Una pelea silenciosa. El gran éxito de Alberto Fernández quedó en la línea de fuego

Para los alfiles económicos de Mauricio Macri es una cuestión casi personal y así se lo hicieron saber a la jefa del partido, Patricia Bullrich, de trato frecuente y programático con el expresidente. Sucede que un grupo de técnicos que formaron parte de la gestión anterior parecen buscar una reivindicación en el lugar menos conocido de las decisiones de Alberto Fernández.

El proceso que lleva adelante la Casa Rosada con la intención de adelgazar al país de la deuda heredada de Cambiemos es proclive a la aparición de puntos polémicos que por ahora están disimulados por el éxito de Martín Guzmán en la negociación. La conversión de esas sospechas en material para la pelea política se lleva una parte del tiempo de los laderos de Macri.

La primera pista de un futuro escándalo creen haberla hallado en una rareza legal argentina. Días atrás se sancionó la ley 27.561, una norma particular porque modifica el presupuesto de este año, que nunca se aprobó. Alquimia propia de las instituciones argentinas: el Congreso puede cambiar algo que nunca existió.

Más allá de ese detalle, hay otro punto que la hace interesante a los ojos del macrismo radicalizado. En el enredo de los recursos públicos aparecen dos artículos relacionados con otra cosa. Son el 7 y el 8, que motivaron el bautismo de la norma como "Ley Pimco" por parte de la oposición.

Pimco es la abreviación de Pacific Investment Management Company, un fondo de inversión californiano que tenía deuda pública argentina en default. Algunos economistas macristas creen que en esas iniciales -también se podría haber utilizado a Templeton, con acreencias en una situación similar- está la pista de un futuro entuerto para el kirchnerismo.

Los artículos bajo la lupa eximen a ciertas operaciones de canje de deuda de los límites que les pone la ley de Administración Financiera Pública. Esta norma habilita los canjes siempre que impliquen una mejora de montos, plazos o intereses, algo que el ministro de Economía dijo y repitió en el proceso de negociación. Es una herencia legal de los 90, cuando muchos de los canjes que se hicieron terminaron cuestionados en la Justicia. El mayor pleito de la saga estuvo relacionado con el megacanje, que mantuvo al exministro Domingo Cavallo en vilo con la Justicia por 15 años, hasta que fue absuelto en 2016.El macrismo ve en el detalle de la nueva ley la seguridad de que el Gobierno convertirá a dólares deuda que hoy está en pesos, algo que los funcionarios de Economía reconocieron y justificaron debido a la excepcionalidad de la situación, pero aún no llevaron a la práctica. Sería una lectura al revés del libro rojo de Martín Guzmán, que predica entre gobernadores la conveniencia de endeudarse en moneda local. La posibilidad fue criticada por Roberto Lavagna, un socio político de Albero Fernández que gana relevancia cuando decae la economía.

Hasta ahora, el Gobierno había optado por manejar el presupuesto por decreto, algo que se cortó con la ley mencionada más arriba. El PRO es desconfiado, una característica que suele ser redituable en política. Creen que la visita al Congreso estuvo más relacionada con la necesidad de aprobar por ley ambos artículos antes que con la prolijidad presupuestaria kirchnerista. Si la mejor manera de esconder un elefante es llenar la plaza con ellos, quizás sea bueno el consejo de sumar artículos en una norma para diluir la atención que cae sobre cada en particular.

La oposición espera que Economía dé "el mal paso" para extenderle una pregunta que ya tiene preparada: "¿Por qué se dolariza deuda en pesos a un tipo de cambio al que muy pocos argentinos pueden acceder?"

La segunda cuña también se mete en la pelea por el dólar. Las golpeadas reservas del Banco Central cuentan con un activo brillante. Son un grupo de bonos emitidos por el Tesoro Nacional por US$ 13.690 millones. Si bien son negociables, no circulan porque todos están en poder de la autoridad monetaria.

El Banco Central podría canjearlos por otros que surgieron de la reestructuración de deuda, vender estos últimos e intentar bajar la cotización del Contado con Liquidación (CCL), el que se usa para sacar divisas del país de manera legal y con menos restricciones. Eso reduciría la brecha, gran fogonera de una futura devaluación, y tendría un efecto pacificador sobre la efervescencia cambiaria. Lo pide Guzmán, pero por ahora lo rechaza Miguel Pesce, titular de la entidad monetaria. Quizás olfatee que la oposición política espera agazapada ese paso.Ocurre que los bonos argentinos denominados en dólares rinden más del 13%, según estimaciones privadas. Es probable que sean uno de los mejores negocios del mundo y está en manos de una entidad pública argentina.

Si el Banco Central decidiera vender sus títulos en el mercado para administrar el tipo de cambio estaría realizando una operación equivalente a una emisión primaria de deuda al doble de la tasa de Cambiemos, que el propio Alberto Fernández consideró insostenible. La nomenclatura financiera puede ser incendiaria cuando pasa por el diccionario de las necesidades electorales, cualquiera sea el signo político del que la empuñe.

Los asesores de Macri creen que el adelantamiento de la crisis económica en el gobierno de Alberto Fernández retrasó el uso de herramientas drásticas. Un hombre que sintió hace poco las tensiones de timonear en la dificultad lo puso en estos términos: las medidas de emergencia se pueden usar cuando se vislumbra la llegada, algo que está lejos para un gobierno al que le quedan tres años.