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Un beneficio ínfimo para los riesgos que se generan
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LA NACIONCristian Mira
Los apenas US$410 millones de dólares que el Gobierno recaudaría este año por aumentar dos puntos porcentuales los derechos de exportación a la harina y al aceite de soja con el objetivo de cerrar las cuentas fiscales para importar gas pueden representar una cifra ínfima del daño futuro que provocaría la medida.
Primero porque representa un golpe directo al complejo industrial oleaginoso, el sector que más divisas liquida de toda la economía. En octubre de 2020, el gobierno de Alberto Fernández le había restituido el diferencial arancelario entre el poroto de soja y la harina y el aceite que le había quitado el gobierno de Mauricio Macri en agosto de 2018. En abril próximo empieza la cosecha gruesa y a partir de mayo aumenta el flujo de divisas. Ir en contra del sector que es crucial para conseguir dólares no parece ser, a priori, la mejor decisión.
El segundo impacto que podría provocar la suba de retenciones es con la siembra de trigo, que comienza en mayo próximo. El país viene de lograr una cosecha récord de 21,8 millones de toneladas que dejaría ingresos por exportaciones, sumadas las de harina, por unos US$4500 millones. Aunque los precios del cereal están en niveles récord, exacerbados por la invasión de Rusia a Ucrania, dos exportadores globales líderes, la suba de costos, principalmente de los fertilizantes, pone en duda que se logre una nueva siembra importante como la de la campaña pasada, de 6,6 millones de hectáreas. A eso se suma la incertidumbre climática. Hay riesgos que siga el efecto la Niña hasta bien entrado el otoño. Esto significa que podría haber lluvias menores al promedio, lo que no permitiría que haya buena humedad en los suelos para sembrar trigo. Al factor del riesgo climático, habitual en la producción agropecuaria, se suma el “riesgo político”, propio de la Argentina. Los productores sospechan que el Gobierno les aumentará los impuestos. Con la decisión de subir las retenciones a la harina y al aceite de soja, el mensaje que reciben es que cualquier cosa es posible.
Además de los impactos se abre una discusión legal sobre si el Gobierno tiene la potestad para aumentar los derechos de exportación. Para entidades como la Sociedad Rural Argentina (SRA) esta competencia del Poder Ejecutivo se cayó en diciembre pasado cuando fracasó la votación por la ley de Presupuesto que incluía en uno de sus artículos la delegación de facultades del Ejecutivo al Congreso hasta 2024 para establecer cambios en los derechos de exportación. La SRA presentó en la Justicia un recurso de amparo para revocar esa posibilidad. Para otros especialistas, en cambio, el Gobierno tiene un resquicio legal para incrementar las alícuotas de harina y aceite de soja en dos puntos porcentuales, sin perforar el 33 por ciento.
Más allá de la eventual disputa legal, la decisión del ministro de Economía, Martín Guzmán, rompe el puente que el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, tal como él mismo definió la semana pasada en Expoagro, quiere construir con el campo. Domínguez y sus funcionarios apagaron ayer los teléfonos para la prensa luego de publicarse en la página web de la cartera agrícola la medida que ordenó el cierre del registro de exportación, por lo que no se conoce si resistirán la medida o le darán soporte intelectual. Aun así, el ministro de Agricultura es de los funcionarios del Gobierno que cree que la Argentina necesita aumentar la producción de granos, y más aún cuando está en riesgo la seguridad alimentaria global por la guerra en Ucrania. En el campo creen que eso no podrá lograrse si se aumentan los impuestos.
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