Contra el plan oficial: prolifera el intento por crear “aduanas internas” en las provincias
Misiones y Salta cobran anticipos de impuestos a camiones que ingresan a su territorio; esto genera saldos a favor que las empresas no logran recuperar; alerta por el impacto en la competitividad industrial
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LA NACIONSofía Diamante
Mientras el Gobierno presiona a las jurisdicciones provinciales y municipales para que reduzcan sus impuestos, en un intento por mejorar la competitividad local, al menos dos gobernadores avanzan en dirección contraria a esa iniciativa. Incluso han generalizado el concepto de “aduana interna”, ya que cobran un cargo cada vez que un camión ingresa a sus territorios. Se trata de los gobiernos de Misiones y Salta, que, con puestos de control fiscal a la vera de las rutas, desafían incluso los principios establecidos por la Constitución Nacional.
El 24 de abril pasado, la Dirección General de Rentas (DGR) de Salta publicó la resolución general Nº 08/2025, mediante la cual amplió el alcance del régimen de pago a cuenta obligatorio del Impuesto sobre las Actividades Económicas (ISIB) para todos aquellos que transporten bienes o mercaderías destinadas a ser comercializadas en esa provincia.
Aunque este régimen ya estaba vigente desde 2016 (resolución general N.º 12/2016), hasta ahora solo se aplicaba a productos alimenticios, como carnes, frutas y harinas. Ahora, el gobierno de Gustavo Sáenz lo extendió a todo tipo de mercaderías.
De esta forma, los camiones que ingresen a Salta tienen que presentar en el puesto de control de rutas el certificado de que se pagó la percepción. Las alícuotas van desde 2% sobre el valor de la mercadería para los contribuyentes locales, hasta el 5% para los sujetos no inscriptos.
El ministro de Economía de Salta, Roberto Dib Ashur, defendió la resolución, dijo que el trámite “dura dos minutos” y que fue un pedido de las cámaras empresariales locales para “combatir la evasión fiscal”, ya que la provincia limita con Chile, Bolivia y Paraguay, aunque el control se implementa también en los pasos fronterizos con las seis provincias vecinas.
“Esto sirve para cuidar al comerciante y al que tiene todo en regla, porque no se puede pasar la mercadería en negro”, dijo Dib Ashur a LA NACION, sobre el cobro del anticipo.
Salta adoptó este esquema impositivo de Misiones, que aplica el cargo desde 2007, cuando gobernaba Carlos Rovira. La cementera Loma Negra incluso llevó el caso a la Justicia. En 2022, la Corte Suprema le ordenó al gobierno misionero que dejara de exigir el pago del anticipo, que en este caso es sobre los Ingresos Brutos (IIBB).
LA NACION se comunicó con Loma Negra, pero la empresa prefirió no hacer declaraciones. Lo mismo ocurrió con una variedad de compañías que evitaron opinar por temor a posibles represalias. “El tema es muy sensible”, se excusaron.
“Constitucionalmente es muy polémico. No es un arancel porque es un pago a cuenta, pero en la práctica funciona como un impuesto, ya que muchas veces la alícuota es más alta que el tributo y queda un saldo a favor muy grande que no se recupera”, explica Osvaldo Giordano, presidente del Ieral de la Fundación Mediterránea, entidad dedicada al análisis de políticas económicas.
El tributarista Raúl Karaben, titular del estudio contable que lleva su apellido en Misiones, afirmó que asesora a varias empresas que enfrentan estos cargos. “Hay algunas sociedades que tienen hasta $4000 millones de saldos a favor que la Dirección de Rentas de Misiones no les devuelve”, dijo.
Misiones cobra un anticipo de 3,31% del valor de la mercadería neta de IVA, a cuenta del impuesto sobre los IIBB. Se les exige a todas las empresas extrazona y, si no lo pagan, no pueden ingresar con sus camiones a la provincia. Algunas compañías optan por enviar sus productos a Corrientes para evitar el cargo, pero las que no tienen otra alternativa trasladan el mayor costo a los precios.
“Lamentablemente, en Misiones pagamos la mercadería más cara por todos estos costos directos e indirectos derivados de la operación. Y la provincia es una de las que mayores saldos a favor tiene de IIBB por parte de los contribuyentes. Se estima algo así como 14 meses de recaudación de la provincia”, dijo Karaben.
La “aduana interna” resulta más sencilla de implementar en Misiones, dado que la provincia tiene solo dos accesos principales: las rutas 12 y 14. Esto facilita la instalación de controles fronterizos donde se cobra el anticipo de IIBB.
Una de las empresas afectadas por esta medida es Aceitera General Deheza (AGD), particularmente con su marca de aceites Natura. Ante las dificultades para ingresar su mercadería, le vende los productos a una distribuidora que atiende a los clientes en Misiones, lo que agrega un intermediario en la cadena de valor.
Contactada por LA NACION, la provincia no hizo comentarios al respecto.
“El problema es que muchas veces el pago a cuenta genera enormes saldos a favor, por lo que las empresas prefieren no vender en Misiones para evitar quedar incluidas en este registro”, explicó Gerardo Alonso Schwarz, economista jefe regional del Ieral.
Tal como les ocurre a los ahorristas que compran dólar tarjeta y se les cobra una percepción a cuenta de Ganancias —aunque no estén alcanzados por ese impuesto—, las empresas que transitan por estas provincias enfrentan una dificultad similar: tienen que afrontar un costo que se devuelve con demoras y, por efecto de la inflación, con menor valor.
La Unión Industrial Argentina (UIA) realizó en octubre pasado una encuesta entre sus asociados sobre este tema. Misiones resultó ser la provincia con mayor proporción de empresas que calificaron como “irrecuperable” el saldo a favor que mantienen con esa jurisdicción: así lo manifestaron el 47% de los consultados. Superó a Formosa (30%) y Catamarca (26,5%).
“Es una medida muy preocupante que va en contra de lo que el sector productivo necesita en este contexto marcado por problemas de competitividad. Una vez más, las provincias abusan de los regímenes de recaudación y profundizan este pago a cuenta, que incluso perjudica a sectores —como el industrial— que ya deberían estar exentos de IIBB. En el caso de las exportaciones, incluso había un consenso fiscal firmado para eso”, afirmó Agustina Briner, directora de los departamentos técnicos de la UIA.
Sobre el caso puntual de Salta, Briner advirtió que no solo afecta a la producción de alimentos esenciales, sino que ahora se amplía a otros bienes. “Si bien contempla algunas excepciones, genera mayor burocracia y limita la agilidad operativa”, concluyó.
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