Caputo y Posse intentan destrabar US$3280 millones, pero dos temas conflictivos se colaron en la agenda

En los últimos años, cualquier ministro de Economía que asuma tiene algunos procesos que, se podrían decir, son obligatorios: jurar, asumir, nombrar sus funcionarios, llegar al Palacio de Hacienda y, luego, negociar con el Fondo Monetario Internacional (FMI) o con bonistas en default.

Este rito de iniciación para el ministro Luis Caputo empieza en estas horas, cuando se formalice el encuentro con los representantes del organismo multilateral, más allá de que durante el fin de semana hubo reuniones de los equipos técnicos. Y, como siempre sucede, los temas de agenda tienden a repetirse.

Sin embargo, dos puntos fueron ganaron espacio en el temario esta vez. El primero, la llamada deuda comercial, o más fácil, los dólares que el Banco Central le debe a los importadores para pagar las compras en el exterior que se hicieron en el último tiempo. El otro, el juicio por la expropiación de YPF, donde la Argentina, no la petrolera, está condenada y, aunque aún no se conoce el monto de la sentencia, se estima que la cifra será de varios miles de millones de dólares. Como si fuese poco, en la semana se conocerá el índice de inflación de diciembre.

Formalmente, la misión liderada por los economistas Luis Cubeddu y Ashvin Ahuja estará con Caputo y con el Jefe de Gabinete, Nicolás Posse, en las primeras horas de la semana. Los funcionarios del FMI regresaron a la Argentina en el marco del Acuerdo de Facilidades Extendidas que se firmó en la gestión de Martín Guzmán y se renegoció durante los tiempos de Sergio Massa al comando del Palacio de Hacienda.

De aquella letra, que en el Gobierno no dudan en describir como “acuerdo caído”, hay un punto que Caputo y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, lo tienen resaltado: intentar destrabar los desembolsos por US$3280 millones que quedaron pendientes de noviembre pasado, cuando la anterior gestión económica incumplió todas las metas con las que se había comprometido. Eso generó que nunca se realice a cabo la séptima revisión del acuerdo.

Pero la semana en la que se inicia el intento por hacerse de aquellos dólares pendientes no es la mejor. Sucede que el jueves pasado, el Gobierno no logró convencer al mercado sobre las bondades del recién bautizado Bono para la Reconstrucción de una Argentina Libre (Bopreal). El papel, que se diseñó para cumplir con las obligaciones que contrajo la administración de Alberto Fernández con los importadores, logró apenas un 7,6% de suscripción en la segunda licitación. Anotó, además, un número inferior a la primera, que, unos días antes, había tenido colocación de alrededor de 9%.

La herramienta tiene dos finalidades concretas y que estaban inscriptas con parte del plan de estabilización que el Gobierno tenía armado para presentar al FMI. Por un lado, calendarizar (tal el término que utilizó un negociador del staff de Caputo) una deuda heredada que, finalmente, iba a ser reprogramada a cuatro años. Por el otro, utilizarla como aspiradora masiva de pesos en poder de las empresas prontos a dolarizarse.

“La verdad es que hay que dar una explicación más. No es lo mismo mostrar número de aceptación masiva y un programa de emisión de deuda que sea aceptado por el mercado que exhibir números tan magros. No es grave, pero hay que explicar un poco más”, se sinceraba un hombre al corriente de estas reuniones. Está claro que el tema se filtró fuerte: el monto de esa deuda comercial, al menos, asciende a US$31.000 millones. Es lógico que el FMI pregunte sobre el asunto.

Horas claves en el caso YPF

El otro tema es YPF, una cuenta que por ahora no está determinada, pero que podría terminar en una contingencia de alrededor de US$16.000 millones. En estos días de reuniones entre funcionarios de la Argentina y los enviados del FMI habrá novedades fuertes. Pasado mañana vence el plazo para que el Estado, condenado en el proceso, presente garantías como para evitar que el jueves, el fondo dueño del juicio, tenga vía libre para empezar con los embargos.

“Es imposible presentar esas garantías, ya que la Argentina no las tiene ni siquiera con todas sus reservas líquidas del Banco Central. La opción de entregar las acciones de YPF como una suerte de fianza es imposible, dado que la ley de estatización impide disponer de las acciones. Con la ley ómnibus se podría, pero eso es un abstracto, ya que este plazo vence el miércoles”, dijo un abogado que tiene acceso a ese expediente, el más importante que tiene la Procuración del Tesoro que maneja Rodolfo Barra.

Sin garantías posibles, sólo queda alguna prórroga de último momento, aunque son pocas las esperanzas de que la jueza de Nueva York, Loretta Preska, acceda a algún planteo de los abogados del país.

De hecho, ya negó uno en el que se pedía aplazar este plazo motivado en que la nueva administración tenía que conocer el expediente. “Si este juicio es tan crítico como lo representa la República, uno pensaría que el nuevo Gobierno le prestaría atención inmediata”, escribió al rechazar el planteo.

En el Palacio de Hacienda reconocen que el juicio por la expropiación de la petrolera se coló fuerte en la agenda. No es para menos, regresará aquel fantasma de los holduots, los bonistas que no entraron al canje, que durante años no frenaron su ímpetu para cobrar y que, continuamente, trataban de paralizar cualquier desembolso a la Argentina y hasta llegaron a inmovilizar la Fragata Libertad. Ni el Fondo ni el Gobierno quieren repetir aquello. Pero nadie sabe cómo evitarlo.