Déficit: aún con aumentos de tarifas superiores a la inflación, los subsidios subirían en 2022

Los subsidios al sector energético están en la mira de los economistas, ya que, junto con las transferencias corrientes al transporte, suman lo mismo que el déficit primario (3% del Producto Bruto Interno) y un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) incluiría, como requisito principal, un sendero de reducción del mismo.

Sin embargo, según un informe del Instituto Argentino de Energía General Mosconi, aumentar tarifas por encima de la inflación que se proyecta para el 2022 en 60% o financiar un aumento considerable de subsidios a la energía, o bien una combinación de ambos en un contexto local y de precios internacionales, les ponen un piso a los subsidios de US$10.000 millones (casi lo mismo que lo que se gastó en 2021 por US$10.500 millones) “aún con aumentos y/o segmentación de tarifas”.

El estudio plantea dos escenarios. En uno de ellos se sigue lo que establece el proyecto de presupuesto 2022, que propone tarifas que cubran el 43% del costo en electricidad y el 83% en gas natural. “Con supuestos de volúmenes de importación de gas similares a 2021 y precios del GNL y gas natural de Bolivia de US$15 y US$8 por millón de BTU, respectivamente, se pueden estimar subsidios al sector eléctrico por US$6300 millones, a Ieasa (por importación de gas) por US$ 2800 millones y finalmente el Plan Gas por US$1700 millones. El resultado es la suma de US$11.300 millones. Este escenario, que estimamos piso para el próximo año, implica un aumento del 13% con respecto a 2021 aun con los aumentos de tarifas implícitos en el presupuesto (72% en electricidad y 60% en gas)”, explicaron.

En el otro extremo, en un escenario sin aumentos de tarifas, donde no se cumplen las pautas del presupuesto y sin acuerdo con el Fondo, los subsidios se disparan a US$15.600 millones, un aumento de 56% respecto de 2021.

“Este escenario ubica al sector en una situación similar a la de 2014, cuando la demanda pagaba menos del 20% del costo de la energía y los desequilibrios requerían una urgente solución. En este escenario, la corrección de precios y tarifas se vuelve tan inevitable como severa la corrección tarifaria para el usuario”, agregaron.

La segmentación

El informe elaborado por los economistas Alejandro Einstoss y Julián Rojo también se refiere a la promesa oficial de segmentar las tarifas y postula que “difícilmente pueda solucionar las enormes distorsiones acumuladas”.

“Su implementación implicaría aumentos bien por encima de la inflación para un porcentaje menor de clientes residenciales (del 15% al 25% de los hogares), mientras que el resto de los usuarios no tendrían aumentos o deberían enfrentar aumentos menores”, apuntaron.

“La georreferencia puede ayudar, pero no alcanza, y la discriminación con base en capacidad de pago o nivel de gasto de las familias no solo implica el acceso de información a resguardo por secreto fiscal y bancario, sino que distorsiona definitivamente la relación entre el costo y el pago por el servicio energético. El Gobierno insiste en aplicar un sistema inédito que no encuadra en las buenas prácticas en la materia, que distorsiona precios y que choca con el marco normativo y regulatorio vigente, lo cual constituye una barrera legal adicional”, analiza el informe de los expertos.

Y aconsejan: “El instrumento, aunque perfectible, está disponible y espera: la tarifa social que, con criterios objetivos de inclusión y exclusión y con base en información de la Anses, focalizó subsidios en la demanda y llegó a cubrir al 25% de los usuarios eléctricos y a más del 30% de los usuarios de gas por red”.

Un informe reciente de la consultora Analytica también analizó la herramienta de segmentación de tarifas y dijo que si el Gobierno decidiera llevar todas las tarifas domiciliarias de electricidad, gas y agua a los niveles de inicios de gestión (diciembre de 2019), se requeriría un salto superior al 100%. Hacerlo de una vez y para todos implicaría 14 puntos más de inflación, ubicándola en la zona del 65% anual. “Este resultado es claramente insostenible desde lo social y pone a la economía al borde de un cambio de régimen inflacionario”, sostuvo.

En cambio, planteó que con un aumento para el 50% de las familias –que llegaría al 220% para el 10% de los hogares con mayor poder adquisitivo–, se produciría un ahorro en subsidios de 0,7% del PBI en un año y un moderado salto discreto en la tasa de inflación (+2,4% en el primer mes), para luego descender a los porcentajes previos.