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¿Cuál es el riesgo del affaire Adorni para la economía?
Los casos del jefe de Gabinete, $LIBRA y la controversia sobre los créditos hipotecarios otorgados por el Banco Nación a funcionarios públicos afectan la percepción de esfuerzo compartido, esencial para que la sociedad cruce el desierto hasta la tierra prometida
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PARA LA NACIONMarcos Buscaglia
A medida que avanzaba la elección presidencial de 2023, y en especial cuando se acercó la segunda vuelta, tanto el establishment local como Wall Street parecían preferir a Sergio Massa sobre Javier Milei. Amplios sectores del establishment local se manifestaron en favor del candidato. De la misma manera, una empresa financiera argentina realizó una encuesta entre inversores institucionales de Nueva York y todos preferían a Massa, lo que verifiqué en una visita que hice a esa ciudad entre la primera y la segunda vuelta electoral. El principal motivo de la preferencia del establishment local e internacional era la gobernabilidad; veían a Milei con un carácter inestable, con un apoyo parlamentario muy débil, sin experiencia en el sector público, con un equipo muy amateur, y con falta de relaciones aceitadas con varias centrales de poder local e internacional. Este debate se daba en el contexto de una percepción compartida de que la economía argentina tenía fuertes desequilibrios y que, gane quien gane, se venía un fuerte ajuste.
En un artículo publicado en La Nación el día de la segunda vuelta electoral, 19 de noviembre de 2023, argumenté que la tesis de mayor gobernabilidad de Massa sobre Milei era exagerada, hasta el punto de hacerla equívoca. Entre otros factores, mi principal reflexión en ese momento era que a Massa le resultaría imposible ofrecer algo que Milei sí podía llegar a brindar, lo que denominé “prestaciones simbólicas” durante el ajuste. Y agregué: “El pueblo tiene que cruzar un desierto en los próximos meses y, para soportar tal esfuerzo, necesitará creer que llegará a la tierra prometida, un país en el cual no haya inflación, en el que se pueda progresar, estudiar y ahorrar sin ser asaltado o estafado. Es decir, a un país normal. En el medio del desierto hay que ir dando indicios y ofreciendo sacrificios. Una cosa es pasarla mal y que ‘la casta’ siga pasándola bien, y otra es pasarla mal pero ver que, al mismo tiempo, se atacan los privilegios corporativos que hundieron al país en las últimas décadas. ¿Puede Massa, el miembro más encumbrado del establishment que ha hecho de este un país tan anormal, proveer estas prestaciones simbólicas? Lo dudo”.
Este es, en efecto, el daño que causan el “affaire Adorni”, el caso $LIBRA y la controversia sobre los créditos hipotecarios otorgados por el Banco Nación a funcionarios públicos. Afectan la percepción de esfuerzo compartido, esencial para cruzar este desierto hasta la tierra prometida. También, en forma relacionada, afectan la percepción de que el Gobierno viene a atacar a la casta. A pesar de todos los esfuerzos desreguladores y de eliminación de quintas de la casta que impulsa el ministro Federico Sturzenegger, estos y otros “affaires” (los conocidos y los no conocidos por el público) a veces parecen sugerir que en vez de atacar a la casta, buscan reemplazarla. Así, el cruce del desierto se vuelve más difícil para los argentinos.
Antes de ir a las consecuencias macro de estos problemas, permítanme un paréntesis para sugerir una reforma que permitiría morigerar algunos de estos problemas, o de mínima convertirlos en más obvios y judicializables. En el sector privado, al menos en las multinacionales, tanto cuando un empleado se incorpora a la planta como en forma regular luego, se le pide que tome cursos de “compliance” (una palabra difícil de traducir del inglés, pero llamémosla “cumplimiento normativo”). En esos cursos, le dejan claro a cada empleado qué puede y especialmente qué no puede hacer. Qué actividades son ilegales, qué actividades tienen que ser elevadas al área de compliance para su tratamiento, y cuáles son los conflictos de interés que tiene cada puesto.
Algo similar debería implementarse en el Estado argentino, en todos sus niveles. Debería existir un área autárquica que implemente estos procesos. Si bien, como algunos dirán, ya existen agencias como la Oficina Anticorrupción y leyes que regulan las incompatibilidades, está claro que no funcionan correctamente. Esta necesidad se vuelve más acuciante cuando uno mira el origen de varios de los grupos que llegaron al poder en las últimas décadas en la Argentina. Muchos de ellos tenían una rusticidad impactante. Para los que les queden dudas, les recomiendo ver los primeros capítulos de la serie sobre Carlos Menem, o leer El Origen, el libro de Mariana Zuvic sobre las peripecias de los Kirchner en Santa Cruz o ver/escuchar los videos/audios de Javier Milei con Mauricio Novelli. Temas como compliance, conflictos de interés y otros seguramente les eran tan ajenos como el Mandarín. Son tan rústicos que dejan todos los dedos marcados cuando roban. Es más, el origen de muchos de nuestros dirigentes es tal que muy probablemente ni sepan cuándo están cometiendo un delito o incurriendo en una incompatibilidad. Una Oficina de Compliance con cursos obligatorios al entrar al Gobierno ayudaría a evitar unos pocos delitos y definir mejor las zonas grises, como lo de los créditos de los bancos públicos a empleados, y en la mayor parte de los casos haría que les cueste mucho más a los funcionarios hacerse los tontos cuando los descubren. Si el Gobierno prestara atención, se daría cuenta que le estoy ofreciendo una “salida hacia adelante” de algunos de los problemas que enfrenta.
Volviendo a la macro, el problema de estos “affaires” es que afectan dos canales fundamentales de la economía, la credibilidad y la expectativa de continuidad (o no) del nuevo modelo económico. Se insertan en el medio de los dolores de parto que generan no una, sino dos importantes transiciones que está implementando el gobierno de Milei. Estamos cruzando dos desiertos al mismo tiempo.
La primera transición es la del modelo económico, desde una economía cerrada y sobrerregulada a una economía más abierta y desregulada. Esta transición genera un proceso natural de destrucción creativa, con sectores que mueren y otros que nacen o se expanden. Se da, además, en el contexto de un sistema laboral e impositivo todavía kafkiano para los productores locales y, al igual que otros procesos de apertura en el pasado, con un peso artificialmente caro. El problema es que los sectores que se contraen, como la manufactura, son intensivos en trabajo y están ubicados en grandes distritos electorales. Mientras tanto, los sectores que deberían estar expandiéndose fuertemente lo hacen a paso lento, salvo los super rentables y que cuentan con alguna protección/ventaja adicional, como la que otorga el RIGI. Es difícil hundir capital en una inversión de largo plazo cuando no se sabe si volveremos el año que viene a tener otro episodio como el traumático 2019. Estos “affaires” pueden llegar a dañar al Gobierno en las encuestas y en las elecciones de 2027, y por lo tanto afectan hoy la inversión y la recuperación de la economía.
La segunda transición que está implementando el gobierno de Milei es la de la estabilización inflacionaria, llevando al país de una alta inflación a una inflación de un digito. Este suele ser un proceso largo y, por momentos, costoso. La experiencia internacional muestra que la primera parte de ese proceso, la de llevar la inflación de digamos más del 100% (era del 161% en noviembre de 2023) a niveles del 20% o 30% es la más fácil; se logra utilizando un ancla cambiaria. Estos regímenes logran una rápida desinflación, con una expansión económica inicial y un boom en la venta de bienes durables, al precio de una excesiva apreciación cambiaria y una recesión final.
Esto es lo que efectivamente ocurrió, sin quitarle ningún mérito a un Gobierno que además efectuó un ajuste fiscal de 5 puntos del PBI con solo un puñado de legisladores, entre abril de 2024 –pasados los dolores del ajuste inicial—y marzo de 2025. Llegado el primer trimestre de 2025, ya con la inflación en el 55%, el programa inicial estaba agotado. Había generado una fuerte apreciación del peso y un elevado déficit de cuenta corriente, en el contexto de reservas internacionales netas negativas en US$10.700 millones, más bajas que al inicio del programa. Ello llevó, en el marco de un acuerdo con el FMI que otorgó a la Argentina US$20.000 millones de financiamiento adicional, a cambiar el modelo de estabilización, de uno basado en el tipo de cambio, a uno basado en la cantidad de dinero.
La experiencia internacional muestra que estos regímenes llevan inicialmente a tener tasas de interés muy elevadas y volátiles y una recesión, bajando la inflación paulatinamente, pero son seguidas de una expansión económica al cabo de un tiempo. Los efectos iniciales son los que observamos en la Argentina a partir de marzo/abril de 2025, pero las tasas de interés fueron más volátiles y elevadas que lo usual en estos esquemas dado que el Gobierno las sacrificó en el altar de la estabilidad cambiaria para enfrentar el brutal shock dolarizador preelectoral. Así, el crédito comenzó a caer, los préstamos con atrasos volaron, y la economía comenzó a sentirse recesiva. El sector primario crece fuertemente, los servicios languidecen, y la construcción y la manufactura no levantan. La cantidad de empleos y el salario real cayeron.
Esto era en gran parte esperado dado el ancla antiinflacionario elegido, pero la inflación también debería haber seguido bajando. Aquí obraron la mala suerte y algunos defectos de implementación. El shock de la carne, que pesa cerca del 9% en la canasta de consumo y subió un 5,5% en promedio mensual entre octubre y febrero, y la aceleración de los precios de los regulados pasadas las elecciones, se sumaron a efectos inerciales derivados de nuestra historia inflacionaria y de la falta de un ancla clara para hacer que la inflación se acelere en los últimos meses en lugar de desacelerarse, como era de esperar.
Pero el desierto que implica cruzar este proceso de estabilización elegido no dura 40 años; debería llevar solo un tiempo más según marca la experiencia histórica. La inflación debería comenzar a bajar pasados los shocks regulatorios y de la carne, aunque la suba de la nafta esté retrasando este proceso, y con inflación más baja las tasas deberían poder caer aun más para que la economía se reactive. A ello se suma que los sectores beneficiados por el cambio de modelo económico deberían empezar a traccionar algo más del resto de la economía.
El problema es que, en una economía con nuestra historia, con tan pocas reservas internacionales, sin acceso al crédito internacional y con una oposición tan antediluviana, no hay un equilibrio definido, sino equilibrios múltiples. Es decir, la recuperación no está garantizada. Las expectativas de los ciudadanos son las que coordinarán si terminamos en un círculo virtuoso o uno vicioso. A falta de prestaciones materiales mientras cruzamos no uno sino dos desiertos, las prestaciones simbólicas son fundamentales para que crean que llegaremos a la tierra prometida.
