Corrupción: Luciani y el espinoso camino que implica investigar al poder
Mientras el juicio puso de manifiesto la necesidad de que los fiscales tengan apoyo para acusar sin presiones, el Gobierno optó por denunciar una persecución y acudió a la descalificación
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LA NACIONDiego Cabot
Investigar al poder es, quizás, una de las tareas institucionales que más admiración despierta. Pero ese beneficio de pocos tiene un costo que no es posible pasar de largo: irremediablemente después de los primeros momentos donde se impone la satisfacción y el reconocimiento llegarán otros de desazón, dudas, distancia, además del difícil trance de la soledad. Sólo el tiempo y los hechos que sucedan en el proceso colocarán en su justo lugar el trabajo final de los investigadores. Mientras eso ocurra, sólo quedarán algunos, los importantes, los de verdad, los que, por cierto, son muchos menos que al inicio.
Los días del fiscal Diego Luciani cambiaron para siempre. Cuando traspase la puerta de su casa, ya nada será igual.
La Argentina no tiene ejercicio en esto de que los poderes funcionen y que la Justicia se convierta en la que repare los excesos de la política. Mucho menos que en un gobierno kirchnerista se enjuicie y se le pida prisión efectiva a la única líder de ese espacio. Literalmente, se nota que no saben qué hacer.
Por ahora, el aparato oficialista se ha manifestado con voces unánimes: persecución y proscripción. Obedientes y sumisos, los funcionarios nacionales, provinciales y municipales sumaron su nombre a comunicados que les vinieron redactados. Ni siquiera se les ha conocido valentía para el silencio ante un proceso judicial por el que pasaron 114 testigos (muchos de su propio espacio político), se resolvieron 51 planteos previos y se tomaron 130 audiencias que demandaron más de 600 horas. La obediencia uniforme, más allá de que la acusada de ser jefa de una asociación criminal, Cristina Elisabet Fernández, como se la llama en Tribunales, tuvo todas las instancias posibles para desarticular los hechos.
En ese universo no hay miradas críticas sobre “la Jefa”, y mucho menos lectura precisa de los hechos y las pruebas. Lo dijo el fiscal Luciani, ya sobre el cierre de su alegato: “Funcionarios de este gobierno se han atrevido a descalificar de manera dogmática y sin argumentaciones las investigaciones contra funcionarios y exfuncionarios acusados por graves hechos de corrupción con el único fin de menoscabar y desprestigiar al Poder Judicial”.
La Real Academia Española describe tres acepciones para la palabra dogma. La primera dice que es una “proposición tenida por cierta y como principio innegable”. La segunda, un “conjunto de creencias de carácter indiscutible y obligado para los seguidores de cualquier religión”; y la tercera, que es un “fundamento o puntos capitales de un sistema, ciencia o doctrina”. Ese vocablo, dogma, es el que usó Luciani. Y esos dogmáticos del kirchnerismo de paladar negro son los que cambiarán sus días para siempre.
Sucede que en el país en el que se denigran los hechos, el dogma pasa a ser el prisma con el que se analizan los procesos judiciales. No valen las evidencias. Y lo que es peor: si a eso se le suma la cobardía y la sumisión de la gran mayoría de la alianza gobernante, pues el dogma se impone como cristal para analizar cada situación objetiva.
Luciani transitó un alegato que empezó por la descripción general de una asociación ilícita y luego la encuadró penalmente con miles de datos y evidencias que a su juicio demuestran que se trató de una conducta pensada y ejecutada desde el vértice del poder. Ahora bien, de qué le sirve a un dogmático que se demuestre que las obras que se entregaron a Lázaro Báez sirvieron de telón de fondo para derivar dinero público a manos de un exmonotributista y que luego regresaba al patrimonio presidencial. Una más: un seguidor del nuevo dogma kichnerista que reza que Cristina Elisabet Fernández es una perseguida judicial, ¿podrá entender que se desarticularon los controles a los contratos con Báez y se pagaba, incluso, por adelantado al poderoso exconstructor?
Ese dogmatismo se mete de lleno en la vida de cualquier persona que ejerza la osadía de investigar al poder. Le pasó al fiscal Carlos Stornelli y le pasará a Diego Luciani, aunque en ambos casos sean parte de un Ministerio Público cuya única función en la investigación y la acusación, si es que hay pruebas. Ni hablar de lo que sucedió con el fiscal Alberto Nisman. El punto es que los que no profesan el dogma siempre miran desde más lejos que los que se internan en la batalla de la defensa. De ahí la soledad con la que, en abril de 2018, Stornelli se despachó ante este cronista: “¿Estás seguro de lo que vas a hacer? –preguntó con el tono de advertencia que entrega la experiencia–. Mirá que al principio todos te van a palmear la espalda, pero a los seis meses estás solo”.
El fiscal Luciani y su colega Sergio Mola entregaron todo su conocimiento jurídico y su pasión judicial para elaborar un alegato lleno de lógica procesal y patinado en hechos, documentos, testimonios y pruebas de todo tipo.
Justamente, esa es la tarea que la Constitución Nacional les entrega a los fiscales de la Nación. Podrá ser condenada o no la expresidenta, pero no es posible que se denigre desde el poder el trabajo de los acusadores. A ellos les toca esta parte en el proceso. Otros, los jueces, determinarán si esas conductas fueron delitos o no.
Sin embargo, la posición del Gobierno fue la denigración y la denuncia de persecución.
Hubo un párrafo en el que Luciani dejó el código penal de lado. “Este proceso no resultó nada fácil para el doctor Mola ni para mí, ni para este excepcional equipo de trabajo. Hemos tenido muchísimas dificultades para llegar a esta instancia”, dijo. Luego, enumeró algunos: “El papel nefasto que realizaron los acusadores del Poder Ejecutivo a partir de que la vicepresidenta CFK asumiera en 2019. La brutal campaña de desprestigio que soportamos a partir de que comenzaran los alegatos con el único fin de callarnos y debilitarnos psicológicamente”.
El tiempo empezará a correr y con él se despacharán las correrías procesales a las que acude el poder para evitar sentencias firmes. En la Argentina actual, el camino hacia la sentencia definitiva puede ser un laberinto borgiano. Luciani, como todos los que investigan al poder, tendrá que transitar ese tiempo en el que solo se puede apelar a los incondicionales, los de siempre. Y encontrar templanza y paciencia para no rendirse al juego al que incitan los dogmáticos.
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