Cómo se reparten los activos estatales

El lector frecuente de análisis fiscales, tanto nacionales como provinciales o municipales, seguramente coincidirá conmigo en que la mayoría de ellos se concentra en la evolución de flujos, llámese gasto público, recaudación de impuestos, resultado fiscal primario o financiero.

Respecto de los stocks, abundan los análisis de deuda, básicamente del comportamiento de su nivel, estructura y plazos.

Siendo el autor de esta columna alguien que habitualmente evalúa la situación fiscal en la línea antes mencionada, se planteó la inquietud de investigar qué sucede con la contabilización de los activos del Estado argentino y, consecuentemente, con su estado de situación patrimonial.

En función de lo recientemente ocurrido en algunos gobiernos locales, cuyas nuevas autoridades denunciaron faltantes de bienes, el breve análisis de esta nota tiene aún mayor actualidad.

Hay algunas particularidades que hay que tener en cuenta.

Mientras que en el sector privado la contabilidad patrimonial es de uso corriente y los conceptos de activo, pasivo y patrimonio neto son de relativamente fácil medición; la contabilidad pública enfrenta mayores dificultades a la hora de valuar los activos, particularmente los activos no corrientes.

Aquí vale la pena distinguir entre los bienes del estado de dominio privado y los de dominio público. Estos últimos son los que se destinan para el uso general de la sociedad y cuya propiedad el Estado no puede transmitir, ya que es imprescriptible e inembargable, como, por ejemplo, los ríos, las calles, los puentes o los parques.

Por su parte, los primeros son bienes que el Estado usa para sus operaciones (oficinas públicas por ejemplo) y sí pueden estar sujetos a la transferencia de su propiedad. A la hora de la medición, ésta es mucho más compleja en los bienes de dominio público.

Yendo al punto central de esta columna, debe mencionarse que a nivel nacional están disponibles las cuentas de inversión, las cuales pueden consultarse para los años 1993 en adelante en la página web http://www.mecon.gov.ar/hacienda/cgn/cuenta/ .

Dentro de cada cuenta pueden apreciarse los estados contables, como el balance general y el estado de evolución del patrimonio neto.

La última información patrimonial disponible es la del 31 de diciembre de 2006, lo que marca la actualidad que tiene la contabilidad.

De estos estados contables surge que el activo de la administración central del Estado nacional al 31 de diciembre de 2006 era de 194.189 millones de pesos corrientes.

De este total, un 10% corresponde a activos corrientes y el resto es activo no corriente. Entre los primeros, el rubro más relevante es disponibilidades, que básicamente muestra los saldos en cuentas bancarias operadas por la Tesorería, que incluye la cuenta única del tesoro, por 12.000 millones de pesos.

Deuda de Yacyretá

Entre los activos no corrientes, el principal rubro es créditos por 77.000 millones de pesos, dentro del cual se contabilizan cuentas a cobrar por 58.000 millones de pesos, cuya desagregación permite distinguir a los principales deudores a largo plazo del estado nacional: Entidad Binacional Yacyretá adeudaba 35.000 millones de pesos, la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) 8000 millones de pesos, mientras que las provincias completaban $ 12.700 millones de pesos por el Programa de Unificación Monetaria, sumado a los Programas de Financiamiento PFO/PAF y a los certificados de crédito fiscal.

También resultan de importancia en el activo no corriente los aportes y participaciones de capital del Estado nacional, que es una cuenta que muestra un saldo de $ 65.600 millones de pesos e integra los patrimonios netos de bancos estatales ($ 29.800 millones), organismos descentralizados ($ 17.600 millones), Universidades Nacionales ($ 3500 millones de pesos), instituciones de la seguridad social y otros entes y sociedades del Estado.

Los bienes de uso de la administración central nacional, por su parte, tenían un valor neto de amortizaciones de $ 22.900 millones, de los cuales la mitad correspondía a edificios e instalaciones y el resto se repartía entre equipamiento, terrenos y construcciones en proceso.

Seguramente, la lectura de esta información puede despertar sorpresas positivas o negativas en el lector.

Lo importante es que la disponibilidad de datos posibilita no solamente un análisis absoluto sino también uno comparativo con otros países. Por ejemplo, surge que el 12% de los activos contabilizados de la administración central del gobierno nacional son bienes de uso, relación que puede ser comparada con la de otros países, con las consideraciones apropiadas que deban hacerse.

No caben dudas de que un atributo deseable de la gestión pública en todos los niveles de gobierno es que los activos y pasivos estén adecuadamente contabilizados e inventariados. Solamente de esta manera se puede lograr un efectivo control y mantenimiento del patrimonio público.

Pautas objetivas

A nivel nacional se comenzó a desarrollar un sistema de administración de bienes a mediados de los noventa. Se establecieron pautas objetivas de valuación y amortización del patrimonio estatal.

A fines de los noventa se dispuso la tasación de los bienes propiedad del Estado Nacional, para lo cual la Contaduría General de la Nación y el Tribunal de Tasaciones de la Nación encararon un amplio proceso de relevamiento, recopilación de antecedentes documentales, que aún se sigue perfeccionando.

Es vital que la transparencia fiscal sea entendida como un concepto amplio, que no solamente quede limitada a las variables flujo y de resultados, sino que también se abra a todo lo relacionado con los stocks del Estado.

La mejora que se logra en materia de control de gestión tanto interna como externa es sustancial. El proceso de control de gestión debe finalizar en el análisis de los activos, pasivos y patrimonio neto.

A mayor desorden en la contabilidad de stocks, mayor probabilidad de desaparición o pérdida de bienes que los contribuyentes financiaron con sus impuestos.

En cualquier país, la transparencia institucional, y fiscal en particular, deben ser políticas de Estado. En un país federal como el nuestro, con un gobierno nacional, 23 provincias, una ciudad autónoma y alrededor de 2200 gobiernos locales, el desafío de articular una contabilidad que posibilite la máxima transparencia es, sin duda, enorme.

El avance que se viene dando a nivel nacional, además de seguirse perfeccionando, debiera ser acompañado con alta convicción por todas las provincias y municipios del país.El autor es director de investigaciones del Ieral de Fundación Mediterránea.

Por Por Nadin Argañaraz <br/> Para LA NACION

---

Conforme a