Denuncia a Edesur: una receta que muestra la debilidad del Gobierno

El caso Edesur es, quizás, una de las manifestaciones más claras del fracaso en infraestructura que puede mostrar la Argentina desde la caída de la convertibilidad. Pasaron más de 20 años, y jamás se avanzó en un esquema regulatorio estable y confiable después de que aquellos firmados en los años 90 terminaran estallados cuando la ecuación “un peso es igual a un dólar” se derrumbó.

No solo eso. Muestra, también, la debilidad política de un Gobierno que no puede hacer uso de las herramientas que tiene si efectivamente quiere retirarle la concesión a la empresa.

Hace pocas horas, y tras varios días de cortes de electricidad en el área metropolitana, la Secretaría de Energía instruyó al ENRE a que presente una denuncia penal contra el directorio de Edesur por malversación, fraude en perjuicio de la administración pública y abandono de persona.

Vale la pena detenerse en la medida que decidió el Gobierno y que rememora los intentos fallidos que también hizo para estatizar Vicentin, o para lograr la nulidad del contrato en el caso de Autopistas del Sol y del Oeste. Con la arremetida contra Edesur se suma un tercer caso. Y si bien todos tiene concepciones jurídicas distintas, presentan un denominador común: la debilidad del Gobierno y la desorientación respecto de cómo resolver cuestiones concretas.

Esta vez, el camino elegido contra Edesur no puede ser más indirecto y, a la vez, más contradictorio. En principio, pues parece toda una paradoja que un Gobierno defina que sea la Justicia quien defina la conducta de una empresa, y de sus ejecutivos, cuando desde el Poder Ejecutivo tienen todas las herramientas administrativas para avanzar con la rescisión del contrato, si eso es lo que cree necesario. Algo más: la Casa Rosada, y en particular el presidente Alberto Fernández, han hecho de la denostación de la Justicia una bandera. Claro que la vara no es la misma: cuando los magistrados intervienen en temas que rozan al kirchnerismo, pues son un partido judicial. Sin embargo, cuando se necesita que resuelvan problemas ajenos, pues que se sometan a esa jurisdicción.

El punto es que el Estado es el concedente de un servicio público, y si hubiese incumplimiento, pues la botonera de su manejo tiene un panel para desconectar una concesionaria. Solo es necesaria una cosa: probar el incumplimiento contractual que motive la decisión administrativa. No solo eso. Además de ser quien otorga la concesión, maneja al regulador (la Secretaría de Energía) y al contralor (el Ente Nacional Regulador de la Electricidad). Pero no hay caso, que sea la Justicia la que decida.

Ahora bien, llegado el caso que esta descomunal maniobra de distracción que encabeza el Presidente, su secretaria de Energía, Flavia Royón, y el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) avance en la Justicia, bien podría darse el caso de que los denunciantes terminen en el banquillo de los acusados. La responsabilidad respecto de la falta de infraestructura en todos los servicios públicos, en este caso la electricidad que distribuye Edesur, es producto de una sedimentación de medidas desacertadas, corruptas, sin corto plazo e ineficientes que tomaron decenas de funcionarios, entre otro los actuales.

Dos décadas sin contratos, sin regulación, sin tarifas, sin inversión produjeron la enorme deficiencia del servicio. Apenas los tres primeros años de la presidencia de Mauricio Macri tuvieron reglas claras. Impopulares, como la suba de las tarifas, pero claras para el sector. Pero desde 2019, cuando el propio Macri congeló los precios, el deterioro de la ecuación financiera de las compañías y la caída de la inversión produjeron un coctel imparable. Era necesario calor para desnudar la ineficiencia del estado regulador. Y llegó. En un par de meses aparecerá el frío. Y se volverá a producir la crisis.

Hace poco más de 30 años, la Argentina decidió partir en siete una de las empresas públicas eléctricas más grandes del mundo: Segba (Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires). Esa firma, que manejaba la generación, el transporte y la distribución, se desmembró y se convirtió en una de las primeras privatizaciones. En 1992, la última parte del cable, la distribución, se dividió en tres y entonces nacieron Edenor, Edesur y Edelap.

Las tres fueron las únicas que quedaron bajo el ala regulatoria de la Nación hasta que, en 2011, Edelap se provincializó. Desde hace 30 años, Edenor y Edesur caminan juntas. Hoy, con cortes en el suministro de alrededor del 0,3% de sus clientes, una está al margen de cualquier disputa y usada como ejemplo, mientras que la otra quedó en el medio de una fuerte polémica, con amenazas de estatización, multas y sanciones.

La pregunta que surge es qué pasó y cómo fue que ambas compañías caminaron por distintos caminos pese a tener la misma regulación y un similar cuadro tarifario. Las respuestas son varias, pero esencialmente se resumen en tres: una herencia de Segba muy distinta, un entramado urbano diferente y dos culturas empresarias que no se parecieron jamás.

Ahora bien, ¿qué tan distintas son? Edenor tiene un área de concesión de 4637 kilómetros cuadrados (18 municipios de la zona Oeste y Norte del gran Buenos Aires, además de un tercio de la Ciudad de Buenos Aires) donde viven algo más de 9 millones de habitantes. En ese territorio están instalados 3.320.748 medidores que son manejados y controlados por 4776 empleados.

Su prima hermana, Edesur, es algo más pequeña. Y quizás en la mirada de los números finos esté el principio de la explicación. La distribuidora se extiende en un territorio de 3309 kilómetros cuadrados donde hay 2.678.916 clientes. Claro que en esa área de la concesión viven más de 10 millones de personas que habitan 12 municipios (la mayoría de la zona sur del Gran Buenos Aires). También bajo la concesión de la compañía, donde trabajan 3500 empleados, se sirve a dos tercios del territorio porteño, todo el sur y el oeste de la CABA. De esta primera comparación surge algo: menor territorio y mayor densidad de población.

Pero tres fuentes que conocen el sector y que fueron o son funcionarios de esas compañías contaron que hay algunas diferencias de origen que determinaron la situación actual. “La red de la zona sur que heredó Edesur es mucho más vieja. No se puede comparar Barracas, La Boca o Parque Patricios con Núñez, Belgrano o Palermo. Las instalaciones de estos barrios del norte porteño son mucho más nuevas que las del sur. Tampoco es comparable el corredor norte del conurbano bonaerense con el sur. Son totalmente distintos. Solo se podría comparar una parte del oeste de la provincia que sirve Edenor con el territorio de Edesur”, dijo un exdirectivo del área técnica de la empresa consultado por LA NACION.

Pero los memoriosos de la privatización no pasan por alto los inicios de la “cultura corporativa” de las dos empresas, cuando parte de la estructura de Segba pasó a integrar los recursos humanos de las dos distribuidoras. Entonces, Edesur era propiedad de una empresa chilena que tenía el control y el management, además de contar con algunos accionistas minoritarios como Perez Companc. Aunque había varios inversores, la gestión y la mayoría accionaria era de Enersis, que puso a la gerencia. “Eran buenos en la gestión, pero ese management chileno que imprimió el carácter a la compañía no tenía como prioridad la mejora del servicio; no era el principal foco”, recordó un exejecutivo de una empresa colega. Otro, un técnico que pasó por Edesur que luego formó parte de algún gabinete energético, dijo que el objetivo central de entonces fue disminuir las pérdidas por robo de energía. “En aquel momento hubo un foco muy fuerte en limitar la electricidad que se tomaba de la red sin pagar. Para ilustrarlo –dijo-, el 26% de la energía que se consumía en el territorio de la concesión se robaba”. Esa decisión generó inmediatamente una enorme mejora en la caja, ya que los ingresos subieron.

Del otro lado, el primo del norte inició su vida corporativa con gestión europea. Un consorcio integrado por Électricité de France (Francia), que era la controlante, y Endesa (España). Un exsecretario de Energía contaba que con una red más joven y sin el crónico problema del robo de electricidad, en aquellos tiempos de uno a uno y con una ecuación económica financiera sana, se mejoró la red. “La identidad corporativa de cada una empezó de manera muy diferente”, dice.

Aquellos años donde un peso era lo mismo que un dólar, la tarifa remuneraba las inversiones y aseguraba una buena ganancia, empezó a complicarse a poco de andar. El proyecto de la re-reelección de Carlos Menem llevó a que algunos aumentos tarifarios se postergasen. Pero, así y todo, para 1999, los números eran azules.

En febrero de aquel año llegó un evento que se convirtió en un hito para el sector. A las 3.47 del domingo 16, una porción enorme de la ciudad de Buenos Aires se quedó a oscuras. “El incendio ocurrido en la Subestación Azopardo derivó en una interrupción del suministro eléctrico que afectó durante las primeras horas a más de ciento 150.000 usuarios y se extendió –en un número menor– a lo largo de 11 días”, dice el informe anual que presentó el ENRE entonces.

El organismo regulador no multó a la empresa, a diferencia de ahora, sino que la obligó a pagar por los problemas ocasionados a los usuarios con dinero en efectivo. Se decidió que cada hora sin suministro se debía compensar con 3,75 pesos. Así, hubo clientes que recibieron indemnizaciones en efectivo, de hasta alrededor de 1000 dólares.

A partir de ese momento, los tiempos cambiaron para Edesur. El grupo chileno salió de la compañía y Endesa, la española que también era socia de los franceses en Edenor, decidió comprar la porción accionaria y tomar el control. Finalmente, el grupo europeo salió de la distribuidora del norte, obligado a desinvertir, y se quedó en el sur.

Dos años más tarde cayó la convertibilidad y aquel esquema nunca se recuperó. Desde entonces, el destino corporativo de una y de otra se separó aún más. Una quedó en manos españolas; la otra, después de la salida de Électricité de France, en poder de un grupo empresario comandado por Marcelo Mindlin, dueño de Pampa Energía.

Ya sin convertibilidad y con la tarifa congelada (recién hubo un aumento en 2014 después de años de permanecer sin cambios) aquellos problemas de infraestructura no se pudieron revertir. Sólo en la gestión de Juan José Aranguren en el gobierno de Mauricio Macri, y después de los aumentos tarifarios, se frenó el declino de inversiones.

“No es lo mismo tener la decisión en el piso de arriba que al otro lado del océano. Además, no es necesario explicar la Argentina”, resumió un ejecutivo de una de las dos empresas. Se refería, claro, a la idiosincrasia del empresario argentino respecto de sus colegas corporativos europeos. Sin tarifas, con una lógica distinta, y con un parque de infraestructura en distintas condiciones, aquellas falencias de origen no se revirtieron. Además, como dice una norma básica de la economía, o se ajusta por precio o por cantidad. Con electricidad barata, subió la demanda. Y con el precio congelado, pues la inversión no logró acompañar la expansión.

Actualmente, Edesur aún está en manos europeas, aunque una fusión entre la italiana ENEL y la española Endesa, determinó que el control de la compañía local lo tome la primera. Edenor se hizo más local. Mindlin vendió y la distribuidora pasó a ser propiedad de un grupo empresario comandado por Daniel Vila, José Luis Manzano y Mauricio Filiberti.

Cuando se miran los números hay diferencias. De acuerdo a los datos que surgen del “Décimo informe Semestral de Desempeño” que elabora el ENRE, en el caso de Edenor la frecuencia media de interrupción por usuario en el semestre que transcurrió desde marzo a agosto de 2022 (último disponible) fue de 1,86, “cifra inferior al parámetro de 2,76″ que está regulado como máximo. “La duración total de interrupción en el semestre –4,67 horas– es inferior al objetivo de 5,38 horas. La frecuencia media de interrupción por usuario fue de 1,99 en el semestre, el indicador figura por debajo del límite contemplado y la duración total de interrupción fue de 5,75 horas, indicador por encima del límite contemplado”, detalla el documento al que accedió LA NACION.

Para el caso de Edesur, la frecuencia media de interrupción por usuario fue de 2,33 (el parámetro tolerado es 2,14) y la duración total de interrupción semestral –6,56 horas– figura por encima del objetivo considerado de 4,12. “Considerando la totalidad de interrupciones ocurridas en el semestre, la frecuencia media de interrupción por usuario fue de 2,60 en el semestre y la duración total de interrupción en el semestre fue de 6,93 horas, ambos por encima del límite objetivo contemplado”, agrega.

A poco más de 30 años de haber sido creadas, Edenor y Edesur comparten el mismo “techo” regulatorio. Pero solo eso. La distribuidora del sur se ha convertido en un blanco fácil del Gobierno. Y aunque hubiese un día que haya cortes similares y problemas calcados, el chirlo llegará para la que está en manos italianas. Algo así como refrendar un dicho popular: “Hazte fama y échate a dormir”.

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