Diferencias de política con el mundo
Ricardo López Murphy Para LA NACION
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La crisis mundial que se desató hacia el último trimestre de 2008 y primero de 2009, que fue una suerte de infarto, generó en el mundo la necesidad de aplicar políticas de carácter compensatorio, tanto de orden monetario como de orden fiscal.
En política monetaria, la medida fue ampliar extraordinariamente la base monetaria para compensar la fuerte desintermediación y la iliquidez asociada al pánico bancario.
En materia fiscal, la estrategia fue dejar operar los estabilizadores automáticos, esto es, la caída de recaudación debido al menor nivel de actividad económica y el aumento de erogaciones por medio de los pagos de transferencias por el aumento de los seguros de desempleo.
En una medida menor, se establecieron políticas fiscales adicionales a la estabilización automática, que son las que, en general, han resultado más cuestionadas.
En el caso de la Argentina, se ha usado mucho la excusa de ser similares al resto del mundo. El resto de los países tenían que ocupar un bache deflacionario y recesivo producido por un aumento muy fuerte del ahorro a nivel mundial y de una caída estrepitosa de la inversión.
Ese no es nuestro caso, porque lo que hemos tenido es un aumento estructural del gasto público acompañado en la primera parte del gobierno de los Kirchner, cuando ya se había superado el problema recesivo, de un brutal aumento de la presión impositiva, orquestada con gravámenes de carácter extravagante.
Luego, al final de ese período y ya avanzado ese proceso, se verificó una violenta transformación de la situación financiera del Estado, que de acumular un nivel muy significativo de superávit entre 2003 y 2005 pasó a un déficit sustancial hacia 2009, que se ratificará y agudizará en 2010.
La combinación de la suba tributaria más el cambio en la posición fiscal neta de fuerte superávit después del pago de intereses a un déficit antes del pago de intereses va a condicionar los próximos dos años de transición, como señalamos en un artículo publicado hace algunas semanas.
Preguntas
¿Cuál es el impacto de esta política? ¿Por qué es diferente de las del resto del mundo? ¿Cuáles son las consecuencias?
Es diferente del resto de las que aplican los países emergentes y desarrollados porque esa política no vino asociada con los desequilibrios propios de la crisis. En los restantes países, lo que se hizo fue utilizar la capacidad crediticia del Estado. En la Argentina, se confiscaron los fondos de pensión de las personas.
Las consecuencias, en primer término, son que las políticas no son fácilmente reversibles. Acá ha quedado un gasto estructural en el sector público de una dimensión extraordinaria, que será de un costo muy grave de amortiguar para la próxima administración.
En este caso, no estamos hablando de una reforma de Estado, como algunos preferirían, sino que estamos planteando volver a la normalidad de lo que fue la Argentina.
La normalidad entendida como un porcentaje del gasto que durante muchos años osciló entre un nivel de 31% del PBI promedio y hoy está excedido en un 40% del PBI.
La otra consecuencia es que esa combinación de un fuerte desequilibrio fiscal de carácter estructural con las políticas de obstaculizar artificialmente las importaciones y propender a una costosísima política de sustitución de importaciones va a producir un significativo atraso cambiario. Este atraso genera, inicialmente, una sensación muy populista de mejora y, posteriormente, una crisis muy seria.
El superávit del sector público consolidado en 2004 era de 3,7% del PBI. El déficit que se puede pronosticar para 2009 es de 2,9 por ciento.
En el caso del gasto, durante 2005 se ubicaba en 60.000 millones de dólares y, en 2004, en 44.000 millones. En el presente, bordeará los 150.000 millones de dólares, tomando en cuenta la situación expansiva de este nuevo año.
La experiencia histórica con los atrasos que acumulamos tanto en el período de Gelbard, que explotó en el Rodrigazo, como el que acumulamos bajo Martínez de Hoz y la tablita, que explotó en las devaluaciones de 1981, o como la crisis que acumulamos durante la convertibilidad, que estalló en 2001, es suficiente antecedente de lo costosa que es esta política.
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