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El avance del narco degrada el tejido socioeconómico del AMBA
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LA NACIONNéstor O. Scibona
La conmoción provocada por el atroz crimen de las tres jóvenes en Florencio Varela a manos de un ignoto clan de traficantes de drogas de origen peruano volvió a poner en primer plano una realidad social que muchos intuyen, no quieren ver o, peor aún, naturalizan en barrios vulnerables –y no tanto– del conurbano bonaerense, la CABA y ciudades del interior del país.
Un informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina (UCA) realizado en 2023 revela que 3 de cada 10 hogares identificaban la venta y/o tráfico de drogas en su cuadra, manzana o barrio. Esta situación se verificó en el 35,6% de los hogares del conurbano y el 18,7% en la CABA.
La ausencia de vigilancia policial incrementa a 41% el riesgo de su avance, aunque la presencia solo lo reduce a 25%. De ahí que la percepción se eleve a 62% en villas de emergencia y a 70% en barrios de viviendas sociales de alta vulnerabilidad socioeconómica. Nada indica que estos porcentajes se hayan reducido.
En muchas zonas del AMBA la venta minorista de drogas pasó a ser una salida laboral para no pocos jóvenes –con o sin estudios secundarios– en desigual competencia con trabajos precarios y mal remunerados, al amparo de una presumible tolerancia policial y/o política no desinteresada. La “plata fácil” que genera el narcomenudeo incentiva el aumento del número de adictos, aunque unos y otros ingresen a callejones sin salida.
El robo de celulares para venderlos y comprar drogas pasó a ser una fuente de ingresos que alimenta el delito y la demanda, al igual que –en otra escala– el de motos o autos. Y el pago con billeteras virtuales agiliza la entrega de estupefacientes en búnkeres de villas, locales bailables y hasta verdulerías sospechosamente abiertas las 24 horas.
La extensión territorial del conurbano bonaerense contribuye además a la creciente conversión en “tierra de nadie” de barriadas que hace décadas brotaban con lotes a pagar en cuotas a largo plazo y posibilitar a trabajadores el sueño de la casa propia. Pero también facilitó en 2008 la impunidad del secuestro y asesinato de los tres presuntos autores del robo de un cargamento de efedrina para vender a carteles mexicanos dedicados a la fabricación de drogas sintéticas.
En el submundo del narcotráfico en el conurbano se mezclan punteros políticos y barrabravas a tal punto que hace poco más de un año el presidente del club Deportivo Laferrère y concejal de UP Gabriel Aranda fue detenido y esposado en el Concejo Deliberante de La Matanza, acusado de proteger a un narco conocido como Chaki Chan. Un año antes había ocurrido lo mismo con el vicepresidente del club, Esteban Quiñones, en el complejo habitacional Lugano I y II, por formar parte de esa banda y a quien se le secuestró un Audi último modelo. Y todavía se recuerda al exintendente de José C. Paz Mario Ishii cuando, en 2020, a raíz de un conflicto gremial, enrostró a los enfermeros que debía cubrirlos “cuando venden falopa” en ambulancias comunales.
No menos preocupante es que el intendente de La Matanza, el kirchnerista Fernando Espinoza –que ejerce su cuarto mandato–, optara por el silencio ante el salvaje asesinato de las tres jóvenes: no hay noticias de que lo haya condenado públicamente.
Bandas transnacionales
Eugenio Burzaco (ex diputado nacional, ex jefe de Policía de la CABA, ex secretario de Seguridad de la Nación y coautor con Sergio Berenzstein del libro El poder narco, publicado en 2014) considera una dañina cortina de humo que en la gestión ministerial de Aníbal Fernández (2003-2015) se haya instalado la idea de que la Argentina era un país de tránsito, cuando en realidad el tráfico de drogas crecía a gran escala, principalmente en Rosario.
“El negocio se paga con droga. Al que la deja pasar y la guarda en un depósito se le deja un kilo, y eso se transforma en plata. Los narcos operan donde más fácil se pueden mover”, afirma. Paralelamente, señala que en la CABA las villas cooptadas por narcos locales y extranjeros son la 1-11-14 y la Zabaleta, por ser colindantes con el conurbano.
En contraposición, destaca los acuerdos de cooperación firmados en 2015 con la Guardia de Finanzas de Italia y con la DEA de Estados Unidos para formar grupos con capacidad operativa. “Esa tarea conjunta permitió en 2017 el decomiso de casi dos toneladas de cocaína ocultas en bobinas de acero en Bahía Blanca y bolsas en Luján de Cuyo (Mendoza) para enviar a España y Canadá por un monto de cientos de millones de dólares”, explica.
Los tres narcos mexicanos capturados en el operativo Bobinas Blancas fueron condenados en 2021 por el tribunal federal bahiense a 15 años de prisión y extraditados a su país con prohibición de reingreso a la Argentina.
Burzaco alerta además que Brasil es el tercer país de mayor consumo de cocaína del mundo y en la Argentina está operando el Primer Comando Capital (PCC), el mayor grupo criminal brasileño, que trae la droga a través del río Paraná (hidrovía) desde Paraguay –donde controlas 12 cárceles– y desde Bolivia y Perú por las porosas fronteras del NOA. De hecho, un operativo de la Gendarmería permitió este mes capturar a cuatro integrantes de una banda de origen boliviano que en un camión con patente de ese país transportaban más de 400 kilos de cocaína ocultos en cajas de bananas con destino al Mercado Central, en La Matanza.
También advierte que en el país hay nulo control sobre el fentanilo, la droga que más muertes causa en Estados Unidos. Y resalta la urgente necesidad de investigar el lavado de dinero mediante el cruce de datos entre ARCA y la UIF (cuya normativa le impide cooperar con fuerzas federales), ya que una economía con 40% “en negro” se presta para que gran parte de las ganancias de los traficantes vaya a circuitos clandestinos.
Otro especialista en narcotráfico, el periodista Germán de los Santos (corresponsal de LA NACION en Rosario), traza un paralelo entre la ciudad santafesina y el conurbano bonaerense.
A su juicio, en este último “no dejaron que crezcan grupos violentos como Los Monos, excepto el de Mameluco Villalba, con despliegue y dominio territorial, ya que la política local no lo permite. Las bandas pequeñas y más rústicas las regula la policía. Después de la pandemia, incorporaron la figura del emprendedor vinculado al narcotráfico, que hace changas y cada tanto vende drogas”.
“El triple crimen de Florencio Varela –agrega– rompe ese modelo, pero no se refleja en las estadísticas de homicidios. En el período 2012/2023, Rosario tuvo un récord de 24 cada 100.000 habitantes y en la provincia de Buenos Aires fue de 4,6. Lo que ocurría en Rosario, y no en el conurbano, es que la policía no podía controlar el territorio para la venta de drogas y a su vez estaba asociada y fracturada en distintos negocios”.
Los grupos narcos acumularon mucho dinero y en Rosario incrementaron los homicidios (en 2022 hubo un récord de 380 asesinatos) hasta transformarse en un problema político. Su punto culminante fue en marzo de 2024 por la decisión de matar a cuatro trabajadores sin vinculación alguna como acto terrorista.
De los Santos explica que debieron pasar más de 10 años hasta la aplicación del actual Plan Bandera, dispuesto por el gobernador Maximiliano Pullaro, con el apoyo de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, para que las fuerzas de seguridad nacionales trabajaran en conjunto con las provinciales. Un objetivo clave fue atacar el problema de las cárceles, donde los líderes de la banda Los Monos y de su rival, Esteban Alvarado, con la complicidad de guardiacárceles, manejaban por teléfono sus acciones. Entre otras, balear las viviendas de 12 jueces y del exgobernador Antonio Bonfatti.
También se avanzó con la detención y procesamiento del ex juez federal Marcelo Bailaque, imputado por vínculos con narcotraficantes (Alvarado), y de dos fiscales. Uno de ellos, por cobrar sobornos del senador provincial Armando Traferri y proteger al empresario del juego clandestino Leonardo Peiti, acusado de financiar la campaña del PJ provincial en 2019. El caso de Traferri resulta insólito, ya que lleva 16 años en la cámara, donde designa o remueve fiscales.
Finalmente resalta que los cabecillas de las barras bravas de Newell’s (Los Monos) y Rosario Central (Los Menores) fueron detenidos por su vinculación con el negocio de la droga; en este último caso habían pasado a manejarla tras asesinar a su líder histórico, Andrés Bracamonte.
“Desfederalización” de juicios
Por su lado, fuentes del Ministerio de Seguridad de la Nación objetan el resultado de la ley 26.052, de desfederalización de la persecución penal del microtráfico de drogas, sancionada en 2005, al remarcar que su dispar adhesión por las provincias impide que la Justicia Federal pueda dedicarse a fenómenos criminales más graves.
De ahí que una resolución del Ministerio de Justicia, dictada a comienzos de septiembre, dispuso la creación del Programa Nacional de Desfederalización y Asistencia contra el Microtráfico de Estupefacientes (Pronadem) en el ámbito de esa cartera para elaborar un plan estratégico a nivel nacional.
Los considerandos remarcan que en 20 años adhirieron 12 jurisdicciones (Buenos Aires, Córdoba, Salta, Formosa, Chaco, Entre Ríos, Santiago del Estero, CABA, Tucumán, Jujuy, Santa Fe y Neuquén) y las restantes aún están en manos de la Justicia Federal.
Como consecuencia, en el período 2022/2023 apenas 0,4% de las condenas fueron por los delitos más graves previstos en la ley de estupefacientes (organización y financiación del narcotráfico), contra promedios de 64% con gravedad intermedia, 14,5% por delitos leves y solo 3% por casos de criminalidad más compleja, como corrupción, lavado de dinero, evasión tributaria y trata de personas en conjunto.
La resolución admite que, si bien la desfederalización propició la descongestión de la Justicia Federal y mayor efectividad de las estrategias provinciales de prevención y lucha, no garantiza por sí sola el éxito en el combate del narcotráfico y la venta minorista de drogas, por más que se complete la adhesión en todo el país. También aclara que la redistribución de competencias no implica que la Justicia Federal y las provinciales actúen de manera descoordinada ni que se interrumpan sus intercambios de flujos de información.
Los objetivos del Pronadem son brindar asesoramiento y asistencia técnica para fortalecer y modernizar los sistemas de justicia de las provincias y la CABA cuando lo soliciten, así como elaborar anteproyectos de reformas, actualizaciones legislativas, protocolos de actuación y fomentar la incorporación de nuevas herramientas tecnológicas. O sea, comenzar a cerrar una cuenta pendiente desde hace más de 20 años.
Tipo de trabajo:
análisis
