En el Congreso, el jefe de Gabinete detalló que cuenta con 6059 empleados, “cantidad que se duplicó en el último tiempo, de los cuales 932 eran cargos jerárquicos, número superior al de cualquier ministerio”; sin referencias al freno del Poder Legislativo y de la Justicia a la transformación del organismo
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Con el telón de fondo de las denuncias por supuestas coimas de exfuncionarios en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se presentó ayer en la Cámara de Diputados para dar su informe de gestión. Durante su exposición, puso en el centro de la discusión la reforma del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y de la Dirección Nacional de Vialidad, a las que calificó como “muestras muy claras del despilfarro de recursos”. No hubo referencias al rechazo del Congreso al decreto que habilitó la transformación del ente de organismo descentralizado a desconcentrado ni tampoco a un freno de la Justicia.
Francos subrayó que la transformación del INTA en un organismo desconcentrado forma parte de la estrategia de desburocratización y reducción del gasto que impulsa el gobierno de Javier Milei. “El INTA contaba con 6059 empleados, cantidad que se duplicó en el último tiempo. También tenía una flota de 2403 vehículos, lo que equivale a un auto prácticamente cada dos agentes”, detalló.
Según el funcionario, el organismo acumulaba además “1611 celulares y un total de 932 cargos jerárquicos, número superior al de cualquier ministerio”. A esto se sumaba la tenencia de 110.000 hectáreas distribuidas en el país, de las cuales, dijo, solo se utilizaban 45.000. “Esto quiere decir que apenas el 40% de su jurisdicción se utilizaba para experimentación con fines comerciales y productivos”, precisó.

Francos cuestionó con dureza el rumbo que había tomado el instituto. “El organismo se desvirtuó en forma tal que perdió por completo su misión fundacional. En lugar de generar tecnologías y conocimientos aplicables a la producción, se enfocaba en el desarrollo de la agricultura familiar o en el financiamiento de proyectos de investigación de carácter sociológico”, sostuvo.
El jefe de Gabinete remarcó que la decisión oficial apunta a “transparentar el destino de los recursos que genera y devolverle su racionalidad institucional”. Según dijo, se trata de ordenar un ente que se había transformado en un “símbolo de la sobredimensión estatal”.
La presentación de Francos se dio en el marco de un repaso más amplio sobre la política de desregulación de la administración Milei. “Se aprobaron un total de 396 normas que eliminaron o modificaron 1157 regulaciones anteriores, abarcando un conjunto de 80.900 artículos”, explicó.
En ese sentido, destacó que se desregularon “áreas claves para la economía, como el transporte, las finanzas, la agroindustria y el comercio exterior, eliminando trabas, facilitando el desarrollo y potenciando la competitividad de nuestros sectores productivos”.
El jefe de Gabinete defendió, además, la política de simplificación de trámites y apertura de mercados. “Eliminamos normativas absurdas que durante años frenaron la inversión, cortamos el sistema de fondos fiduciarios costosos en su administración e ineficientes en sus resultados y pusimos fin a regímenes que distorsionaban la economía”, señaló.
De acuerdo con sus cifras, esas medidas permitieron un ahorro anual de US$2000 millones, al tiempo que redujeron la carga impositiva y liberaron “las fuerzas productivas del país”.
El otro ejemplo citado por Francos fue el de Vialidad. “Su estructura con el tiempo se tornó perversa y sobredimensionada. Contaba con más de 5100 empleados, de los cuales 1500 eran cargos de jerarquía y otros 1500 eran delegados sindicales”, describió.
En esa línea, sostuvo que el 75% del personal era administrativo, mientras que solo el 25% se dedicaba al mantenimiento de rutas. “Estamos hablando de un organismo que se auditaba a sí mismo. De esta manera adjudicaron contratos públicos amañados, ejecutaron de forma anticipada adelantos financieros millonarios sin justificación, abandonaron obras y realizaron ampliaciones injustificadas de plazos”, enumeró.
Francos acusó a las gestiones anteriores de haber dejado las rutas “en un estado bochornoso”. Y aseguró que, por primera vez en mucho tiempo, la obra pública está “al servicio de los ciudadanos”.
En este punto, destacó que ya se encuentra en proceso de licitación la primera etapa de la red federal de concesiones, que comprende más de 9000 kilómetros y concentra más del 80% del tránsito nacional.
El jefe de Gabinete advirtió que existen sectores que buscan frenar estas transformaciones. “Queda muy claro que detrás de esta jugada malintencionada se esconde nuevamente ese intento desestabilizador que no hace más que revelar sus verdaderas intenciones. Pero nosotros no titubeamos ante los compromisos que asumimos”, lanzó.
Más allá de los recortes, Francos defendió el balance económico de la gestión. “En tan solo un año y medio logramos cosas impensadas. Durante el primer semestre de 2025 alcanzamos un superávit energético de US$3761 millones”, dijo. El funcionario agregó que en junio se logró “la mayor producción de hidrocarburos de los últimos 20 años”, con un aumento interanual del 16,2% en petróleo y del 7,6% en gas.
También mencionó el desempeño de la industria y la construcción. Según su exposición, en junio la industria manufacturera creció 9% interanual, mientras que la construcción se expandió 31% en julio, con un acumulado del 10,9% en los primeros siete meses de 2025 respecto del mismo período del año anterior.
El campo no estuvo ausente de su repaso. “En los primeros seis meses de este año, la Argentina exportó 54 millones de toneladas de productos agroindustriales, cifra que implica un aumento del 4,5% en comparación con el mismo lapso de 2024”, dijo. Finalmente, destacó el crecimiento del mercado de maquinaria agrícola, que en el primer trimestre de 2025 facturó $512.000 millones, lo que representó un incremento del 90% interanual”, concluyó.
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