Cómo la ley de tierras “espantó inversiones” durante 15 años, según un experto
Roberto Frenkel Santillán, presidente de Bullrich Campos, afirmó que las restricciones frenaron el desarrollo de regiones productivas y profundizaron el atraso económico en varias provincias
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LA NACIONMariana Reinke
A más de 15 años de la sanción de la ley de tierras, el debate volvió a instalarse en el sector agropecuario luego de que el Poder Ejecutivo enviara al Congreso un proyecto para modificar de manera sustancial el régimen de titularidad de campos por parte de extranjeros. En ese contexto, el presidente de Bullrich Campos, Roberto Frenkel Santillán, cuestionó duramente la normativa vigente y consideró que se trata de una legislación creada para resolver “un problema inexistente”.
El referente del mercado inmobiliario rural realizó una extensa reflexión sobre el impacto que, a su criterio, tuvo la Ley N°26.737 desde su promulgación. Lo hizo después de que el 27 de marzo pasado el Gobierno impulsara el proyecto denominado “Inviolabilidad de la propiedad privada”, que propone cambios de fondo sobre las restricciones a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros.
En su análisis, Frenkel Santillán sostuvo que la norma nació sobre una premisa equivocada. “La ley se originó para resolver un problema inexistente, repito, inexistente”, afirmó.
Según recordó, antes de la sanción de la norma existía la percepción de que gran parte de la tierra argentina estaba en manos extranjeras. “Se decía y se pensaba que la posesión de la tierra en la Argentina estaba, en una gran parte, en manos de extranjeros”, señaló. Sin embargo, aseguró que aquello nunca tuvo sustento real.
En esa línea, remarcó que el relevamiento oficial realizado luego de la promulgación mostró otro escenario. “El resultado fue que apenas poco más del 6% de la tierra estaba en manos de extranjeros”, indicó. Para el empresario, ese dato dejó en evidencia que “la inmensa mayoría de la tierra, el 94%, estaba en poder de argentinos”.
A partir de allí, consideró que el error fue mantener vigente el esquema. “Se podría haber derogado esa ley, algo simple, casi lógico. Pero se comete un segundo error que es no derogarla”, sostuvo.
También cuestionó la creación del Registro Nacional de Tierras Rurales, organismo encargado de controlar las operaciones vinculadas con extranjeros. “Es el ente burocrático de orden nacional encargado de preservar y prevenir un problema inexistente”, dijo.
Otro de los puntos que criticó fue el límite impuesto por la ley sobre la superficie que puede adquirir un extranjero. La normativa establece un tope equivalente a 1000 hectáreas en zona núcleo o sus equivalencias según cada provincia. “De esta forma el extranjero se lo limita a que compre hasta 1000 hectáreas en la zona núcleo o su equivalente y luego no pueda expandirse”, señaló.
Según explicó, eso desalienta proyectos productivos de escala y termina afectando el desarrollo regional. “Cualquier inversión en tierras trae casi seguro más mano de obra, más inversión y más actividad zonal”, afirmó.
Frenkel Santillán consideró, además, que detrás de la norma persiste una mirada negativa sobre el inversor extranjero. “Parecería ser que los impulsores de esta ley presumen que el inversor extranjero es un desalmado depredador que destruye todo lo que tiene a su alcance”, sostuvo.
En contraposición, afirmó que muchos capitales internacionales buscan producir y desarrollar nuevas regiones. “El inversor extranjero invierte fuera de su país con la esperanza de obtener una mayor renta, diversificar su portfolio y crear otro centro de recursos”, señaló.
También sostuvo que ese tipo de inversiones suele generar movimiento económico en zonas relegadas. “Invierte donde no hay desarrollo, donde el argentino no va o no puede ir”, indicó.
El empresario puso como ejemplo el caso de provincias alejadas de los grandes polos productivos, donde, según afirmó, las restricciones terminaron afectando el ingreso de capitales.
En particular, mencionó el caso de Formosa y cuestionó el criterio utilizado para establecer equivalencias productivas respecto de la zona núcleo. “Formosa determinó que 1000 hectáreas de tierra en esa provincia equivalgan a 1000 hectáreas de zona núcleo de Buenos Aires”, señaló.
A su entender, esa decisión perjudicó directamente la llegada de inversiones. “Formosa se autocondenó a no tener inversiones extranjeras y continuar con su aislamiento cultural, social y económico”, expresó.
En otro tramo de su análisis, Frenkel Santillán sostuvo que uno de los principales afectados por el régimen actual es el propietario argentino. “Solo puede vender su campo a argentinos, en vez de ofertarlo al mundo libremente”, afirmó.
El empresario comparó la situación argentina con lo ocurrido en países vecinos porque, mientras esta ley se encuentra vigente, “el inversor extranjero compró tierras en Uruguay, Paraguay y Bolivia, desarrollando y agrandando las fronteras”.
Según describió, esos países lograron ampliar áreas productivas y dinamizar economías regionales. “La actividad se multiplicó y los países crecen y desarrollan áreas nuevas”, señaló. En contraste, lamentó que la Argentina permanezca estancada. “Nosotros nos quedamos con lo nuestro produciendo solo donde ya estamos”, afirmó.
También cuestionó la demora judicial que mantiene suspendida la derogación de la ley impulsada por el Gobierno mediante el DNU 70/2023. Recordó que el juez Ernesto Kreplat dictó una medida cautelar en enero de 2024 que frenó esa iniciativa. “Parecería que un juez de primera instancia puede aplazar la derogación de un DNU del Poder Ejecutivo por tiempo indefinido”, planteó.
Más allá de sus críticas, Frenkel Santillán consideró que sí debería existir una limitación puntual. “Los países soberanos no pueden comprar tierras”, afirmó. Según explicó, esa restricción tendría lógica desde el punto de vista estratégico y diplomático: “Es difícil que un Estado se someta a las leyes de otro Estado sin que aparezcan cuestiones diplomáticas, litigios y conflictos”.
Por último, reclamó una discusión más amplia y consensuada sobre el tema. “Cuando una ley nace mal porque es controversial y confusa hay que derogarla sin más; luego convocar a los que saben, tomarse el tiempo que requiera y hacer una ley que se ajuste a las necesidades del país, a los actores que puedan estar involucrados para finalmente promulgar una ley que sea beneficiosa para los argentinos, para el agro que aún tiene mucho camino por recorrer”, cerró.
El proyecto de ley
Para el diputado nacional (PRO) y presidente de la Comisión de Agricultura, Martín Ardohaín, la iniciativa que impulsa el Gobierno de Javier Milei es un “proyecto interesante” para fomentar inversiones extranjeras. Según explicó, flexibiliza los límites de la ley anterior, incorpora cambios en la Ley de Manejo del Fuego y busca “sacar trabas” para que sea más fácil vender, invertir o usar la tierra. “La idea es que el Estado no le diga tanto al dueño de la tierra qué puede o qué no puede hacer con su propiedad”, sostuvo.
Según describió, “la propuesta apunta a eliminar los topes generales de hectáreas para extranjeros” y concentrar los controles solo en operaciones vinculadas a Estados extranjeros, ya que “el Gobierno considera que esas reglas son muy estrictas y espantan a los inversores”.
Sobre el Manejo del Fuego, explicó que se busca “eliminar la restricción que impide modificar el uso de suelos incendiados por plazos prolongados”, dejando esa prohibición únicamente para áreas protegidas por la Ley de Bosques Nativos y reforzando la obligación de recomponer el daño ambiental.
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