Deuda. La estrategia de los acreedores que pueden complicar el futuro de la economía

Sofía Diamante
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20 de abril de 2020  • 13:14

Casi de forma coordinada, los tres principales grupos de tenedores de bonos argentinos manifestaron hoy su rechazo ante la propuesta de canje presentada la semana pasada por el ministro de Economía, Martín Guzmán. Cada comité representa un porcentaje importante de deuda y eso hace que negociar con cada uno sea de suma importancia, ya que con que solo uno rechace la oferta, el país podría terminar en default.

Esto es así porque la mayoría de los bonos fueron emitidos bajo cláusulas de acción colectiva (CAC), que señalan que si se llega a un entendimiento con entre el 60 y el 75% de los tenedores de bonos (difiere según el título), el resto de los acreedores deben aceptar la oferta presentada. Caso contrario, si entre el 25 y 40% no acepta la propuesta, no hay canje posible. Al mismo tiempo, si se entra en default con un bono, el cese de pagos es extensible al resto de los títulos.

La Argentina busca reestructurar 21 bonos emitidos bajo ley extranjera por US$66.238 millones, de los cuales 17 de ellos es deuda contraída en los últimos cuatro años (US$41.548 millones), según datos de la Secretaría de Finanzas. Este año, vencen de ese total US$4500 millones, que el Gobierno podría ahorrarse si logra un acuerdo con los tres grupos en el transcurso de las próximas semanas.

Las negociaciones con los acreedores se aceleró en los últimos días, ya que la Argentina enfrenta el primer vencimiento grande de US$503 millones bajo ley extranjera pasado mañana. El Gobierno tiene 30 días de gracia para cancelarlo, hasta el 22 de mayo. En caso de no pagar y de no llegar a un acuerdo con los bonistas, el país entraría en default.

La primera propuesta de canje -y única, según las primeras declaraciones de Guzmán- fue rechazada de forma unánime por los tres comités, que criticaron que el Gobierno no haya tenido en cuenta sus opiniones y que, por lo tanto, presentó una oferta unilateral. Los comunicados se emitieron en menos de 72 horas de que el Gobierno haya hecho oficial su oferta.

Los tres grupos de acreedores

El grupo más importante de acreedores está compuesto por los grandes fondos de inversión Alliance Bernstein, Amundi, Ashmore Group, BlackRock, BlueBay, Fidelity, T. Rowe Price, Western Asset Management Company y Wellington Management Company. El grupo está asesorado por el estudio legal White & Case, con sede en Nueva York.

Este comité posee más del 25% de los bonos emitidos posterior a 2016 (US$10.387 millones) y más del 15% de los bonos de "intercambio" (US$3700 millones), que son los surgidos de las reestructuraciones de 2005 y 2010. En total son US$14.000 millones de los US$66.238 millones que el país busca negociar.

En su comunicado, coincidieron en que "el Gobierno necesita tiempo para implementar sus iniciativas fiscales para restaurar la estabilidad de la economía", y que para ello le ofrecieron diferir los vencimientos de corto plazo. Sin embargo, señalaron que la propuesta de Guzmán "busca colocar una parte desproporcionada de los esfuerzos de ajuste a largo plazo sobre los hombros de los tenedores de bonos internacionales".

Un segundo grupo está compuesto por veinte fondos de inversión liderados por Monarch, HBK Capital Management, Cyrus Capital Partners LP y VR Capital Group Ltd. El vocero de este comité es Dennis Hranitzky, flamante abogado del estudio Quinn Emanuel & Sullivan y un viejo conocido de la Argentina, ya que representó al fondo NML Capital de Paul Singer en la disputa legal que incluyó el embargo de la Fragata Libertad en Ghana.

Hranitzky había logrado en su momento que un tribunal de los Estados Unidos indicara en su fallo que los bancos centrales son el alter ego de un estado, permitiendo así el primer embargo de activos en el Banco de Pagos Internacionales en Basilea, el arresto de la Fragata Libertad y una orden judicial que prohibía a la Argentina pagar los vencimientos de sus bonos reestructurados sin antes pagarle al grupo que no había entrado en el canje y estaba demandando al país. Eso implicó que la Argentina entre en un "default selectivo" en 2014.

Este grupo posee, en conjunto, más de US$4000 millones de capital, que equivale a más del 16% de los US$24.690 millones que representan los bonos reestructurados en 2005 y 2010. El comité indicó hoy que sus opiniones "no se han tenido en cuenta en la oferta de canje anunciada". "En lugar de seguir un curso de compromiso constructivo, la Argentina ha optado por hacer una oferta unilateral. La propuesta no representa el resultado de las negociaciones de buena fe, por lo que el grupo la considera inaceptable y no tiene intención de apoyarla", indicaron.

Finalmente, el último grupo de acreedores representa alrededor del 8% del total (US$5300 millones) y está compuesto por compañías de seguros, oficinas familiares, fondos comunes de inversión y administradores de carteras. Según indicó el comité asesorado financieramente por UBS Securities LLC y Mens Sana Advisors, "están dispuestos a hacer una contribución equitativa a través de una concesión sustancial en las obligaciones durante el período que sea necesario para la implementación de políticas económicas" e "invitan a la Argentina a abandonar el camino unilateral y comenzar una verdadera negociación".

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