Cómo es la arquitectura que implementó el Gobierno para abrir importaciones y liberar la economía, según un documento oficial
El Ministerio de Economía detalló todas las iniciativas que tomó esta gestión para facilitar la llegada de productos de afuera, eje de la polémica con el sector industrial, y mejorar el perfil de determinados sectores exportadores
9 minutos de lectura'
Desde el arranque del gobierno de Javier Milei hasta el mes pasado, se implementaron 138 medidas puntuales para abrir la economía y liberalizar el comercio. La mayoría de las intervenciones estuvieron orientadas a facilitar las importaciones hacia el país con el objetivo oficial de aumentar la competencia y presionar a la baja los precios, algo que desató tensiones con distintos sectores industriales.
Pero ese paquete integral de iniciativas que redefinió el comercio argentino es más amplio: aparecen reducciones parciales y totales de aranceles, cambios en licencias, la eliminación o rebaja de retenciones a las exportaciones –de manera temporal o definitiva-, la derogación de reglamentos técnicos, la simplificación administrativa (como cambios en medidas antidumping) o modificaciones institucionales tan definitivas como la eliminación de las SIRA, los polémicos permisos de importación que implementó el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner.
La información consta en un documento oficial que fue remitido a LA NACION luego de un pedido de acceso a la información elevado al Ministerio de Economía. La respuesta oficial, redactada por funcionarios que responden al secretario de Coordinación de la Producción, Pablo Lavigne, expone la arquitectura de la gestión libertaria para darle un golpe de timón al comercio con respecto a la situación heredada de la gestión anterior.
Las medidas oficiales se pusieron en práctica a través de 37 normas, entre decretos y resoluciones, algunas de las cuales generaron múltiples efectos en varios sectores de la economía, mientras otras retocaron un único régimen.
El foco estuvo puesto en la desregulación y en la apertura a productos que vienen del exterior para aumentar la competencia: 88 cambios apuntaron a las importaciones. Es el punto que suelen criticar los empresarios que producen en el país.
La normativa impactó en diferentes sectores nacionales, como la electrónica, la agroindustria, el textil, el calzado, los insumos productivos y la maquinaria, entre muchos otros, según los datos públicos a los que accedió este medio.
Se trata de información relevante luego del cierre de Fate, un caso que simbolizó la preocupación existente en varios sectores de la producción nacional. Pero también luego de las duras batallas discursivas que el presidente Javier Milei o el ministro de Economía, Luis Caputo, encararon contra Paolo Rocca, presidente de Techint, por los tubos de la India para Vaca Muerta o los empresarios del mundo textil.
Este clima enrarecido fue reflejado por el Indec, que publicó esta semana su Encuesta de Tendencia de Negocios, un relevamiento entre empresarios de la industria en la que se hacía la siguiente pregunta: “¿Cuál es el factor más importante que está limitando su capacidad para aumentar la producción?”.
Los empresarios argentinos respondieron lo siguiente: un 53,5% mencionó la demanda interna insuficiente, mientras que un 11,7% habló de la competencia de productos importados. Detrás, más lejos, aparecieron otros ítems.
Para industriales, la baja utilización de la capacidad instalada de sus plantas tiene que ver hoy con la combinación de una economía con crecimiento heterogéneo, impactada por altas tasas de interés, un ingreso disponible en el hogar menor al de noviembre de 2023 –de hecho, los ingresos reales cayeron en 2025 y acumulan una baja de varios meses-, y la competencia con el exterior, principalmente con China, que consideran “desigual”. Eso, por carga impositiva, marco laboral, costos logísticos y también financieros, entre otros ítems.
Según el Indec, en 2024 –un año de ajuste económico- las importaciones cayeron un 17,5% (excepto las de autos, que aumentaron 55,4%). Un año después, con una mejora de la actividad económica, las compras al exterior volaron 24,7%. De hecho, en 2025 se incrementaron todos los rubros, menos los combustibles y lubricantes.
Se destacaron los bienes de capital (51,3%), los de consumo (54%) y los autos (97,6%). En términos absolutos, para más precisión, en 2023 se importaron US$11.050 millones para bienes de capital (inversión), mientras que en 2025, ese monto fue de US$15.073 millones, según datos del organismo. Con relación a los bienes de consumo, en esos mismos años, se pasó de US$7940 millones a US$11.401 millones.
Hay que enmarcar esos números entre los dos últimos gobiernos en la decisión de Milei normalizar las relaciones comerciales sacando grandes capas del cepo cambiario, absorbiendo la enorme deuda que se dejó en SIRA aprobadas al valor del dólar oficial o con la eliminación del impuesto PAIS.
En el último informe del Intercambio Comercial Argentino (ICA) que difundió el Indec en enero, se observó una caída anual de las importaciones de 11,9% que respondió, según analistas, a una actividad a la que todavía le cuesta reaccionar. Sólo aumentaron las compras de bienes de consumo y autos.
La mayor competencia por los importados contuvo los precios. Sólo un caso testigo: entre 2023 y 2025, los neumáticos mostraron un aumento de sus importaciones de un 34,8%, mientras que los valores internos bajaron un 42,6%. Sin embargo, Fate vendía por valores un 30% por encima de lo que costaban los de su competencia china.
Con pocas ventas, algo similar pasó con la ropa el año pasado: la variación de ese capítulo en el índice de precios oficial del Indec fue la mitad del nivel general que marcó 2025.
“¿Sigue siendo cerrada la economía argentina?”, preguntó LA NACION a un funcionario del equipo económico. “Los aranceles que se bajaron fueron, en general, los que se habían subido de forma excepcional años atrás”, contó. Dio como ejemplo el arancel del Mercosur a los neumáticos, que es de 16%. “[Guillermo] Moreno lo había subido al 35%. Lo mismo heladeras y lavarropas”, agregó. Estos últimos habían sido incrementados en tiempos de Mauricio Macri en el poder.
Tomando el dato de importaciones de bienes y servicios como porcentaje del producto bruto interno (PBI), según cifras del Banco Mundial que llegan hasta 2024, la Argentina aparece en el combo de economías más cerradas junto con países como Sudán, Venezuela o Turkmenistán, entre otros. También están allí EE.UU., China y Brasil, pero con una escala que ofrece otro mercado interno.
Son cifras que ve el Gobierno. Dicho de otro modo: hay todavía espacio para seguir abriendo la economía, según la mirada oficial.
El cambio de modelo
Entre las medidas que usó el Gobierno para cambiar el modelo comercial se destacan las reducciones arancelarias, es decir, la baja de impuestos a la importación. El decreto 384/24 redujo aranceles en múltiples rubros, entre ellos, plásticos, heladeras, lavarropas, neumáticos para buses y camiones, herbicidas y otros bienes industriales. El decreto 908/24 amplió la reducción a nuevos rubros industriales y consolidó el 384.
A esto se sumaron los decretos 49/25 (profundiza rebajas en sectores específicos, con foco en insumos productivos); el 236/25 (introduce nuevas reducciones arancelarias en bienes intermedios y de consumo); el 333/25 (uno de los más visibles políticamente porque estableció una reducción progresiva hasta 0% en determinados bienes electrónicos, incluyendo celulares); el 513/25 (continúa con rebajas en posiciones arancelarias industriales) y, por último, el 781/25 (que amplió el universo de bienes alcanzados por reducción arancelaria).
Otro bloque está compuesto por decretos que eliminan o reducen derechos de exportación (decreto 697/24; 38/25; 305/25; 439/25; 526/25; 563/25; 682/25; 726/25; 811/25; 877/25). Algunas medidas fueron permanentes; otras tuvieron fecha de vencimiento, como la eliminación de retenciones al campo por 72 horas del año pasado.
Este último es un dato importante. Si bien la mayor parte de la energía destinada a la apertura estuvo orientada a las importaciones, el gobierno de Milei también dispuso una gran cantidad de normas -al menos 50 desde su asunción hasta enero pasado- para favorecer las exportaciones. La mayoría tuvo como objetivo favorecer al campo y a los hidrocarburos, dos pilares de la producción primaria que empuja la Casa Rosada.
También se registraron modificaciones del sistema de importaciones. Por caso, la resolución general 5466/23 sustituyó el sistema SIRA por el SEDI, lo que eliminó permisos discrecionales y licencias no automáticas. Más tarde, la resolución general conjunta 5651/25 terminó derogando totalmente el SEDI.
Las medidas antidumping, una herramienta clave del comercio exterior, también fueron modificadas. A través del decreto 33/25, se redujo su duración de cinco años renovables ilimitadamente a tres años con una posible extensión de dos años y se centraron los procedimientos en la Comisión Nacional de Comercio Exterior (CNCE). Esto implicó una “flexibilización” de la protección comercial, aunque no eliminó el instrumento, se acotó su duración, y se incorporó en la decisión el impacto en los precios que pagan los consumidores.
La facilitación del comercio -reducción de burocracia que traba importaciones- estuvo en la agenda oficial. Se eliminaron y revisaron reglamentos técnicos y certificados de conformidad (resoluciones 159/24, 156/24, 25/24, entre otras) en sectores como calzado, textil, lámparas, productos eléctricos, y también etiquetados. Se trata de cambios que impactan en el llamado costo argentino y en los tiempos de importación.
Para atraer inversiones, se modificó además el régimen de importación temporal (la resolución 32/24 extendió la validez del certificado de 5 a 10 años y flexibilizó la reposición) y, a través del RIGI y la resolución 1319/24, se modificaron auditorías y procedimientos para importar bienes destinados a grandes proyectos, lo que redujo la intervención administrativa y los tiempos.
Para explicar este avance oficial, en Casa Rosada recordaron lo que Milei dijo en su último discurso en Davos, cuando citó al jurista romano Domicio Ulpiano. “Las decisiones se toman primero en base a lo que es justo”, explicaron, y precisaron que los valores éticos y morales están, a la hora de tomar decisiones oficiales, por encima incluso de la eficiencia económica y el utilitarismo político.
“El problema es que moralmente está mal ponerte de acuerdo con un político chorro para prohibir. Esto es recortar la libertad, en este caso, de comprar algo de mejor calidad a menor precio”, afirmaron, y concluyeron que tal decisión deja consecuencias: recorte de la libertad, trato desigual ante la ley y robo de la propiedad. Así justifica el Presidente argentino el nuevo modelo comercial -más abierto- del país.
Más leídas de Economía
1Intercargo: el Gobierno lanzaría el viernes la licitación para privatizarla y podría recaudar unos US$30 millones
2“Potencial extraordinario”: invertirán US$800 millones para ampliar una mina de oro en Santa Cruz
3Medida histórica: la identificación electrónica obligatoria del ganado generó una explosión de ventas
4La plataforma adelantó la caída de Maduro y el ascenso de Trump, pero estuvo en la mira del FBI
