Dólares del colchón: entre el alivio regulatorio y la cautela del sistema
Es prematuro afirmar que la ley de inocencia fiscal alcanza para generar un flujo significativo de dólares hacia el sistema; su efectividad dependerá, en gran medida, del nivel de confianza que logre generar el marco normativo
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El nuevo esquema dispuesto en torno a los depósitos en dólares, enmarcado dentro de la denominada Ley de Inocencia Fiscal y las normas complementarias dictadas en los últimos meses, entre ellas la Resolución General 1108 de la Comisión Nacional de Valores (CNV), busca incentivar que las divisas que hoy permanecen fuera del circuito formal regresen al sistema financiero y contribuyan a dinamizar la economía.
La iniciativa se inscribe dentro de una estrategia más amplia orientada a recomponer el nivel de ahorro en moneda extranjera dentro de las instituciones financieras y fortalecer la intermediación del sistema.
A tales fines, el artículo 10 de la Resolución General de ARCA N° 5820 (Boletín Oficial del 9 de febrero de 2026) establece las condiciones que se considerarán para que los activos utilizados en las operaciones de un contribuyente o responsable se encuentren incorporados al sistema financiero formal.
En paralelo, la CNV introdujo nuevas disposiciones destinadas a reglamentar el universo de sujetos que hayan optado por el Régimen de Declaración Jurada Simplificada para el Impuesto a las Ganancias, mecanismo que forma parte del esquema de simplificación tributaria asociado a la Ley de Inocencia Fiscal.
La lógica detrás de estas medidas apunta a reducir fricciones regulatorias para aquellos contribuyentes que decidan canalizar sus dólares hacia cuentas bancarias o instrumentos financieros, sin que ello implique procesos complejos de justificación documental.
Por otra parte, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) y la Unidad de Información Financiera (UIF) emitieron en forma conjunta un comunicado aclarando que los bancos no solicitarán información sobre el origen de los fondos en línea de caja como condición para aceptar un depósito de dólares.
En estos casos, las entidades solo deberán identificar al depositante y al titular de la cuenta cuando el monto supere los 40 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM), que al momento de dictarse la norma representaban US$9769 y que hoy, con un tipo de cambio cercano a los $1370 por dólar, rondan los US$10.300.
Ese umbral funciona como parámetro respecto de la información que deben reportar los sujetos obligados ante la Unidad de Información Financiera (UIF) y se establece como un tope por persona y por única vez, pensado para facilitar pequeños ingresos de divisas al sistema sin activar de inmediato procedimientos más exigentes de análisis.
Sin embargo, esto no implica una ausencia total de controles. Las entidades financieras, las billeteras virtuales y los proveedores de servicios de pago que ofrecen cuentas continúan obligados a realizar un análisis integral del cliente, considerando su actividad económica y la razonabilidad de sus movimientos, en línea con las políticas de prevención de lavado de activos.
En ese marco, el comunicado conjunto emitido por la UIF y el BCRA no elimina controles, sino que busca unificar criterios. Establece lineamientos para que los sujetos obligados ajusten sus sistemas de prevención y actualicen sus matrices de riesgo, especialmente cuando los depósitos superen el límite de los 40 SMVM.
Además, la normativa remite expresamente a la llamada Ley de Inocencia Fiscal como elemento a considerar en el análisis de riesgo. La adhesión al Régimen de Declaración Jurada Simplificada del impuesto a las ganancias se considerará un antecedente favorable en la identificación y monitoreo de las operaciones.
Es prematuro afirmar que esta herramienta alcanza para generar un flujo significativo de dólares hacia el sistema. No se trata de un blanqueo tradicional, con condonaciones o beneficios fiscales extraordinarios, sino de un mecanismo de simplificación regulatoria pensado para fondos de origen lícito. Su efectividad dependerá, en gran medida, del nivel de confianza que logre generar el marco normativo.
Las leyes que han sido reglamentadas recientemente son observadas por el mercado con prudencia, motivo por el cual es un régimen que todavía se encuentra en proceso de consolidación. Mientras tanto, bancos, asesores tributarios y contribuyentes analizan con cautela el alcance real de estas medidas y su potencial impacto en el retorno de los llamados “dólares del colchón” al sistema financiero.
Cada contribuyente deberá realizar un análisis para su caso particular, ponderando los pros y contras del régimen y evaluando la conveniencia del mismo.
La autora es contadora pública. Socia de Tax & Legal de SMS (San Martín, Suárez & Asociados)
Tipo de trabajo:
análisis
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