Cuenta regresiva con el FMI en un laberinto político

Sobre llovido mojado. No por previsible la invasión militar de Rusia a Ucrania deja de alterar el tablero geopolítico mundial e impacta en los mercados de materias primas, justo cuando la Argentina está ingresando en los últimos 30 días de la cuenta regresiva para evitar un default con el Fondo Monetario Internacional que colocaría al país en el peor escenario económico y financiero.

La necesidad y urgencia del acuerdo con el FMI es una coincidencia mayoritaria en el plano político doméstico –e incluso en la sociedad–, donde se lo percibe como el mal menor frente al riesgo de que la notoria escasez de reservas del Banco Central derive en una crisis cambiaria e inflacionaria. En palabras del economista Carlos Melconian, el modesto objetivo es tratar de “estabilizar la actual inestabilidad” durante los casi dos años que restan de la gestión de Alberto Fernández.

Pero también hay una coincidencia implícita y no menos importante: nadie está dispuesto a asumir los costos políticos de apoyar el programa económico que se negocia contrarreloj con el staff del FMI. El oficialismo busca endosarlos a la oposición y viceversa, por más que el acuerdo sólo apunte a recortar los principales desequilibrios macroeconómicos de arrastre (que se traducen en mayor inflación y pobreza) y no incluya reformas orientadas a corregirlos ni a promover el crecimiento y el empleo a través de la inversión privada, que quedarán de herencia para el próximo gobierno.

De ahí que se haya ingresado en un laberinto político cuya salida aparece cada vez más complicada a medida que pasan las semanas y se acerca la fecha límite del 22 de marzo. Entonces se producirá el vencimiento de casi US$2900 millones con el FMI que el Gobierno no podrá afrontar si previamente no hay acuerdo para reestructurar hasta 2034 la deuda de US$44.500 millones. O si éste no cuenta con el respaldo del Congreso, como lo exige la “ley de sostenibilidad de la deuda pública” que a comienzos de 2021 hizo aprobar el ministro Martín Guzmán.

La principal traba son las divisiones en el propio Frente de Todos, que generan desconfianza y recelos dentro y fuera de la coalición gobernante. Lejos de cualquier discurso de unidad ficticia, ya se habían manifestado hace un mes con la intempestiva renuncia de Máximo Kirchner a la presidencia del bloque oficialista de diputados antes de conocer la letra chica y los números finos del acuerdo. Y ahora con el reclamo de la bancada de senadores para contar con el texto definitivo y debatirlo antes de pronunciarse. También con las notorias diferencias en la reacción del oficialismo ante la invasión rusa a Ucrania: descafeinada en el caso del Presidente y mucho más dura en el de Sergio Massa, frente al absoluto y complaciente silencio de Cristina Kirchner.

Otro conflicto interno latente, entre Guzmán y La Cámpora, acaba de surgir tras el reclamo del staff del FMI de subir 60% las tarifas de electricidad y gas para recortar mínimamente el gasto real en subsidios este año, que el preacuerdo prevé reducir de 2,3 a 1,7% de PBI. El ministro de Economía contraofertó 40%; o sea, el doble del aumento promedio fijado a partir de marzo (20%) por los entes reguladores manejados por la agrupación kirchnerista, que además admitió que la proyectada segmentación tarifaria en las zonas más caras del AMBA aportaría una reducción de apenas 0,08% de PBI. Para achicar daños, el secretario de Energía, Darío Martínez, invocó el mandato de AF y CFK para sostener que las tarifas aumentarán por debajo de los salarios. Pero no deja de ser un eufemismo de recorte salarial, si se considera que la pauta oficial para 2022 es de 40% y la inflación proyectada en el borrador de acuerdo que dejó trascender el Gobierno es de 38 a 48%, obviamente en orden descendente.

Este escenario conflictivo pone con la guardia en alto a la oposición de Juntos por el Cambio con mayoría en Diputados. Aunque hay coincidencias sobre la necesidad de evitar el default con el Fondo, crece la intención de no votar el acuerdo si antes no lo hace el kirchnerismo. Con pedido de reserva de identidad, un legislador opositor explica las razones. “Si el Presidente culpa a Mauricio Macri por la deuda sin reconocer el déficit fiscal que heredó y La Cámpora acusa a Guzmán de ocultar datos del acuerdo, sería absurdo que JxC vote a favor y Cristina se oponga o aparezca con alguna sorpresa, como lo sugiere su silencio desde hace dos meses”, dice.

También atribuyen el fracaso de las sesiones extraordinarias del Congreso a las internas del oficialismo y cuestionan a Alberto Fernández por su apoyo a Putin en Moscú y ofrecer a la Argentina como puerta de entrada de Rusia a América latina mientras negociaba el apoyo de Biden en el FMI. La crítica se extiende a Guzmán por haber promovido la ley de sostenibilidad e incluir todo programa de financiamiento con el organismo, sin precisar si se refiere a la autorización para el endeudamiento específico o refrendar el acuerdo que se firme, cuya negociación es prerrogativa del Poder Ejecutivo y no del Legislativo.

Esta posición jurídica, planteada por el diputado Luciano Laspina (Pro) en febrero de 2021 y reiterada en diciembre cuando el Presidente anunció el envío de un plan fiscal plurianual que nunca llegó al Congreso, fue retomada ahora por Elisa Carrió (Coalición Cívica) en términos políticos. Propuso que sólo se vote el endeudamiento para reestructurar la deuda, evitar que la Argentina caiga en default con el Fondo por primera vez en su historia y también que una estéril discusión sobre la “letra fina” del acuerdo enrede el debate legislativo y boicotee su aprobación.

Por lo pronto, la propuesta de Carrió fue desestimada por la Casa Rosada y además reabrió la discusión interna en JxC. Si bien sus legisladores están de acuerdo en dar quorum, no unificaron posiciones entre abstenerse, votar en contra o ausentarse del recinto en el previsible caso de que el oficialismo sólo apunte sus cañones contra Macri y la deuda contraída en 2018, sin hacerse cargo de lo ocurrido con la economía en los últimos dos años ni lo que puede ocurrir en los próximos dos con el acuerdo próximo a ser enviado al Congreso.

En este sentido, Laspina advirtió por Twitter que el nuevo acuerdo con el FMI dejará una “bomba fiscal” al próximo gobierno, con un déficit total de no menos de 3,4% del PBI. Según los supuestos incluidos en el borrador del programa financiero filtrado a la prensa, las necesidades brutas de emisión de deuda en moneda local subirían del equivalente a US$45.000 millones en 2021 (9,4% del PBI) a US$105.000 millones en 2024 (16,5% del PBI), asumiendo una tasa real de interés apenas positiva (2%) que podría ser peor si la economía ingresa en un “mal equilibrio” de tasas más altas. También sostiene que el acuerdo “supone” un mercado de capitales profundo y líquido dispuesto a renovar vencimientos en cualquier circunstancia, incluso en el año electoral y que a esto habrá de sumar las necesidades de financiamiento de la deuda en dólares reestructurada que comienzan a partir de 2024. “En síntesis, en el frente fiscal y de financiamiento, el acuerdo barre los problemas debajo de la pesada alfombra que recibirá el próximo gobierno” afirma.

Paralelamente, el economista Gabriel Palazzo cree que un escenario donde parte del “oficialismo opositor” se abstiene o vota a regañadientes y se logra un acuerdo con parte de la oposición solo para evitar el default con el Fondo, no lograría ninguno de los beneficios adicionales como los que podría traer un compromiso creíble de ordenamiento de las cuentas fiscales y monetarias, porque va a ser muy difícil convencer al sector privado de que las metas del acuerdo se van a cumplir.

Con este clima político y económico, habrá que esperar hasta el próximo martes, cuando Alberto Fernández hable ante la Asamblea Legislativa, para vislumbrar cómo se perfila el año 2022, con los dedos cruzados para que la jornada no sea solo un día de carnaval.