UPOV-91 o ley de semillas: el debate caliente que vuelve entre los productores y la industria semillera
Luego del anuncio en el Congreso del presidente Javier Milei para modernizar el régimen de propiedad intelectual, productores rechazaron la adhesión al convenio internacional y reclamaron una actualización del marco regulatorio actual
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LA NACION Belkis Martínez
La posible adhesión de la Argentina al Acta 1991 de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (Upov-91), un compromiso del país con Estados Unidos por el acuerdo comercial, generó rechazo entre los productores después de que el presidente Javier Milei mencionara en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso la necesidad de modernizar el régimen de propiedad intelectual en semillas. Mientras el oficialismo y la industria sostienen que la actualización es clave para atraer inversiones y garantizar la seguridad jurídica, buena parte de las entidades de productores se opone al convenio internacional y propone, en cambio, modificar la ley de semillas vigente, que data de 1973.
Actualmente, la Argentina está adherida al Acta 1978 (Upov-78) por lo que muchos plantean la necesidad de continuar bajo este tratado internacional y hacer cambios internos en la ley actual. En 2019, el gobierno de Mauricio Macri intentó avanzar con un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para modificar la Ley 20.247 de Semillas y Creaciones Fitogenéticas, según trascendió en ese momento. El texto, que retomaba un dictamen de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados, ampliaba las facultades de control del Instituto Nacional de Semillas (Inase), establecía que el precio pagado por la semilla debía incluir todos los conceptos de propiedad intelectual y declaraba nulas las cláusulas que impusieran sistemas de control privado en embarque o puerto.
Santiago del Solar, productor agropecuario, sostuvo que aquel DNU del gobierno de Macri “era específicamente lo mismo” que el dictamen de Diputados, con la diferencia de que, al tratarse de un decreto, no incluía la desgravación impositiva de la semilla fiscalizada porque no podía legislar en materia tributaria. Según relató, la propuesta fue rechazada en el último momento por la Asociación de Semilleros Argentinos (ASA), que —afirmó— impulsaba un esquema de control privado en lugar de uno a carga del Inase. El DNU establecía expresamente que la actividad de fiscalización del Inase sería indelegable y que el organismo tendría acceso a cultivos y productos de la cosecha para verificar la legalidad de la semilla.
El punto más sensible del debate es el “uso propio”, es decir, la posibilidad de que el productor guarde parte de su cosecha para volver a sembrar la semilla. El DNU preveía que el precio abonado por la semilla o por el uso propio “dará por satisfechos todos los derechos de propiedad intelectual” y establecía excepciones para agricultores familiares y micropymes en el pago por sucesivas multiplicaciones. Con UPOV- 91, en cambio, el uso propio deja de ser automático y puede requerir una expresa autorización del obtentor. Para los productores críticos del cambio, allí radica el problema central.
Gustavo Sutter Schneider, de la Comisión de Agricultura de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), advirtió que bajo Upov-91 “continúan esos derechos sobre el producto y en el subproducto” y que, para hacer uso del producto, el agricultor debería contar con una autorización clara del obtentor. “Yo compro una semilla, la siembro; el producido es mi grano. Si lo quiero volver a sembrar, tengo que tener permiso”, señaló.
Del Solar utilizó una comparación general para reflejar el otorgamiento de estos derechos: “Cuando compro una semilla es como quien compra una camioneta: pagué una vez y listo. Y la semilla es lo mismo: la pagué una vez y listo”. A su entender, permitir que el obtentor pueda negar el uso propio “cambia totalmente lo histórico, que es el productor que guarda su propia semilla”.
Desde ASA habían celebrado el anuncio presidencial. La entidad sostuvo que la adhesión a Upov91 “constituye un paso decisivo” para revertir décadas de falta de actualización normativa y que el Acta 1991, adoptada por 63 países, representa el estándar internacional en protección de obtenciones vegetales. Estados Unidos reclama estándares estrictos de protección de la propiedad intelectual.
La entidad destacó que la incorporación del concepto de variedades esencialmente derivadas y una protección efectiva de los derechos del obtentor brindarán previsibilidad y transparencia a la cadena, y demostró que sin reglas claras “seguimos castigando a quienes invierten y apostando al atraso”.
Pablo Ginestet, secretario de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) e integrante de CRA, afirmó: “Estamos en contra de Upov-91, entendemos que no es necesario”. Si bien reconoció que el Gobierno se comprometió a enviar el tratado al Congreso, anticipó que darán la discusión parlamentaria y que intentarán frenar cualquier ley que implique su implementación. Planteó que es posible “modificar la ley de semillas sin adherir a Upov-91”, como ocurre en Brasil, Uruguay y Paraguay, que continúan bajo el acta de 78. “Tenemos que seguir en la misma línea, adaptando algunas normas a la realidad y reconocer mejor la propiedad intelectual de los obtentores”, sostiene.
Sutter Schneider advirtió, en tanto, que el valor que se fija por genética y biotecnología “es muy alto” y que existe el riesgo de otorgar “demasiado poder al obtentor”.
“Hay que reconocer que hay que hacer cambios en la ley de semillas, pero pensarlo muy bien”, señaló. Según indicó, dentro de la Mesa de Enlace, junto a CREA y Aapresid, se trabaja en una propuesta propia, “siempre bajo el paraguas de Upov-78”.
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