Coronavirus. La Cámpora profundiza los controles de precios en sus distritos

La Cámpora, el brazo más ideologizado del kirchnerismo, comenzó a profundizar en sus distritos los controles de precios sobre los alimentos en tiempos de la pandemia del coronavirus. Uno de los ejemplos se observan en la intendencia de Mercedes, donde gobierna Juan Ignacio Ustarroz, hermano del alma del ministro del Interior, Eduardo De Pedro.

Hace menos de una semana, en esas tierras, la AFIP de Mercedes Marco del Pont ya había clausurado un supermercado por no cumplir con los Precios Máximos establecidos por el Gobierno semanas atrás, algo que se repitió en otros distritos a lo largo del país.

Sin embargo, el intendente mercedino fue más allá del libreto que entregó el Presidente. Ayer algunos distribuidores de alimentos comenzaron a recibir la orden de presentar en las próximas 48 horas una declaración jurada para informar todos los precios vigentes antes del 6 de marzo pasado. En caso de no hacerlo, la intendencia amenazó con medidas que llegan a la clausura, la inhabilitación del negocio o incluso el decomiso de los productos.

"En virtud de lo establecido en la resolución 100/2020 (NdE: Precios Máximos) de la Secretaría de Comercio Interior del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación se lo intima a que en el plazo de 48 horas confeccione Declaración Jurada informando los precios vigentes de todos los productos comercializados al 6 de marzo de 2020 bajo apercibimiento de ser pasible de las sanciones establecidas en la ley 20.680 (NdE: Ley de Abastecimiento) y ordenanza municipal de faltas 5650/03 (art. 132, parte especial) y/o darle intervención a la justicia en caso de verificarse falsedad de la declaración", afirmó la nota que recibió ayer una distribuidora de alimentos del lugar según fue informado a este medio.

"Se hace saber que el incumplimiento en la confección de dicha declaración jurada será considerado una falta grave que será apercibido según lo dispuesto en las normas antes mencionadas, con más las medidas accesorias (clausura, inhabilitación o decomiso) necesarias a fin de dar cumplimiento con lo aquí solicitado", cierra la comunicación firmada por Martín Boragno, responsable de Defensa al Consumidor de Mercedes.

Consultados por LA NACION, en la intendencia confirmaron la existencia de la nota enviada a los distribuidores y señalaron que es parte de un operativo que busca optimizar el control de precios "en toda la cadena de comercialización" durante la pandemia.

"Estamos haciendo un control de precios fuerte. Lo hace la AFIP, pero nosotros acompañamos desde la intendencia con las diferentes secretarías", contaron cerca de Ustarroz a este medio, donde recordaron la clausura, la semana pasada, de un supermercado.

Entonces, el intendente había agradecido -según los consignó HoyMercedes en su sitio- a las autoridades nacionales, sobre todo a las que conduce Marcó del Pont. "Quiero agradecer el trabajo y el profesionalismo de la AFIP que junto al municipio recorre los diferentes comercios de la ciudad constatando que no se produzcan incrementos desmedidos", dijo y agregó: "De esta manera logramos defender y cuidar el bolsillo de los mercedinos".

El supermercado cerrado está en la calle 45 y la Av.2. El medio local recalcó que la clausura era preventiva, o sea, hasta que "se retrotraigan los precios al 6 de marzo". La clausura duró sólo dos horas, hasta que los valores volvieron a ser los autorizados. De la misma manera, el medio arriesgó que los "controles sorpresa" iba a continuar en la ciudad durante los próximos días.

"A este supermercado ya habíamos venido en otra oportunidad y se les había advertido, y explicado cuál era el sentido y el alcance del programa precios máximos. Retornamos y vimos una suba excesiva de los precios lo que conllevó a esta medida drástica, la cual esperamos sea ejemplificadora", explicó el intendente de Mercedes para justificar la clausura.

En la intendencia dijeron a LA NACION que la nota enviada a los distribuidores de alimentos busca frenar "el apriete" que pueden estar sufriendo establecimientos menores, lo que implicaría una presión para que, a su vez, terminen aumentando sus precios. "Estamos haciendo un control serio a lo largo de toda la cadena", justificaron cerca de Ustarroz.

Allí agregraron además que el municipio mantiene dos o tres veces por semana reuniones con todos los sectores vinculados a la alimentación, entre los que están las grandes cadenas de abastecimiento, almacenes, los supermercados chinos, los gastronómicos y los delivery. "Nuestra idea es defender al vecino de los abusos sin perjudicar al pequeño comerciante", indicaron y recalcaron que actualmente tienen unos diez inspectores municipales.

Días atrás el Gobierno anunció los Precios Máximos, que obliga a todos los supermercados a mantener 2300 precios (más de 20.000 variedades de productos) fijos por 30 días a valores del 6 de marzo. El programa vence el 20 de este mes. Además, para afirmar el control, el oficialismo había incluido en la ley de emergencia económica un cambio para la ley de abastecimiento que le permitía incluir en las auditorías de precios a los pequeños comercios. Esta opción sería la usada por Axel Kicillof en territorio bonaerense. El fin de semana, Alberto Fernández señaló que modificaría la ley de Defensa a la Competencia para dar herramientas a los intendentes para sancionar a los pequeños comerciantes que suban los precios.

El intendente de La Cámpora, a pesar de no tener todavía algunas de estas facultades anunciadas por el Presidente, ya se adelantaron en los controles en lo más profundo de la cadena de alimentos. Incluso, en la intendencia contaron que ya existe un número de whatsapp en el que los vecinos del barrios pueden denunciar a esos comerciantes y "sus abusos".