“Aberración”: Sturzenegger celebró el fin de un programa vitivinícola que “el Estado regalaba a los privados” y financiaba a una entidad
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado elogió la decisión del Gobierno de terminar con el Plan Estratégico Argentina Vitivinícola 2020 (PEVI) y el esquema de financiamiento obligatorio que sostenía a la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar); dijo que se recaudaron “US$300 millones para financiar resultados que nunca llegaron”
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Luego de que el Gobierno dispusiera el cierre en un plazo de tres meses del Plan Estratégico Argentina Vitivinícola 2020 (PEVI) y pusiera fin al esquema de financiamiento obligatorio que sostenía a la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar), la medida fue celebrada públicamente por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien difundió un extenso mensaje en la red social X, con duras críticas al sistema vigente durante más de dos décadas.
La decisión oficial quedó plasmada en la resolución 55/2026 de la Secretaría de Agricultura, que declara cumplido el plazo del PEVI y elimina las contribuciones obligatorias establecidas por la Ley 25.849. Según el funcionario, se trataba de un mecanismo que distorsionaba el funcionamiento del sector y afectaba su competitividad.
En ese contexto, Sturzenegger planteó una mirada crítica sobre el esquema que regía desde 2004. “Eliminamos un impuesto que el Estado había regalado a los privados“, afirmó al inicio de su publicación, en la que calificó la situación como “una historia increíble”.
El ministro sostuvo que el sistema implicaba una anomalía en la lógica de recaudación estatal. “Un Estado que cobra impuestos, pero no para financiar el gasto público, sino que recauda ¡para privados!”, señaló, y agregó: “Hoy, luego de más de 20 años, terminamos con esta aberración”.
De acuerdo con su explicación, durante más de dos décadas las bodegas y productores debían realizar aportes obligatorios en distintas etapas de la actividad. “Pagaban por cada litro elaborado de vino y mosto, por cada litro embotellado de vino, por cada litro vendido de mosto, y por cada kilo de uva que ingresaba a los establecimientos procesadores”, detalló.
Sin embargo, esos recursos no ingresaban al Estado. “Ese tributo no iba al Estado sino que iba a financiar a la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar), una entidad conducida por el sector privado”, explicó el funcionario.
El objetivo del plan, según recordó, era ambicioso. “El PEVI prometía posicionar a la Argentina entre las industrias vitivinícolas más destacadas del mundo, alcanzar exportaciones por US$2000 millones anuales y capturar el 10% del volumen del comercio mundial de vinos para el año 2020”, indicó.
No obstante, el balance que hizo el ministro fue negativo. “La realidad 22 años después es que las exportaciones nunca llegaron a la marca de US$2000 millones anuales y la participación argentina en las exportaciones mundiales se mantiene por debajo del 2,5%”, afirmó.
En esa línea, también cuestionó el uso de los recursos recaudados. “En total entre 2004 y 2025 se le sacaron al sector (lo pagamos todos nosotros) US$300 millones para financiar resultados que nunca llegaron”, sostuvo.
Para Sturzenegger, lejos de fortalecer al sector, el esquema tuvo el efecto contrario. “La Coviar lejos de aportar competitividad en realidad la reducía”, aseguró. Además, remarcó que el nivel de las contribuciones no se redujo pese a los resultados. “En 2024 el ajuste de la contribución superó a la inflación en 97,2 pp y en 2025 en 13,5 pp. El plan fracasaba y la contribución, en vez de bajar, subía por encima de la inflación”, expresó.
Otro de los puntos que cuestionó fue la continuidad del programa más allá de su plazo original. “El PEVI 2020 fue concebido con un horizonte temporal claro hasta el año 2020”, recordó.
En ese sentido, criticó la decisión de la Coviar de extender el esquema. “En noviembre de 2020 el Directorio de la Coviar dictó la resolución 128/2020, aprobando unilateralmente una ‘Actualización del Plan Estratégico Vitivinícola (PEVI 2030)’”, señaló. Sin embargo, advirtió que esa prórroga no tenía sustento legal. “La Coviar no tiene facultades para autoprorrogarse el financiamiento ni para extender el plan”, afirmó.
La resolución 55/2026, en ese sentido, apunta a cerrar ese ciclo. “Declara cumplido el plazo del PEVI a la fecha y establece la finalización de las contribuciones obligatorias previstas en el art. 10 de la Ley 25.849”, indicó el ministro.
A partir de ahora, el financiamiento del sector deberá regirse por criterios voluntarios. “Una cámara empresaria no puede financiarse con un impuesto obligatorio recaudado por el Estado”, sostuvo.
En esa línea, planteó un cambio de paradigma. “Si una bodega quiere asociarse lo hace voluntariamente, sostiene a la cámara con su aporte, y si considera que no le aporta valor, se va. Eso es libertad de asociación”, explicó.
También cuestionó la falta de transparencia en el esquema anterior. “Tampoco existía transparencia ni información certera sobre el uso de los fondos que iban a parar a la Coviar”, afirmó. No obstante, aclaró que la medida no implica la desaparición de la entidad. “Cabe aclarar que esta medida no implica la disolución ni liquidación de la Coviar”, indicó.
En ese sentido, precisó que la institución podrá seguir funcionando bajo nuevas reglas. “Mantiene su personería jurídica y puede seguir existiendo lo que termina es el financiamiento coactivo”, señaló.
Según el ministro, el cambio forma parte de una estrategia más amplia de desregulación. “Esta medida continúa una profunda transformación de la industria vitivinícola argentina”, afirmó.
Finalmente, remarcó el objetivo de fondo de la decisión. “Sacamos al Estado de adentro de la bodega y ahora también sacamos la contribución obligatoria que afectaba la competitividad del sector”, concluyó.
LA NACION
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