Competencia desleal: en el comercio, la ilegalidad permite bajar los precios a la mitad

El "bagayo", como se conoce a los contenedores cargados de mercancía de contrabando barata en el mundo del comercio exterior, arriba a puerto porteño. La mercadería, como informó LA NACION en febrero pasado, recala en grandes galpones de la ciudad de Buenos Aires. Luego, se distribuye en locales de zonas comerciales, donde participan los intermediarios. El último escalón son los manteros.

Desde allí -de manera completamente informal-, llega a manos de los consumidores. En lo que implica una competencia desleal, los precios pueden ser hasta un 50% más bajos que los que ofrecen los comerciantes que pagan sus impuestos.

Así lo estima un informe de la Cámara Argentina de Comercio (CAC) referido al costo impositivo para la actividad mercantil en la Argentina, que explicita que ésa es la ventaja comparativa que tiene un comerciante que compra sin pagar el IVA y que vende sin abonar todos los gravámenes -nacionales, provinciales y municipales- que impone el actual esquema tributario.

El documento elaborado por el equipo de economistas y analistas de la CAC indica que, para el promedio del país, un comerciante totalmente informal puede vender a valores 29,9% inferiores para obtener la misma rentabilidad que el comerciante formal, siempre suponiendo igual costo de compra.

Este porcentaje, que podría ser utilizado como una medida de la competencia desleal que afronta el comerciante formal, es menor para la provincia de Tierra del Fuego (24,96%) y más alto para Misiones y Entre Ríos (31,29 por ciento).

"La informalidad puede competir con precios mucho más bajos", critica Gabriel Molteni, economista en jefe del Observatorio de Comercio y Servicios de la CAC. "El Gobierno busca que haya precios más bajos, por lo que no se percibe que haya acciones para controlar la competencia desleal en lugares como La Salada, por ejemplo."

La presión impositiva y su relación con la competencia desleal aumentan además a lo largo del tiempo. El indicador de competencia desleal elaborado por la institución se incrementó 0,49 puntos en relación con el año pasado y 3,84 puntos si se lo compara con el inicio de la medición, a comienzos de 2011.

Pero, además, los comerciantes sufren cada vez un mayor peso de la presión impositiva. Si se calcula, por ejemplo, teniendo en cuenta la diferencia entre el monto de ventas brutas y el costo, la carga efectiva asciende hasta un 37,83% para las personas físicas o al 44,76% para las jurídicas. O sea que, en este último caso, el Estado se queda con casi 50% del margen de ganancias.

"En algunos casos, la mitad de los márgenes se los lleva el Estado. O sea que con el otro 50% hay que pagar sueldos, alquiler y otros gastos. Quizás esos márgenes deberían ser mayores", dice Molteni. "La carga es alta y quizá la mejor forma de bajar los precios sea reducir la carga y mejorar la competencia", agrega.

Si se toma el costo impositivo sobre la facturación neta, o sea, el cumplimiento de todas las obligaciones fiscales y previsionales, un comerciante unipersonal deberá aportar entre 9,47% y 12,61% anuales, de acuerdo con su facturación. En el caso de una persona jurídica, deberá destinarse alrededor de un 14 por ciento anual.

El informe de la cámara empresaria agrupa el costo laboral, el pago de autónomos, el impuesto sobre los ingresos brutos, tributos al comercio e industria de diferentes jurisdicciones, impuestos al cheque y a las ganancias.

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