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Diez años más en Loma de la Lata
La compañía logró extender la concesión
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Repsol YPF pudo festejar ayer el éxito de la estrategia de seducción desplegada desde principios de año para extender por una década su derecho a explotar el yacimiento de gas más grande del país. En tiempos de magros ingresos fiscales, los US$ 300 millones que recibirá el Estado nacional terminaron de convencer al gobierno de Fernando de la Rúa sobre la conveniencia del acuerdo. La provincia de Neuquén, donde se encuentra el yacimiento, recibirá en tanto el 5% de las ganancias generadas por su explotación durante los diez años de prórroga de la concesión. Ese monto se sumará el 12% que corresponde al Estado provincial en concepto de regalías petroleras.
El anuncio de la firma del acuerdo definitivo, que se concretará esta semana, estuvo a cargo del gobernador de Neuquén, Jorge Sobisch, y del presidente de Repsol YPF, Alfonso Cortina, de visita en Buenos Aires. Los dos protagonizaron la conferencia de prensa que se realizó en el Hotel Alvear.
"Lo nuevo es que la provincia percibirá un 5 por ciento de las ganancias que se obtengan de la explotación, durante el período de la extensión (2017-2027), además del 12 por ciento de las correspondientes regalías", adelantó Sobisch.
El acuerdo, que fue cerrado anoche con el ministro de Economía, José Luis Machinea, será rubricado la semana próxima por el mandatario provincial, funcionarios del Palacio de Hacienda y por el CEO de YPF, José María Ranero Díaz, aunque todavía no fueron precisados el lugar ni la hora del encuentro.
"Quedamos con el ministro para el martes o el miércoles, a más tardar. Está todo terminado, falta un solo paso que es el análisis legal, que siempre debe hacerse", comentó el gobernador.
Tras varios meses de negociaciones, que incluyeron la amenaza de Repsol de llevar las inversiones destinadas a Loma de la Lata a otro país, Cortina no ocultó su satisfacción por el resultado. "Finalmente se llegó a un acuerdo -dijo el empresario-. Vamos a pagar al gobierno central US$ 300 millones, 80 este año, 100 el próximo y 120 millones dentro de 24 meses."
El canon a pagar al Estado nacional por la ampliación de la concesión fue calculado en torno de un barril de crudo de US$19,5 dólares. Ayer, el tipo West Texas Intermediate (WTI), utilizado como referencia en las operaciones locales, cerró a US$ 32 por barril.
La compañía se comprometió, además, a concretar inversiones en el yacimiento por US$ 3500 millones hasta el 2005 y por US$8000 millones hasta el 2007, cuando vence la concesión original.
Cuando se iniciaron las negociaciones, Repsol YPF rechazó la propuesta del gobierno argentino de pagar US$ 300 millones en efectivo por la extensión de la concesión. La petrolera española consideraba que el precio justo era de US$ 200 millones.
Pero el potencial del yacimiento y las fuertes críticas sobre el acuerdo -que se adelanta en 17 años al final de la concesión original- convencieron a los españoles de aceptar la exigencia del Gobierno. Loma de la Lata tiene reservas comprobadas que superan los 155.000 millones de metros cúbicos de gas. En gran parte gracias a su enorme riqueza, Neuquén produce el 55% del gas de toda la Argentina.
La extensión de la concesión fue duramente criticada por las fuerzas de oposición de la provincia y en especial por la senadora Silvia Sapag, quien incluso llegó a cuestionar el lobby ejercido por la empresa para alcanzar el acuerdo.
En materia de concesión de áreas petroleras, es el Estado nacional el que tiene la última palabra. Es que si bien la reforma constitucional de 1994 transfirió de la Nación a las provincias la propiedad de los recursos del subsuelo, aún falta una ley federal de hidrocarburos que lo reglamente.
Fue precisamente el último tratamiento de un proyecto de ley para el sector petrolero el que puso la lupa sobre los detalles del acuerdo con Repsol YPF sobre Loma de la Lata.
Según denunció Sapag (que, como Sobisch, pertenece al Movimiento Popular Neuquino, pero está enfrentada con el gobernador), su colega Emilio Cantarero (PJ) le ofreció dinero a cambio de votar en favor de una ley de hidrocarburos que beneficiaba la posición de las petroleras a la hora de negociar el contrato de concesión de un yacimiento.
Según la norma actual, las petroleras pueden pedir una prórroga de la explotación hasta seis meses antes de la finalización del contrato vigente, sin fijar con cuánta antelación puede iniciarse el trámite. El proyecto impulsado por Cantarero, en cambio, establecía claramente que "la respectiva solicitud podrá presentarse a partir de que se cumplan diez años de la fecha de inicio de la concesión".
El proyecto daba entonces a las compañías un margen de tiempo mucho mayor para negociar su permanencia en un yacimiento. Desde el mismo sector petrolero, algunas empresas critican la extensión de una concesión con tanta anticipación, ya que resulta imposible controlar la calidad de la explotación y el estado en el que se encuentra el yacimiento.
Regalías sin definición
En cuanto a las regalías, la actual ley de hidrocarburos establece una tasa del 12 por ciento sobre el valor de lo extraído del subsuelo. El proyecto de ley establecía que el monto podía ser negociado entre las petroleras y cada provincia para cada concesión.
Pero como explicaron muchos críticos de la iniciativa, se trataría de una negociación muy desigual. Dos datos: Repsol tiene una facturación anual de US$ 27.000 millones, mientras que los ingresos anuales de Neuquén, una de las provincias con mayor riqueza petrolera del país, apenas alcanzan los US$ 1100 millones.
Con las denuncias de Sapag y el escándalo provocado en el Senado, que se sumó a las sospechas sobre la sanción de la ley de reforma laboral, el proyecto quedó en la nada y la oposición al acuerdo sobre Loma de la Lata aumentó. Pero Cortina no se mostró preocupado por las críticas. "Nosotros no jugamos ningún papel político, somos un operador económico que hemos contratado con quien debemos hacerlo, el gobierno de Neuquén y el gobierno nacional", respondió Cortina durante la conferencia de prensa, en la que llamativamente no participó ningún integrante del gobierno nacional.
En ese sentido, Sobisch admitió que "hay una oposición en el Senado, pero no es mayoritaria, y en segundo lugar, nada tiene que ver este convenio en el Senado".
El gobernador relató: "Insistentemente, algunos sectores que se opusieron quieren hacer creer que este contrato se define en el Senado, y este contrato no se define ni en el Senado ni en Diputados".
El gobernador explicó: "Este es un contrato preexistente que firmó el gobierno nacional con la ex YPF (las concesiones tienen una duración de 25 años) y que cuando se vendió la empresa, se lo transfirió. De modo que aquí lo que se hizo fue respetar la seguridad jurídica".
El mandatario aprovechó la oportunidad para responsabilizar a los legisladores por no haber sancionado una nueva ley de hidrocarburos, "algo en lo que no tienen que ver Neuquén ni Repsol". Sobisch dijo que en el encuentro ratificó lo firmado en Madrid, en junio, con ventajas adicionales para el gobierno nacional: "Creo que este acuerdo abre un marco y un desarrollo de negocios en la Argentina con las empresas que trabajan en el sector energético de proporciones muy importantes".
En tanto, los directivos de la empresa ratificaron una inversión de 6500 millones de dólares en el país para los próximos cinco años, y en el caso concreto de Loma la Lata vaticinaron un incremento del empleo por mayor actividad.
"Hay mas inversión y existe un ratio de mano de obra empleada-inversión que no puede ser absorbida por la tecnología", afirmó Cortina.
Remon Gil, directivo de la empresa, agregó: "Cada equipo que se instala es mano de obra directa, porque la tecnología de tierra no ha progresado".
"Estamos hablando de una inversión de US$400 millones por año de modo regular para Loma de la Lata que llevaremos a US$ 650 millones por año, lo que implicará aumentar el empleo en un 60%, y no hay tecnología que absorba eso", concluyó Gil.
