Cuáles son los municipios que cobran una tasa que encarece 10% las tarifas de gas

La disputa entre el Ministerio de Economía y los municipios por el cobro de cargos adicionales en los servicios públicos sigue escalando. Pese a que la Secretaría de Industria y Comercio prohibió incluir en las boletas de gas percepciones ajenas al servicio, la provincia de Buenos Aires y varios municipios recurrieron a la Justicia y obtuvieron medidas cautelares. Como consecuencia, algunos usuarios de las distribuidoras Naturgy y Camuzzi reciben en sus facturas un ítem denominado “Percepciones por manda judicial”.

Se trata de una tasa municipal que encarece alrededor de un 10% el costo del gas, a la que se suma un adicional del 4% que cobra la provincia de Buenos Aires para financiar un fondo especial destinado a obras de gas, creado por la ley provincial 8474. La mención a la “manda judicial” indica que el cobro cuenta con respaldo de una resolución judicial que habilita explícitamente su inclusión en la factura.

El cargo no se aplica en todos los municipios, sino únicamente en aquellos que iniciaron acciones judiciales para solicitar la medida cautelar y declarar la resolución nacional como inconstitucional. Entre los distritos que ya cuentan con una sentencia de fondo favorable se encuentran Pilar, Moreno, Ituzaingó y Escobar. El Gobierno nacional apeló estas decisiones y el caso aguarda definición por parte de la Corte Suprema. En paralelo, existen otros municipios que aún no tienen sentencia definitiva, pero sí cautelares vigentes, como San Fernando y Malvinas Argentinas.

Los usuarios pueden ingresar a las páginas web de Camuzzi y Naturgy para realizar el trámite que les permite evitar el pago de estas percepciones provinciales y municipales. Esto es posible porque una resolución complementaria del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) prohíbe interrumpir el servicio por el no pago de esos cargos adicionales.

En septiembre del año pasado, la Secretaría de Industria y Comercio publicó la resolución 267/24, que dispuso que los conceptos incluidos en las facturas de servicios públicos deben estar única y exclusivamente vinculados al servicio prestado. En ese marco, aclaró que los tributos locales en los que el usuario es el sujeto pasivo y la distribuidora actúa solo como agente de recaudación no forman parte del costo del servicio, por lo que no corresponde su inclusión en la boleta.

Sin embargo, el 10 de julio pasado, la Sala I de la Cámara Federal de San Martín confirmó la sentencia que declaró la inconstitucionalidad de esa resolución. El fallo se originó a partir de una acción de amparo presentada por la municipalidad de Escobar, luego de que la Justicia de primera instancia rechazara el planteo del Estado nacional por falta de legitimación activa.

Previamente, en abril, el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N° 4 del Departamento Judicial de La Plata también le había dado la razón a la provincia de Buenos Aires para cobrar el adicional del 4% destinado al fondo especial para obras de gas.

Ese fondo, creado por la ley 8474, tiene como objetivo contribuir al financiamiento de inversiones en obras de gas natural, gas natural comprimido (GNC), gas licuado de petróleo (GLP) y gas natural licuado (GNL). El tributo se aplica sobre la totalidad de los usuarios residenciales de la provincia de Buenos Aires, con la excepción de los consumidores del partido de Carmen de Patagones, conforme a lo establecido en la ley N° 11.791.

Ayer, el ministro de Economía, Luis Caputo, retomó su ofensiva contra el cobro de estas tasas, que para los intendentes representan una vía adicional de recaudación, pero que para los consumidores implican un encarecimiento directo de los bienes y servicios. En ese contexto, el Ministerio lanzó el portal de Transparencia Tributaria Municipal, una herramienta que expone las diferencias de presión fiscal entre los distritos de todo el país y vuelve a poner en agenda el histórico reclamo del sector privado por reducir el denominado “costo argentino”.

Por Sofía Diamante

• Actualidad económica

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