Vicentin estatal. El cono de sombras que se posa sobre el negocio agropecuario
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LA NACIONCristian Mira
El intento de expropiación de Vicentin anunciado por el presidente Alberto Fernández hace poco menos de dos semanas provocó un cimbronazo que, además de transformarse en un tema político, jurídico y social de primer orden, pone en un cono de sombras al negocio agropecuario.
Desde esa inesperada conferencia de prensa, el Gobierno todavía no ha respondido simples preguntas como ¿cuál es el plan de negocios de una eventual Vicentin estatal bajo el paraguas de YPF Agro?, ¿competirá en igualdad de condiciones con el resto de los exportadores y procesadores o usará el poder regulatorio del Estado en su favor? A estos interrogantes se suman otros de carácter jurídico y económico, como la constitucionalidad de la medida o el eventual monto de la expropiación.
Un analista del mercado de granos, que pidió reserva de su nombre, cree que el efecto de una Vicentin estatal sobre el negocio va a depender del grado de intervención del Estado. "Si es una empresa más, que está compitiendo, no debería tener un efecto distinto", conjetura. Sin embargo, cree que antes debería pactar un plan de pagos por la deuda comercial con la cadena, estimada entre US$ 300 y US$ 400 millones.
"¿Quién le va a vender si antes no le pagan?, se pregunta. Además, "si va a empezar a pagar diez dólares más por tonelada de soja, compra a US$ 235 lo que vale US$220, los competidores van a dar un paso al costado", evalúa. "Si es así, va a originar mucha más mercadería al poner en contramargen al resto", dice.
El riesgo es que el Estado, con bolsillo de payaso, pierda en la operación. "Y ahí vamos a pagar todos nosotros", considera. Otra eventual vía de una Vicentin manejada por YPF Agro sería aumentar los canjes de insumos por granos, ya que la petrolera se encuentra entre los principales proveedores del mercado.
Por otra parte, los especialistas del negocio explican que los márgenes de la molienda no dan como para pagar más que el resto.
A su vez, quienes tienen experiencia en el negocio hacen hincapié en las dificultades del escenario global. "La dinámica de los negocios ha cambiado. La pelea de Estados Unidos y China implicó que los granos en vez de ir de EE.UU. a China fueran de Brasil y la Argentina a China, por eso en algún momento la soja argentina fue más cara que la norteamericana. Hay que estar atento a esos flujos", dijo Eddy Fay, consultor y exdirectivo en empresas internacionales en una entrevista por Zoom organizada por LA NACION Campo.
"¿El Estado puede hacerlo con la historia que tiene en el manejo de empresas públicas?", se preguntó , y advirtió: "Necesitás experiencia, agilidad, una visión global, saber dónde vas a invertir, si en los puertos o en la cadena de valor, es un negocio complejo", dijo.
En tanto, Cristian Sicardi, exdirector de Cargill, destacó el papel de la confianza en el negocio. Puso como ejemplo lo que pasó con Vicentin, un empresa con 90 años de historia, que un día no pudo hacer frente a sus pagos y la perdió. "El nombre es muy importante", dijo.
Para los especialistas, la decisión del Gobierno afecta a toda la cadena. Alejandro Terré, exgerente de Agricultores Federados Argentinos (AFA), Alejandro Terré, consideró que la expropiación "no es una buena señal para el sector y el productor" y que "existen otras formas y mecanismos cuando se quiere rescatar una empresa: se optó por la peor opción".
Golpe a la industria
Otra amenaza de la estatización de Vicentin es el impacto sobre el complejo oleaginoso argentino. Según Gustavo Idígoras, presidente de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y del Centro de Exportadores de Cereales (CEC), hay un desvió de inversiones desde la Argentina hacia otros países para aumentar la capacidad de molienda de soja.
"La industria oleaginosa argentina está trabajando con capacidad ociosa hace varios años. Eso empezó a generar pérdidas económicas desde agosto de 2018 cuando Macri sube los derechos de exportación para la harina y el aceite de soja, castigando el valor agregado en el país. Esa fue una de las razones de la caída de Vicentin", opina el directivo. "De ahí en adelante se primarizó la exportación de poroto, otro motivo de la caída, que creció 67% el año pasado y las exportaciones de harina de soja descendieron. Eso implica que la decisión de ampliación de molienda en el mundo se han desviado de la Argentina a otros países. Sobre todo India, Malasia e Indonesia, con el aceite de palma como sustituto del aceite de soja".
Para Idígoras, el anuncio de la expropiación de Vicentin "es una profundización de una situación que se venía dando desde fines de 2018". En cambio, quienes defienden la eliminación de tres puntos porcentuales entre el poroto y la harina y el aceite de soja argumentan que se frenó una transferencia intra cadena por US$ 500 millones anuales.
Como sea, está claro que la decisión de expropiación apunta a quedarse con la empresa que tiene la mayor capacidad de crushing de todo el complejo oleaginoso del Gran Rosario, con 37.000 toneladas diarias en 2019, según estimó un informe de la Bolsa de Rosario de Comercio de Rosario (BCR).
Este complejo, por sus despachos de poroto, harinas y aceite de soja, es el mayor del mundo, destacó otro trabajo de la entidad. "En 2019 se despacharon desde la Argentina cien millones de toneladas de estos productos (se incluye la mercadería de Paraguay y Bolivia) y el 78% salió del Gran Rosario", señala Julio Calzada, director de Informaciones y Estudios Económicos de la BCR.
Esa posición de liderazgo supera a los despachos del puerto de Santos, en Brasil, y al Distrito Aduanero de Nueva Orleans, en Estados Unidos. Son 20 plantas con 19 terminales portuarias sobre la margen derecha del Paraná en una franja de 70 kilómetros. La capacidad ociosa de este complejo, al que se le suma la producción de biodiésel, fue de 41% en 2019, según calculó la BCR.
Lo que ocurra con este complejo tendrá un efecto directo sobre las decisiones de la producción. Este conflicto, en plena ebullición, tiene un final abierto.
Reacción de la cadena
Hubo una catarata de reacciones adversas contra el intento de expropiación de Vicentin por parte de entidades de la agroindustria, el ruralismo y la dirigencia política. Entre ellas, las de las entidades por cadena -Acsoja, Maizar, Asagir, Argentrigo- a las que se sumaron Clera (legumbres), Arroz Argentino, la Cámara del Maní y el ABC (comité argentino del blueberry) que expresaron que los argumentos de la necesidad de mayor soberanía y seguridad alimentaria son "incompatibles con la medida elegida".
En un comunicado, dijeron que "la intervención estatal tomando además el rol empresario genera incertidumbre y preocupación, pues además de innecesario, implica el riesgo de distorsionar los precios de equilibrio". Recordaron que, en el pasado, "la mala experiencia de la Junta Nacional de Granos es una dolorosa prueba de ello".
Destacaron que, en el mundo, "los Estados han dejado de intervenir en el comercio de granos, dado que es de alto riesgo comercial y financiero, por la que las empresas deben asumir riesgos sin generar costos a los Estados". Las entidades dijeron que en el medio de una crisis económica grave "el Estado debería enfocar sus recursos en otra dirección" y enfocarse en fomentar las inversiones privadas.
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