Canje. Según los expertos, la baja aceptación pone presión al Gobierno para mejorar la oferta

El ministro Martín Guzmán tiene diez días más de plazo para llegar a un acuerdo con los bonistas
El ministro Martín Guzmán tiene diez días más de plazo para llegar a un acuerdo con los bonistas Fuente: LA NACION - Crédito: Silvana Colombo
Francisco Jueguen
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12 de mayo de 2020  • 18:15

La metáfora futbolística suele ayudar a comprender hasta los temas más áridos. Así, la renegociación de la deuda pública ya entró en una fase de eliminatorias directas de 180 minutos o dos partidos, en la que el primero fue una derrota argentina.

"Si venís de una derrota abrumadora seguro que estás más débil y tu oponente, más fuerte, vas a tener que ceder más para lograr el mismo objetivo", graficó un especialista local. "Lo curioso es que el Gobierno trata de disuadir a los acreedores con apoyos de actores y futbolistas", ironizó el experto, que aconsejó que el Gobierno pida más tiempo para negociar y proponer, principalmente a los grandes fondos de inversión, una nueva oferta de canje.

Para su pares, especialistas consultados por LA NACION, la baja adhesión a la primera oferta que realizó la Argentina -cercana al 13% de los acreedores, según fuentes de mercado- le pone presión al Ministerio de Economía para mejorar la propuesta, incluso por encima de lo que hubieran preferido previamente y con un margen más estrecho de tiempo: sólo diez días.

"La primera pregunta era si la oferta era llave en mano o era para negociar. Ahora sabemos que era para negociar", contaron en un importante banco extranjero con fuerte participación local. "La pregunta que se está haciendo el mercado hoy es cuánto están dispuesto a negociar las partes", precisaron en la entidad, en la que creen que el Gobierno y los acreedores no están lejos de acordar.

"La diferencia es de 8 o 10 dólares, que no es mucho. Son como 15 días de cuarentena de la economía", compararon. "El problema es que Guzmán se pasó de rosca con el desierto al comienzo. No hay incentivo para atraer al bonista que no va a cobrar nada por cuatro años y decirle que no se quede con su título en la mano para litigar en Nueva York contra el Estado", precisaron sobre el período de gracia y el devengamiento de intereses. "Hay que desarticular eso. Dar una zanahoria. La propuesta está bien, pero faltó picardía en el diseño", creen allí.

El Gobierno dio pistas de que deberá ceder. El fin de semana, Martín Guzmán y su equipo mantuvieron reuniones virtuales con los principales fondos de inversión con tenencias de bonos argentinos bajo legislación extranjera. Allí estuvieron Blackrock, Gramercy, Templeton, Pimco, entre otros. Ellos son los que, según admitió el propio Guzmán, no aceptaron la propuesta.

"Hay chance de que sea posible profundizar el entendimiento con los acreedores para poder resolver esta situación de crisis de deuda que no beneficia a nadie", dijo ayer Guzmán a LA NACION, tras extender la oferta argentina hasta el 22 de este mes a través de un documento presentado en la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés). Por no haber pagado los intereses de los bonos globales, si no paga o no llega a un acuerdo, ese día la Argentina ingresaría en su novena cesación de pagos luego del mes de gracia que prevé el contrato.

El presidente Alberto Fernández dijo en una entrevista anoche: "Esto es lo que creemos que la Argentina puede pagar de aquí en adelante. No sé cual es la contrapropuesta. Si hay una contrapropuesta, veamos de qué se trata. Nosotros no somos unos necios que nos importa llevar al país al default. No somos unos irresponsables que nos vamos a comprometer a pagar lo que no podemos cumplir". Sin embargo, el propio Ministerio de Economía había sido "flexible" ayer por la tarde en un comunicado oficial. Allí se mostró dispuesto a modificar tasas de interés, reducción de capital, períodos de gracia y extensión de vencimientos.

"El hecho de que la aceptación haya sido baja le pone más presión al Gobierno para mejorar la oferta", indicó a LA NACION el director de Econviews y exsecretario de Finanzas, Miguel Kiguel, que desde hace semanas viene recomendando al Ministerio de Economía que impulse un "standstill" -un período de tiempo acordado con los acreedores para seguir negociando- justificado en la pandemia de coronavirus global, con el objetivo de afinar el lápiz y lograr más adhesión.

"Se debilitó el equipo negociador. Creo que es posible un acuerdo razonable si se hacen puntos validos profesionalmente", afirmó Daniel Artana, director de FIEL a este medio. "Un acuerdo favorable para el país es posible si la oferta del Gobierno mejora de 20 a 25% en valor presente", calculó el economista, sobre uno de los reclamos que plantean los acreedores.

"Algo que se habría arreglado con 43 dólares de valor presente neto, contra los 33 que presentó el Gobierno, ahora puede costar 50 dólares, si es que hay arreglo", señaló Jorge Vasconcelos, economista del Ieral, que afirmó que "la respuesta del mercado esta semana refleja que existe la expectativa de que el Gobierno cambie el foco" en su oferta.

"El tema de alivio en el flujo anual de pagos ya está aceptado por todo el mundo. El Gobierno tiene que mostrar en qué escenario cree que la economía se va a recuperar de mejor forma. Pagando menos, pero pagando. O no pagando y sufriendo sangrías en el mercado cambiario, las reservas internacionales y el crédito comercial al sector privado", señaló.

La nueva situación en la que ingresó la negociación fue implícitamente aceptada por el Gobierno. No sólo se mostró "flexible" a escuchar una "contrapropuesta", sino que el equipo de Guzmán -avalado por la prórroga ante la SEC- decidió no transparentar el nivel de adhesión, una información que los negociadores oficiales debían haber publicado el viernes. El pensamiento reinante allí, según supo LA NACION, es claro: qué sentido tendría exponer un número "pobre" cuando todavía quedan 90 minutos para dar vuelta el resultado.

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