Cómo logró el Gobierno reducir a un número manejable el gran lastre de la economía desde 2003
La baja en las importaciones de gas y combustibles, sumada a una cobertura tarifaria más alta, permitió revertir un problema estructural que afectaba las cuentas públicas desde hace dos décadas
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LA NACIONSofía Diamante
Dentro de los méritos económicos que el mercado financiero le adjudica al gobierno de Javier Milei se destacan haber alcanzado el equilibrio fiscal y haber logrado una reducción significativa de la inflación. Sin embargo, el avance que más sorpresa genera —especialmente entre exfuncionarios— es la velocidad con la que se achicó el gasto en subsidios a la energía, un factor que desde 2003 fue uno de los principales lastres.
En 2014, la Argentina destinó el equivalente actual a US$21.000 millones a financiar subsidios energéticos. El gasto destinado a evitar aumentos en las tarifas de gas y electricidad representaba entonces el 3,5% del PBI. El propio gobierno de Cristina Kirchner reconoció la insostenibilidad de esa dinámica y redujo el peso de los subsidios a 3% del PBI hacia fines de 2015, cuando asumió la administración de Mauricio Macri.
El gobierno de Cambiemos mantuvo una relación traumática con las tarifas: los aumentos enfrentaron numerosos pedidos de amparo que la Corte Suprema aceptaba, y las bruscas devaluaciones dejaban rápidamente desactualizados los anuncios de subas de gas y electricidad, lo que generaba un elevado costo político. Pese a las dificultades, la gestión logró reducir el gasto en subsidios a más de la mitad, hasta 1,4% del PBI.
Durante el gobierno de Alberto Fernández, los subsidios volvieron a incrementarse en 2021 debido a la decisión reiterada de congelar las tarifas. En 2022, pese a la implementación de la segmentación por ingresos, el gasto en energía se mantuvo alto por la invasión de Rusia a Ucrania que generó un verdadero tsunami en el mercado europeo de gas y desató un fuerte aumento en los precios internacionales. Ese año, el gasto en subsidios trepó a 2,3% del PBI, aunque luego retrocedió a 1,7% hacia fines de 2023.
El actual gobierno libertario redujo la carga heredada a 1% del PBI en su primer año de gestión y proyecta cerrar este año con un nivel cercano a 0,65% del producto (US$3900 millones), según estimaciones oficiales que son compartidas por el sector privado.
Para 2026, el Ministerio de Economía prevé llevar el gasto a 0,5% del PBI mediante la modificación del esquema de segmentación (que eliminará la diferenciación por ingresos altos, medios y bajos). Incluso podría ser menor si avanza en el Congreso la propuesta para volver a la versión original del régimen de Zonas Frías y limitar los beneficios exclusivamente a las regiones contempladas inicialmente, sin las ciudades añadidas en 2021 a iniciativa del diputado Máximo Kirchner (respaldado por todo el Poder Legislativo).
Dos factores principales explican la reducción tan marcada del gasto en subsidios. Por un lado, pese a heredar una macroeconomía muy distorsionada, Milei contó con el impulso que representó la finalización del gasoducto Perito Moreno (antes denominado Néstor Kirchner), que conecta Vaca Muerta con Buenos Aires. La obra permitió reemplazar importaciones de gasoil y gas natural licuado (GNL) por producción local, más económica y que no implica un drenaje de reservas del Banco Central (BCRA).
Además de la disminución de los volúmenes importados, el precio internacional del gas también se retrajo desde el pico registrado en 2022. De acuerdo con estimaciones del consultor Daniel Gerold, las importaciones de energía entre enero y octubre cayeron 75,3% este año en comparación con 2022, lo que supone un ahorro de US$9013 millones.
Respecto de 2024, el cambio estructural derivado de la construcción del gasoducto desde la cuenca neuquina y del aumento de la producción en Vaca Muerta y en Tierra del Fuego —en este caso por la actividad offshore— generó una reducción adicional de las importaciones del 19,7% (-US$722 millones). “Solo cabe preguntarse qué ocurriría con la macroeconomía de no haberse iniciado este proceso”, señala Gerold en su informe semanal.
La baja en los costos del gas ayudó a moderar también los precios de la generación térmica, que representa más del 50% de la matriz eléctrica nacional.
Junto con el abaratamiento del sistema energético, el Gobierno implementó una política de actualización tarifaria que, a diferencia de períodos anteriores, fue en gran medida convalidada por la sociedad: hubo menos pedidos de amparo que durante la gestión de Cambiemos y, según las distribuidoras de gas y electricidad, prácticamente no aumentó la mora en el pago de facturas.
Como resultado, los usuarios residenciales pagan hoy, en promedio, el 55% del costo real del gas y la electricidad, cuando en diciembre de 2015 abonaban menos del 20%. Para el año próximo, el Gobierno proyecta elevar la cobertura residencial al 76% en electricidad y al 79% en gas. Si se incluye a los usuarios industriales y comerciales, la cobertura total es aún mayor.
En los primeros 10 meses del año, el Estado destinó US$3183 millones a subsidios energéticos, una reducción del 44% respecto del mismo período de 2024 (US$5708 millones), según cálculos de la consultora Economía y Energía (EyE).
“La caída en la incidencia de los subsidios sobre el PBI se explica, en gran medida, por la apreciación de la moneda local, que implica un aumento del PBI medido en dólares y, por lo tanto, un menor peso relativo de los subsidios”, aclara la consultora.
En síntesis, la combinación entre un cambio estructural en el abastecimiento energético —impulsado por la infraestructura de transporte de gas y el crecimiento de la producción local— y una política tarifaria más alineada con los costos permitió revertir en tiempo récord una de las distorsiones más persistentes de la economía argentina. El sendero actual muestra que la reducción del peso de los subsidios dejó de ser un objetivo postergado para convertirse en uno de los pilares centrales del reordenamiento macroeconómico.
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