Un juez decidió suspender el embargo millonario contra una pyme láctea que atraviesa un conflicto judicial
La decisión de José Ignacio Ramonet contra Lácteos Vidal es provisoria, y en la empresa dicen que siguen esperando justicia
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LA NACION Belkis Martínez
Una semana después que se conociera el embargo a Lácteos Vidal, el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N.º 69, a cargo de José Ignacio Ramonet, resolvió “archivar" provisoriamente el embargo preventivo por 167 millones de pesos solicitado por el sindicato, hasta tanto se analice la impugnación presentada por la parte demandada. La pyme láctea de Moctezuma, partido de Carlos Casares, atraviesa un conflicto con el gremio Atilra desde julio de 2022.
La medida responde a la causa N° 30061/2022 y fue tomada luego de que Lácteos Vidal objetara la liquidación presentada por Atilra, que incluía astreintes por un monto estimado en 157 millones de pesos, que respondían a una multa por cada día que no reincorporaba a los trabajadores despedidos. En 2022, la pyme despidió en total a 26 trabajadores por el bloqueo en la planta; con el correr del tiempo negociaron de manera particular con 17 trabajadores; además, hubo una persona que se jubiló. Pero había hasta ahora ocho operarios envueltos en el conflicto legal y sin una resolución definitiva.
Según fuentes vinculadas a la empresa, esa liquidación no había sido previamente consentida y fue objetada por considerar que los montos reclamados carecen de sustento legal.
La semana pasada se conoció una nueva resolución del juez Ramonet en la que ordenó un embargo preventivo de más de $167 millones a pedido del gremio Atilra, en medio de un conflicto gremial que ya lleva casi tres años. Esa decisión judicial se conoció un día antes de una audiencia de conciliación en la que la empresa volvió a presentar una oferta para cerrar el conflicto: pagar el 50% de las indemnizaciones reclamadas por los exempleados, tal como lo había sugerido el propio juez en una instancia anterior. Sin embargo, según relató Alejandra Bada Vázquez, dueña de Lácteos Vidal, ninguno de los trabajadores asistió a la audiencia virtual. Solo estuvo presente el abogado del gremio, Alberto Coronel, y tampoco participó el juez Ramonet, que delegó la convocatoria en su secretaria.
Ahora, se conoció que el juez Ramonet decidió no enviar por ahora el oficio al banco para ejecutar el embargo y resolvió, en cambio, correr traslado de la impugnación a la parte actora. Esta maniobra dilata la resolución por la medida cautelar, al mismo tiempo que deja en suspenso la ejecución de las sanciones económicas diarias pretendidas por el sindicato. “El juez hizo el embargo preventivo, pero no sacó la cédula al banco. Nosotros hicimos la impugnación, además de la cautelar hay pendiente una queja, como yo no reincorporo al personal, el juez me quiere cobrar astreintes, porque ellos [el gremio] presentaron el pedido de cautelar”, dijo Bada Vázquez.
En junio del 2024, Ramonet había aumentado las astreintes por “incumplir” con la reincorporación de parte de los trabajadores despedidos, tras una medida de fuerza realizada en julio de 2022 en la planta de la firma en la localidad de Moctezuma. El monto era de $10.000 por empleado por día y entonces las trepó a $50.000, un 400% más. Sin embargo, una resolución posterior había dejado sin efecto ese aumento de la multa. Ahora, no obstante, corrió traslado y suspendió las astreintes.
“Ya era escandaloso que me notificaran de un embargo, cuando hoy en día hay un artículo en la Ley Bases que dice que bloquear una empresa es injuria grave y causal de despido. Así que me siga amenazando con las astreintes ya es escandaloso, creo que al menos reconsideró el error grave y por eso suspendió el embargo”, dijo Bada Vázquez.
Además, señaló: “Sigo esperando justicia y que se entienda que bloquear una empresa, no dejar trabajar, violar el derecho de libertad de trabajo, tenga algún día consecuencias para quien lo hace y podamos ser algún día un país normal, donde se respete la propiedad privada y el trabajo en libertad".
La tensión entre Lácteos Vidal y Atilra se mantiene como uno de los casos más resonantes de los últimos años en materia laboral dentro del sector lácteo. La causa continuará su curso a la espera de las nuevas decisiones judiciales. Por ejemplo, a principios de este mes, el mismo juez declaró “abstracta” su propia medida cautelar que ordena la reinstalación de varios trabajadores despedidos de la empresa. Esto sucedió dado que los trabajadores decidieron iniciar reclamos por indemnización por despido ante el Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria (Seclo). El gremio Atilra, en tanto, apeló esta decisión en la Cámara de Apelaciones, y se espera una sentencia.
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