Renunció el primer presidente del nuevo ente regulador de la energía
Marcelo Lamboglia confirmó su salida a LA NACION; lo reemplazará el vicepresidente Vicente Serra mientras se convoca un nuevo concurso; las diferencias giraron en torno a una brecha salarial del 30% entre las plantas del Enargas y del ENRE y al ritmo de la fusión
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LA NACIONSofía Diamante
Generó sorpresa y desconcierto en el sector energético. Marcelo Lamboglia renunció esta mañana a la presidencia del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (Enrge), el organismo creado por la Ley Bases para fusionar al Enargas y al ENRE bajo una conducción única.
La salida, confirmada a LA NACION por el propio Lamboglia, se produce apenas un mes después de que el decreto 318/2026 lo designara al frente del nuevo ente con un mandato de cinco años. En su lugar ejercerá la representación el vicepresidente Vicente Serra, según establece el decreto de creación para los casos de ausencia o impedimento del titular.
Las causas de la renuncia tienen nombre concreto: diferencias al interior del directorio sobre dos cuestiones centrales para la puesta en marcha del ente. La primera, los sueldos. Al fusionar el Enargas y el ENRE, el nuevo organismo heredó una brecha salarial histórica entre ambas plantas: en promedio, el personal del Enargas cobra alrededor de un 30% más que el del ENRE.
Lamboglia, que venía de ejercer la intervención en el ENRE, habría impulsado equiparar los salarios hacia arriba, lo que implicaba un aumento masivo para toda esa dotación. Parte del directorio resistió esa postura y propuso aumentos focalizados y un programa de retiros voluntarios.
La segunda diferencia fue sobre cómo organizar las reuniones de directorio con el personal. En conjunto, esas tensiones hicieron insostenible la convivencia. Antes de irse, Lamboglia les dijo a sus colegas que “la decisión estaba tomada y que no estábamos haciendo un buen papel”. Desde dentro del directorio, la lectura fue más áspera: “No se bancó la discusión”, dijeron.
Las diferencias no eran exclusivamente con Marcelo Nachón —vocal del cuerpo y hasta mayo interventor en el Enargas—, aunque el contraste entre ambas figuras era evidente: Nachón llegaba de conducir el organismo con los cuadros técnicos más sólidos; Lamboglia, de uno cuya estructura, según fuentes del ente, “era un caos”.
Un ente que todavía no arrancó
El Enrge se constituyó formalmente el 5 de mayo, hace menos de un mes. Desde entonces, el avance fue escaso. La estructura aprobada es transitoria y los departamentos comunes —Tecnología, Administración, Recursos Humanos— siguen duplicados: cada organismo mantiene los suyos intactos.
El debate sobre cómo avanzar en la fusión real tampoco se resolvió: si el propio Enrge lidera el proceso con apoyo de una consultora externa o si directamente se terceriza el diseño de la estructura.
Hay financiamiento disponible —préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y del Banco Mundial destinados al fortalecimiento institucional, dentro de un programa de focalización de subsidios energéticos—, pero la Secretaría de Energía se demora en activarlos.
En la práctica, el directorio aprobó apenas dos resoluciones desde su constitución y reinó una parálisis que algunos atribuyen al temor de los funcionarios a firmar decisiones.
Con cuatro miembros, el directorio tiene quórum suficiente para seguir funcionando. No sería la primera vez que el ente opera sin presidente: durante la gestión de Mauricio Macri, el titular electo del Enargas por concurso nunca llegó a asumir y el organismo continuó bajo la conducción del vicepresidente. Ahora deberá convocarse un nuevo concurso para cubrir únicamente la presidencia. Alguno de los actuales directores podría presentarse.
La creación del Enrge fue dispuesta por el decreto 452/2025 en julio del año pasado, como parte de un paquete regulatorio que también actualizó los marcos normativos del gas y la electricidad. La fusión de los dos entes —creados durante la presidencia de Carlos Menem en la primera ola de privatizaciones de los años noventa— fue ordenada por la Ley Bases con el argumento de reducir costos operativos y alinear el esquema institucional con estándares de la OCDE.
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