Un margen de juego acotado

Conocido el resultado de las elecciones nacionales, una de las incertidumbres que pesaban sobre las decisiones de producción comenzó a ser despejada. El escenario es distinto. El triunfo del Frente de Todos sobre Juntos por el Cambio despierta en buena parte de la actividad agropecuaria los temores al regreso de políticas intervencionistas en el comercio como las que se aplicaron entre 2003 y el 2015.

Durante la campaña electoral, el hoy presidente electo, Alberto Fernández, procuró enviar mensajes de conciliación al campo. Habló de la necesidad de terminar con el clima de enfrentamiento derivado del conflicto por la 125 y no plantear dicotomías entre "campo e industria".

Tras las PASO recibió el documento de 14 puntos elaborado por la Mesa de Enlace en el que, entre otras cosas, se proponen sostener varias de las políticas impulsadas por el actual gobierno como la apertura de mercados y la menor intervención del Estado. Fernández no dio su opinión sobre el contenido de ese trabajo.

Más inquietud provocaron las propuestas de reforma agraria del dirigente social Juan Grabois, ligado al kirchnerismo, y de una suerte de recreación de la Junta Nacional de Granos, que lanzó el exsecretario de Agricultura Felipe Solá. Fernández no los desmintió taxativamente, pero pidió prudencia.

En una de las pocas propuestas conocidas, el candidato del Frente de Todos dijo que iba a lanzar un programa contra la "crisis alimentaria", en referencia al impacto que provocó la inflación sobre los precios de los alimentos en el sector más vulnerable de la población. Según el dirigente masista Daniel Arroyo, posible futuro ministro de Desarrollo Social, uno de los problemas a encarar será el "costo de la canasta básica de alimentos".

No hay precisiones sobre cómo se reduciría ese costo. En las reuniones que mantuvieron con Arroyo representantes de entidades de la agroindustria -exportadores, acopiadores, corredores y algunos ruralistas- se le manifestó que era mejor atender la demanda que afectar la oferta. En otras palabras, que utilizar medidas como cupos a las exportaciones o subir derechos de exportación afectarían la producción futura.

Se habló de la posibilidad de aplicar una tarjeta alimentaria destinada a la población en condición de pobreza e indigencia. Grandes países productores y exportadores de alimentos como Estados Unidos y Brasil tienen programas de estas características.

El otro frente que deberá atender la administración que asuma el 10 de diciembre próximo será el macroeconómico. Cualquiera sea la forma que se adopte para encarar el pago de la deuda externa es evidente que el país necesita generar divisas genuinas por exportaciones. El campo es el principal sector de la economía que los genera.

Pese a las buenas condiciones climáticas promedio, el ingreso de divisas por exportaciones del ciclo 2019/20 podría caer un 8% respecto del período 2018/19 por efecto de la baja de precios internacionales, según estimó recientemente el economista jefe de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, Agustín Tejeda Rodríguez. Esto significarían unos 2390 millones de dólares menos que en el ciclo previo.

Si en el nuevo oficialismo imaginan que se está en un ciclo alcista de los precios de los granos como el que se vivió en la década pasada, se equivocan de diagnóstico. Dos de los factores principales que alentaron la suba -China y los biocombustibles- se están desacelerando. Por supuesto, siempre aparece algún acontecimiento que impulsa la recuperación de las cotizaciones, pero nada hace prever niveles de precios similares a los vigentes hasta 2012.

En ese escenario, el regreso a medidas como los ROE o los cupos a la exportación de cereales tendrán un impacto regresivo en términos de producción y de ingreso de divisas en el mediano plazo. Y la economía argentina, salvo la generación de energía, no ha desarrollado otro sector capaz de reemplazar a la agricultura como principal fuente de origen de divisas por exportaciones. El margen de juego es acotado.

Por Cristian Mira

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