieron gremios aceiteros y marítimos en rechazo a la reforma laboral; fuerte respuesta de una cámara empresaria
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El Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros (SOEA) y la Federación Sindical Marítima y Fluvial confirmaron su adhesión al paro general convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) y anunciaron un cese total de actividades desde el primer turno de este jueves en el Departamento San Lorenzo. La medida paralizará las plantas y puertos del cordón industrial —donde operan 17 terminales granarias entre San Lorenzo y Timbúes, además de dos plantas en San Jerónimo Sud— en rechazo al tratamiento de la Ley de Modernización Laboral en la Cámara de Diputados.
A través de un comunicado, el gremio SOEA que conduce Daniel Succi calificó el proyecto que impulsa el gobierno nacional como un “retroceso histórico” y advirtió que la reforma implica un ataque directo al salario y al Convenio Colectivo de Trabajo del sector. Desde el sector empresario, la Cámara de la Industria Aceitera y el Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-CEC) defendió la iniciativa del Poder Ejecutivo y sostuvo que el sindicalismo que paraliza el país no ha realizado propuestas ni aportes concretos para preparar a los trabajadores para los próximos cinco o 10 años.
“Están nivelando hacia abajo. Vamos a defender el salario y a la familia aceitera”, puntualizó Succi, quien mencionó también que a partir de esta adhesión se frenará toda la actividad en las plantas y puertos. Para el sindicalista, con esta iniciativa que será tratada en el Congreso, buscan “destruir el salario”. Y advirtió: “La dignidad no se negocia”.
El objetivo del Gobierno es lograr en Diputados hoy el dictamen de mayoría y luego, mañana, lograr la sanción definitiva.

“Repudiamos enérgicamente esta mal llamada modernización que solo busca legalizar el retroceso laboral, la destrucción de miles de puestos de trabajo y el desmantelamiento de nuestra industria nacional. No seremos cómplices del cierre de empresas ni de la falta de un plan productivo que condene al hambre a la clase trabajadora”, indicó el gremio.
Succi explicó que, bajo la falsa promesa de incorporar trabajadores no registrados, la reforma recortará derechos a los que están en blanco. “El trabajador aceitero va a salir a defender el salario que tiene, porque costó mucho conseguir esos beneficios para su familia. Esto no es político, es por cada uno de los trabajadores”, aseguró el dirigente, y agregó: “Están nivelando hacia abajo, quitando beneficios y llevando a los trabajadores a trabajar por lo que quieran los patrones y no por lo que vale su tiempo”.
El SOEA convocó a un cese total de actividades desde el primer turno de este jueves y advirtió que las medidas se endurecerán si el Congreso intenta aprobar la ley “sobre tablas”.

Tras conocerse la decisión de los gremios, en Ciara-CEC señalaron que esta medida de fuerza evidencia una resistencia corporativa al cambio, priorizando la preservación de estructuras de poder por sobre la creación de empleo genuino. Según mencionaron, el verdadero problema a resolver debería promover la formalización del mercado laboral, que podría duplicarse con una mejor legislación.
“La ley de modernización laboral que ya obtuvo media sanción busca adecuar la legislación al futuro del trabajo en un mercado que cambia permanentemente como resultado de las nuevas tecnologías -que imponen nuevos oficios y habilidades- y de las nuevas tendencias sociales que renovaron las demandas de los jóvenes.
Recordaron que frente a ese debate, la única respuesta de algunos sindicalistas fue convocar a un paro. “El sindicalismo que paraliza el país no ha realizado propuestas ni aportes concretos para preparar a los trabajadores para los próximos 5 o 10 años. Rechazar sin debatir no es defender derechos: es defender estructuras. La actitud propia de la democracia es acudir a los representantes del pueblo para presentar sus propuestas", apuntaron desde Ciara-CEC.

Resaltaron que una medida de fuerza de este tipo impacta en toda la cadena productiva: “Comercios, transporte, servicios y economías regionales, que ven menguados sus ingresos ante la reacción corporativa sindical. Por eso cabe preguntarse si este paro defiende realmente a los trabajadores o si, en definitiva, no es un paro político, anclado en el pasado y lejos de la realidad del mundo laboral que ya está cambiando".
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