El desfase entre ingresos y egresos del sistema prestador privado llevó al incumplimiento; hoy, la mitad de las clínicas no paga impuestos ni invierte

La fiebre, dicen los médicos, es un mecanismo de defensa frente a una infección. Es algo molesto y hay que buscar que el mercurio del termómetro muestre un alivio de ese estado corporal. Pero, más importante aún, hay que procurar una cura para la enfermedad causante del síntoma.

Según advierten varios referentes del sector, el sistema privado de prestación médica manifiesta en la Argentina –a tres años y medio de la devaluación y con una ecuación de ingresos y gastos en desequilibrio–, una fiebre bastante elevada, que se traduce, por lo menos, en dos realidades. Una es que la mitad de las clínicas admite –según una encuesta de una entidad que las agrupa–, que dejó de cumplir con sus impuestos, decisión que está justificada por el propio Estado recaudador, ya que la ley de emergencia sanitaria, vigente hasta diciembre próximo, impide embargos por parte de la AFIP. La otra realidad, más preocupante aún, es que es muy bajo el nivel de inversiones, cuando se trata de una actividad demandante de una actualización permanente, si se quiere preservar un nivel aceptable de calidad y un determinado ritmo de perfeccionamiento de sus prácticas.

El debate sobre la problemática económica del sector sanitario se revitaliza en estos días, dada la apertura de la negociación de salarios de la actividad (ver recuadro). En los gastos de las clínicas, el costo laboral representa entre 5 y 6 de cada 10 pesos.

Desde la salida de la convertibilidad, los principales gastos para la atención médica aumentaron, en promedio, un 92,4%, de acuerdo con la estimación de la Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados (Adecra). El cálculo incluye salarios, medicamentos e insumos, alimentos, mantenimiento y servicios públicos. Los datos de esa asociación, según su presidente, Francisco Díaz, señalan también que por lo menos 21 sanatorios cerraron en los últimos años.

En los laboratorios de análisis y diagnóstico médico, los gastos subieron un 68,5 por ciento. En este caso, sostuvo el presidente de la Cámara de Instituciones de Diagnóstico Médico (Cadime), Guillermo Gómez Galizia, hubo 2000 pequeños centros de atención que cerraron sus puertas en 5 años. "Trabajan hasta que se les rompe un equipo o hasta que tienen un embargo", lamentó.

Por otra parte, brindar el Programa Médico Obligatorio, exigido por ley a las obras sociales y prepagas, tenía en 2001 un costo mínimo de unos $ 22. Ahora, y pese a los recortes que se le aplicó para racionalizar gastos, algunas fuentes del sector estiman que ese cálculo se ubicaría en unos $ 38.

Quién paga

El gran dilema es quién paga el encarecimiento; quién y cuándo. Porque en un sector con uso de alta tecnología –en gran medida con precios dolarizados–, si es verdad que, tal como se advierte, no hay capacidad de reservar recursos para reparar y renovar equipos, los efectos pueden estar hoy en una etapa imperceptible de incubación.

Existe la apreciación de que el sector prestador llegó al siglo XXI con un nivel tecnológico más que importante y, por tal razón, tiene un colchón para amortiguar el golpe, por lo menos en el corto plazo. "Hay un sobrestock de tecnología", sostuvo el superintendente de Servicios de Salud, Rubén Torres.

En relación con los recursos actuales que ingresan a las clínicas, Díaz puntualizó que si bien desde 2001 las obras sociales subieron su recaudación en un 55% (en gran medida por mayores salarios y no por más cantidad de trabajadores que atender); el PAMI en un 65%, y las prepagas en más de un 40%, los recursos recibidos por los sanatorios por intervenciones quirúrgicas e internación crecieron sólo el 18 por ciento.

Frente a esa realidad, según Adecra, la mayoría de las entidades decidió hacer un ranking de prioridades: como los salarios, honorarios e insumos son imprescindibles, se decidió que lo postergable, pero con duras consecuencias, son los impuestos y las inversiones. Díaz estimó que por lo menos el sistema tiene deudas impositivas por $ 220 millones. La entidad considera que, con intereses por morosidad del 3% mensual en los planes de pago, la cuantía de montos impagos entra en una dinámica explosiva.

Entretanto, Díaz y otros referentes del sector se quejan porque desde el Estado, que se niega a dar ventajas impositivas de fondo a la salud, se aplican subsidios a sectores como el transporte. Y a no pocos indigna que el PAMI subsidie con $ 30 a algunos afiliados, cuando podría haber mejorado sus pagos. "Los subsidios deberían darlos con dinero del Estado", cuestionó el dirigente del sindicato de la sanidad, Héctor Daer.

En lo que a inversiones se refiere, un indicador válido es el valor de las importaciones de instrumentos médicos, ópticos y de precisión: el año pasado hubo compras por alrededor de US$ 500 millones, según datos del Indec citados por Adecra. Es un nivel similar al de 1993, cuando entre 1997 y 1998 se había llegado a cifras cercanas a los US$ 800 millones. De cualquier forma, el monto de 2004 representa una recuperación respecto del deprimido 2002, cuando se había comprado por unos US$ 200 millones.

Las inversiones del sector prestador parecen estar más concentradas hoy en la actividad de algunas prepagas. Pero así de limitadas, esas mejoras no alcanzarán a la mayor parte de la población.

"En los últimos años se hizo una apuesta grande en el mercado de equipamientos; todavía no hay problemas porque los equipos no son tan viejos", señaló Sergio Cassinotti, presidente de Unión Personal, la obra social del personal del Estado. Cassinotti recordó que la situación de los costos de insumos está aliviada respecto de 2002, cuando por algunos instrumentos había que pagar hasta casi 5 veces el valor de 2001. "Ahora cuestan entre dos y dos veces y media lo que valían antes de la devaluación", advirtió.

Por otra parte, no se pierde de vista que el alza constante del gasto médico –fuera de los efectos de la devaluación– no es un fenómeno local. "En los Estados Unidos, la inflación en salud es de dos dígitos por el avance de las tecnologías", recordó un directivo.

Con respecto al dinero que reciben los prestadores, Cassinotti afirmó que, en el caso de Unión Personal hubo un alza promedio del 20% en los precios pactados con clínicas. Como las remuneraciones del sector público no subieron –sólo lo harán desde este mes–, podría pensarse que otras obras sociales, más beneficiadas por mejoras salariales de sus afiliados, tuvieron capacidad de incrementar en mayor medida los aranceles, ya que recaudan más. Pero, según los sanatorios, ello no ocurrió, aunque sí se admite que bajaron los plazos de pago.

Tampoco se actualizaron aranceles en prácticas de diagnóstico, según Gómez Galizia, quien hizo la salvedad de algunos casos, como el de OSDE, la obra social de directivos que también fue excluida de las quejas de los médicos del norte del conurbano, que habían previsto cobrar $ 15 a cada paciente, a falta de un ajuste de honorarios. A poco de aplicarse ese plus, los profesionales suspendieron la medida ante la apertura del diálogo con algunas prepagas.

Pero la amenaza de que los usuarios deban desembolsar más sigue latente. "Hay preocupación en las prepagas; no hay intención de subir las cuotas en el corto plazo, pero de acá a un tiempo, hay que ver", admitió un directivo del sector, que sostuvo que las subas aún no equilibraron las cuentas.

Una variante al cobro de un plus es lo que está realizando Cadime, con la recolección de firmas para elevar al Congreso una iniciativa popular por un proyecto de ley que regule aranceles en las prácticas de diagnóstico. La campaña ya despierta controversias. "Tengo una opinión contraria", afirmó Torres desde la Superintendencia, respecto de la regulación. Para el funcionario, no se justifica esa política en un país donde hay precios libres.

La mayor intervención de la gestión pública en la relación entre actores que son privados, pero que prestan un servicio que el Estado debe garantizar, es una parte del problema. Lo cierto es que el sistema prendió sus luces de alerta y requiere soluciones.

Radiografía sectorial

Costos: según las clínicas, desde 2001 el alza promedio fue del 92,4 por ciento. Los medicamentos e insumos se encarecieron en un 157,2% y el costo laboral, en un 91,6 por ciento.

Atraso: como los precios cobrados por los prestadores a obras sociales y prepagas sólo crecieron un 18%, la entidad que agrupa a los sanatorios estima que existe un retraso cercano al 59%, en promedio.

Prácticas: según un ejemplo aportado por la asociación de clínicas, para la realización de una ecografía abdominal, mientras que en 2001 se cobraba 21,8 pesos o dólares, hoy el precio es de $ 25,15, es decir, unos 8,73 dólares. Los costos del equipo, en tanto, son dolarizados.

Propuesta: la cámara que agrupa a las entidades de diagnóstico lanzó una campaña tendiente a recolectar firmas para una iniciativa popular. El objetivo es presentar un proyecto de ley que regule los aranceles y obligue a prepagas y obras sociales a otorgar incrementos definidos.

Bolsillos: los desfases del sector podrían llevar a afectar una vez más el gasto de los usuarios. Mientras que un grupo de médicos amenazó con cobrar un plus a falta de un ajuste de honorarios, no se descarta que en las prepagas haya más subas de cuotas.

Por Silvia Stang

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