Vicentin: fuerte ofensiva de un grupo de acreedores que piden un proceso de cramdown

Mientras se espera el pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe sobre el futuro del concurso de acreedores de la cerealera Vicentin, ya que desde hace semanas está en sus manos el caso luego de que le pidiera el expediente al juez de Reconquista Fabián Lorenzini, un grupo de acreedores sigue insistiendo que la propuesta que la cerealera hizo ante la Justicia es “ilegal”. En ese sentido, reclaman que el máximo tribunal no convalide la propuesta de la compañía y piden que se vaya a un cramdown [mecanismo de última instancia a una quiebra que permite que acreedores u otro actor externo pueda formular una propuesta para tomar el control] porque, argumentan, “va a permitir tener un proceso más transparente de elaboración de propuesta concursal”. Desde la cerealera se defienden diciendo que “la propuesta es legítima y cumple con todos los parámetros de la ley”, además de que cuenta con el apoyo de la mayoría de los acreedores. Agregan que para un cramdown se “necesita conseguir mayorías, si no va a quiebra”.

A fines de junio pasado, la cerealera, que adeuda más de US$1500 millones, anunció que ya había logrado reunir las conformidades necesarias para alcanzar la mayoría de capital y de personas requeridas para que su propuesta de pago sea aprobada en el marco del concurso preventivo (lograron más de la mitad de las personas y por encima del 66% del capital). Sin embargo, el presidente de la Corte de Santa Fe, Rafael Gutiérrez, suspendió los plazos del mismo y dejó en suspenso el concurso que ya ingresaba en su tramo final. “El problema de esta demora no la está sufriendo Vicentin, la están sufriendo los acreedores”, dijo hace unas semanas a este medio Estanislao Bougain, director independiente de la firma.

En diálogo con LA NACION, Franco Dimónaco, abogado que representa a 75 acreedores granarios, apuntó contra la propuesta concursal de Vicentin al sostener que es “ilegal porque viola la paridad e igualdad que tiene que existir entre los acreedores”. Además, sostuvo que es de “imposible cumplimento”.

La propuesta que hizo la firma fue pagar su deuda a 12 años, incluyendo la figura de un fideicomiso. Ofreció US$30.000 en un pago inicial a cada uno de los acreedores hasta completar un 10% de cada acreencia en diciembre próximo. Luego, otro pago del 10% en 2023.

Al respecto, Dimónaco sostuvo: “No se puede hacer pagos que sean convenientes y en ventaja de algunos acreedores en relación con el resto. Por eso están violando uno de los principios básicos de la ley concursal, que es la par conditio creditorum, que implica la prohibición de alterar la paridad entre los acreedores”.

“Al hacer un único pago de US$30.000 a todos termina habiendo, por un lado, muchísimos pequeños acreedores que están cobrando casi el 200% de su crédito cuando quizás tienen verificado 15.000 o 10.000 y, por otro, quienes tienen sumas mucho más importantes y para quienes ese monto no tiene ningún tipo de significancia en sus créditos”, agregó.

En este contexto, el abogado insistió que esta situación “lleva a que haya acreedores que cobren sustancialmente el doble de lo que verificaron”. Según su opinión, la firma gestó de esa manera la oferta “para poder juntar el voto de un montón de pequeños acreedores y lograr así el apoyo para votar la propuesta concursal”.

Además, apuntó que es “ilegal” porque “la quita es abusiva” cuando, argumentó, se estaría haciendo una venta de activos a un precio “irrisorio”. Dio como ejemplo que el 33% de las acciones de Renova que le quedan a la firma, que es la mayor planta de crushing del mundo, se “venden a la valuación fijada en dólares antes del concurso, pero pagando el dólar con pesos al tipo de cambio oficial. O sea, dada la brecha al 50% de su valor real”.

En tanto, indicó que es de “imposible cumplimiento” porque “hay órdenes judiciales que impiden que Vicentin pueda enajenar los activos que quiere vender para poder pagarle a los acreedores. Es decir, la venta de la participación accionaria de Renova y otros activos con los que cuentan”.

“Nos encontramos en el absurdo de que están ofertando una propuesta concursal que no se va a cumplir porque, por más que la voten, tengan la mayoría y un juez la homologue, el día de mañana cuando Vicentin quiera disponer del dinero mediante la venta de activos no lo van a enajenar porque hay jueces penales que ordenaron que no podían movilizar esos activos hasta que no se termine todo el proceso penal”, expresó.

En esa línea, apuntó contra el juez concursal: “Los viene acompañando en todos los planteos que viene haciendo Vicentin dentro del concurso preventivo”. Agregó: “Muchos de los acreedores, dentro de ellos el Banco Nación, observamos esta propuesta por esto mismo de que no se puede ofertar algo de imposible cumplimento”.

“Si el juez homologa esta propuesta no se va a poder cumplir porque el levantamiento de las medidas cautelares sobre los activos que se pretenden disponer dependen de juzgados penales donde están muy avanzadas las investigaciones de comisión de delitos de estafa y balance falsos, por un lado, y por el otro, porque un juzgado federal ha ordenado cautelarmente dejar sin efecto los contratos entre Vicentin e Interesados Estratégicos por posible violación de normas de Defensa a la Competencia. Ante esta situación, la cerealera no ha propuesto ninguna alternativa sería, cierta y concreta”, agregó.

El abogado reflexionó ante la posibilidad de que el proceso siga: “Nos vamos a encontrar ante la homologación de una propuesta que es completamente ilegal y abusiva, porque a la larga les terminan pagando poco y nada a los acreedores y nos vamos a encontrar inmiscuidos en una guerra entre el juzgado civil y penal en donde van a pretender levantar medidas cautelares siendo que los jueces penales no tienen porqué hacerlo. En el medio va a seguir pasando el tiempo y los acreedores no van a seguir cobrando”.

Vale recordar que, en el marco del proceso y la salida que propone la cerealera, Bunge Argentina, la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) y Viterra Argentina se quedarían con el manejo del 95% de la empresa, mientras que los accionistas de Vicentin pasarían a quedarse con el 5%.

“La adquisición del 95% de las acciones por parte de los interesados estratégicos es opcional, cuestión que creemos que no van a ejecutar y sólo se quedarán con los activos más valiosos de Vicentin, es decir, habrá un desguace de la compañía”, indicó y añadió: “Para el caso de que decidan avanzar hacia ese lugar, es el precio que están dispuestos a asumir los directores y accionistas para sacarse el endeudamiento de encima”.

“Por otro lado, Vicentin ya no es tan atractiva para sus accionistas porque, como también surge de la Auditoría Forense, forma parte de un conglomerado de empresas (más de 23) que componen un conjunto económico y donde se han desviado del patrimonio de la sociedad”, expresó.

“La salida más coherente para este capítulo es que se deje sin efecto esa propuesta y que se vaya a un cramdown, es decir, un proceso de salvataje que va a permitir a distintos interesados hacer propuestas para la adquisición de las acciones de Vicentin. Entendemos que va a ser lo más sano”, concluyó.

La respuesta de la cerealera

En diálogo con LA NACION, Estanislao Bougain, director independiente de Vicentin, se expresó ante los diversos cuestionamientos, como la supuesta violación de la paridad e igualdad entre los acreedores.

“Sorprende que ciertos acreedores granarios minoritarios levanten este punto porque justamente la dolarización se hizo para restablecer el equilibrio de los granarios pesificados. Esta afirmación conspira contra su propio interés. Vicentin presentó una sola propuesta para todos sin recurrir a la categorización y, por tanto, no hay ninguna alteración de la igualdad de acreedores porque la misma propuesta se aplica a todos”, indicó.

Respecto a la afirmación de que la cerealera hizo esta propuesta para lograr el apoyo de los pequeños acreedores, Bougain indicó: “Esto también es erróneo, la mayoría de personas no se apoya sobre los acreedores menores a US$30.000, sino sobre la totalidad de los acreedores”.

En cuanto a que sería “abusiva”, el directivo contestó: “Eso se discutirá en la etapa procesal, oportunidad que no es esta, sino que lo será después de una eventual homologación”.

“Vicentin está vendiendo el 33% de las acciones en US$310 millones, esto significa que Renova estaría valuada en US$930 millones. Es su valuación histórica, la moneda del comercio interno en la Argentina es el dólar oficial, cualquiera que venda granos cobra en ese tipo de cambio que es el único posible en Argentina”, dijo.

Luego se refirió a la figura de estos acreedores: “No existe este fideicomiso, nunca se presentó en ningún lado. Habría que pedir que lo presenten”. Añadió: “No tiene representación, son completamente minoritarios como lo demuestran las mayorías que apoyaron la propuesta”.

Consultado sobre que la propuesta sería de “imposible cumplimiento”, expresó: “El ordenamiento jurídico argentino establece que esas medidas cautelares deben levantarse cuando el acuerdo se homologue y Vicentin confía que ese principio se va a respetar”.

“Las causas penales que traban la salida fueron entabladas por ellos mismos”, afirmó. “Si se traba la salida del concurso, también traban el cramdown”. Indicó: “La propuesta dice que se pagará tan pronto se levanten las cautelares”.

Respecto a la propuesta de cramdown, manifestó que se “necesita conseguir mayorías, si no va a quiebra”, y reflexionó: “La pregunta es: ¿el 5% le va a explicar a más del 66% qué es lo que le conviene?”