Con el equilibrio fiscal como eje, el Gobierno mostró el magullón que le provocaron las urnas bonaerenses y aumentó el gasto social
Subió las partidas de áreas sensibles como jubilaciones, discapacidad, salud, universidades y educación; habrá una fuerte discusión en el Congreso
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LA NACIONDiego Cabot
Escueto y contundente, el presidente Javier Milei presentó la “ley de leyes”, un ambicioso y lejano sinónimo con el que durante años se nombraba a la Ley de Presupuesto. Ya casi nadie la recuerda así, después de varios años sin un debate de fondo sobre “la libreta de almacenero” de un Estado, en la que se anotan los ingresos y se autorizan los gastos. Esta vez, con un cambio de tono -sin descalificaciones y con un profundo énfasis en el dogma del gobierno libertario, el equilibrio en las cuentas públicas- el Gobierno se apresta a iniciar el camino legislativo de su primer presupuesto.
De eso se trata este precepto constitucional que tiene que cumplir el Poder Ejecutivo: mandar a mediados de septiembre al Congreso la previsión del destino de cada peso que entra al Estado.
Finalmente, tal como lo ha dicho centenares de veces el Presidente, envió al Congreso un presupuesto acorde con su credo: mantiene como base para todos los cálculos el orden en las cuentas públicas. Dicho de una manera coloquial, deberá haber más ingresos que gastos.
El mentado equilibrio fiscal es la fórmula sobre la que descansa el andamiaje que ahora debatirá el Congreso. La base para la aprobación de la “ley de leyes” es la convicción de que el superávit es la única receta posible para dejar atrás los padecimientos económicos de la Argentina. “Todos los experimentos posibles fueron ensayados en este país por los más variados alquimistas económicos. Durante más de 100 años fuimos el laboratorio de las teorías más descabelladas, porque decían tener la receta para poder gastar más sin consecuencias”, dijo el Presidente.
“La última vez que la Argentina tuvo superávit fiscal, sin estar en default, fue hace más de 120 años. Ningún argentino vivo experimentó jamás la Argentina que estamos construyendo”, remató.
Al igual que el que naufragó el año pasado, este esquema de gastos presenta un sistema de movilidad. Es decir, si los ingresos bajan o los gastos suben, pues habrá que ajustar las partidas a esa nueva realidad.
Lo que siguió es el corazón del cambio de postura de la Casa Rosada, el magullón que dejó el golpe de las urnas bonaerenses. En medio del debate por la microeconomía y el bolsillo de millones de argentinos, el Gobierno decidió abrir la billetera. Al menos en el proyecto, habrá más dinero para las universidades ($4,8 billones), 5% de suba para los jubilados, 17% en salud, 8% en educación y 5% para los destinatarios de una pensión por discapacidad, todos por encima de la inflación de 2026.
Para que este supuesto se materialice, pues siempre es necesario que la inflación proyectada (10,1% para 2026) termine por cumplirse. Justamente, la ficción de los números presupuestarios, producto del aumento de precios que desactualizaban las cifras, fue una de las constantes en las últimas décadas. Presentar la ley y lograr que se apruebe es un gran desafío para el oficialismo; cumplir con lo que allí se enuncia sería, en cambio, el gran hecho disruptivo de la política del siglo XXI.
De acuerdo a esas previsiones, la economía tendría una expansión de 5,4% y las exportaciones lo harían a un ritmo de 10,6%. Para los redactores del presupuesto, por caso, el tipo de cambio estaría prácticamente quieto ya que sería de $1423 en diciembre del año próximo. ¿Se trata de cálculos posibles o de una mera enunciación de deseos macroeconómicos? En poco más de un año estará la respuesta.
Sólo un ejercicio de memoria para recordar cómo se debatió en septiembre de 2022, última vez que el Parlamento aprobó una ley de Presupuesto, en el que aquellas previsiones fueron destrozadas por la realidad. Por entonces, el ministro de Economía era Sergio Massa y pronosticó una inflación de 60% para 2023. “No hay una medida que baje la inflación -dijo Massa-. Y tampoco soy mago. En los pasitos finales de mi vida política quiero hacer esto bien. La combinación de la política monetaria y la fiscal; la política de acumulación de reservas y la inversión pública y privada son las variables que permiten construir las proyecciones". En ese año de campaña electoral, finalmente, el índice de precios al consumidor terminó en 211,4%. Falló el cálculo.
Esos números de aquella Argentina distinta son los que se actualizaron en dos períodos (2024 y 2025) y que forman el presupuesto vigente. Esta vez, en el discurso por cadena nacional de Milei no hubo palabras estridentes ni agravios. Eso sí, dejó en claro que deberá negociar con los gobernadores.
Más allá de desmenuzar los números, lo que no es ajeno a nadie es qué tipo de apoyo político tiene, o tendrá, este presupuesto. “En las últimas 17 votaciones, la oposición ganó 16. El kirchnerismo, los radicales no pelucas y parte de lo que fue el bloque de Cambiemos están muy fuertes”, confió un integrante de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados.
Se abren, ahora, varias opciones. La primera de ellas es ver qué hará el oficialismo con el proyecto y qué reloj temporal le aplicará a la votación. El manual típico diría que es posible que el presidente de la Comisión, José Luis Espert, convoque al tratamiento y de esa manera, ponga en marcha el debate interno. Entonces, deberían pasar los ministros para informar el detalle de cada una de sus carteras.
Mientras este proceso sucede, los actores políticos de los grandes bloques deberían anudar la negociación con los posibles aliados para intentar aprobar la ley. ¿Cuándo? Varios de los exégetas parlamentarios del Gobierno especulan que será ya con el nuevo Congreso, es decir, a partir del 11 de diciembre.
Pero ya no toda la dinámica depende del oficialismo puesto que los ganadores de 16 de 17 de las últimas votaciones también harán su juego. Y aquí hay que estar atentos a los movimientos de ajedrez que se da en las Cámaras. Una opción que nadie descarta es que, con 129 diputados, que entregan quorum propio, la oposición pueda “emplazar” a la Comisión de Presupuesto para que trate el proyecto. Este sistema obliga al presidente de este cuerpo a poner fecha de aprobación para, luego, llevarlo al recinto. Esto podría darse antes de que se anuden los acuerdos. Se trata de una medida extrema, inédita para una ley semejante, pero que no es posible descartar.
La otra es una jugada de pinzas. Si a un posible rechazo se suma la iniciativa de modificar el sistema de aprobación de los decretos de necesidad y urgencia (se hace más difícil la ratificación), pues el Gobierno estaría en serios problemas de gestión. De hecho, los DNU han sido, y lo son, la manera de poder disponer del dinero público cuando no hay presupuesto. El día a día se complicaría.
Así las cosas, el Presupuesto 2026 empieza su camino parlamentario. Ni el oficialismo ni el kirchnerismo, del que se descuenta un “no” rotundo, pueden imponer su receta sin negociar. Ninguno de los dos es experto en el arte del diálogo. Aun así, con sus limitaciones, saldrán a la caza de los votos que les faltan. A unos, para tener legitimidad en sus gastos; a otros, para darle una actualización más a la máquina de impedir.
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