El enemigo al que Alberto más necesita reconquistar
"Alberto Fernández destruyó al sector privado y todavía no se dio cuenta", dice el número uno de un laboratorio líder, que el año pasado fue uno de los tantos empresarios que impulsó la candidatura del presidente. La frase es dura, pero expresa el malestar que existe entre muchos hombres y mujeres de negocios, a los que por estos días les cuesta encontrar motivos para ser optimistas.
El presidente viene ensayando en las últimas semanas un acercamiento al sector privado: comidas empresarias en Olivos, el anuncio del Plan Gas IV en Vaca Muerta,su participación en el Coloquio de IDEA y hoy lunes con la convocatoria de empresarios al Consejo Económico Social, con los ministros Matías Kulfas y Claudio Moroni, son sólo algunos de los gestos que hizo en lo que va del mes.
Pero a esta altura, aun para quienes lo vinieron respaldando desde el comienzo de la gestión, podrían no ser suficientes. En el mundo corporativo ya no quieren gestos, sino acciones.
El anuncio del Plan Gas llega cuando ya el marcador de la industria estaba en tiempo de descuento. No garantiza que se llegue a producir lo suficiente para que el año que viene no escasee el gas en el invierno. En privado, los empresarios además expresan ciertos reparos. ¿Cómo piensa garantizar que los subsidios comprometidos para el nuevo plan se cumplan? La misma industria ya vio cómo, durante el macrismo, el Estado desconoció la Resolución 46 (que también prometía subsidios para alentar la producción de gas), que había firmado la misma administración apenas asumió, y luego cómo el gobierno de Fernández cuestionó el decreto 1053, que se había firmado para subsanar deudas con el sector.
En el Gobierno muchos creen que las críticas del empresariado surgen de un problema ideológico, casi de piel. Pero lo cierto es que el Gobierno parece haberse ocupado de ir esmerilando los puentes que una parte del sector privado le fue tendiendo. Y las señales mixtas que continuamente se ofrecen dentro de la coalición gobernante poco colaboran.
Sólo dos ejemplos recientes: la convocatoria previa a la visita de la misión del FMI con la promesa de reflotar el pacto social terminó siendo una foto sin contenido; otra más, como aquella convocatoria a Olivos por el acto del 9 de Julio. El segundo, en la entrevista que Fernández dio al periodista Horacio Verbitsky se tildó a los empresarios de "enemigos", sin que el presidente esbozara una mínima defensa y pese a que días antes había estado cenando en la Quinta de Olivos con muchos de ellos.
"El presidente escucha, pero no reacciona. Es frustrante. Uno va, le explica los temas, hace propuestas, se pasa tres horas dialogando, para que al día siguiente hagan lo contrario o te maltraten públicamente", ilustró otro empresario.
Algunos dudan de que Fernández termine de comprender la profundidad de la crisis económica que enfrenta.
Con la paciencia agotada, pocos creen a esta altura que el gradualismo que intenta imponer el ministro Martín Guzmán, ahora sindicado como la cabeza del equipo económico, pueda funcionar. Esta semana Economía anunciará una serie de medidas para intentar achicar la brecha cambiaria y así morigerar las expectativas de devaluación. Una de las medidas apuntaría al dólar "contado con liquidación", al reducir el tiempo de "parking" al que los inversores hoy están obligados con los bonos que compran para hacerse de dólares. Desde el Banco Central también se les estuvo insistiendo a los bancos la semana pasada para que en el home banking incluyan un "botón" que les permita a los ahorristas vender sus dólares en la Bolsa, y ya no por el mercado único y libre de cambios. Esa cotización (dólar MEP) el viernes se operaba a $157.
Dos medidas necesarias, pero que en el mercado ya adelantan que no modificarán la tendencia.
"Si no permiten que los exportadores vendan también parte de los dólares en el contado con liquidación, no va a servir que saquen el parking. Lo mismo pasa con el botón sólo para la venta. La gente quiere comprar dólares, no vender", subraya un hombre con años de experiencia en el mercado cambiario.
En la agenda del Gobierno para reconquistar la confianza del sector privado hay varias medidas adicionales. La idea es enviar al Congreso en los próximos días un "Plan Nacional de Fomento de la Inversión Agroindustrial" a 10 años, hasta 2030. El proyecto, que ya comenzó a circular entre el sector, apunta a estimular nuevas inversiones a cambio de una serie de beneficios impositivos y la promesa de estabilidad fiscal por un periodo de hasta 15 años.
Asimismo, empezó a dar señales de que el congelamiento de tarifas de servicios públicos no se extendería más allá de diciembre. ¿Podrá cumplirlo en un año electoral? Toda una incógnita, como también qué pasará con el congelamiento de precios de productos de consumo masivo, servicios de telefonía, cable e internet, prepagas y medicamentos.
Para las empresas requerirá bastante más poder revertir la crisis de confianza en la que está envuelto el oficialismo. Creen que el Gobierno debe unificar su discurso como coalición y, al mismo tiempo, darle un vuelco de 180 grados. No pocos creen que cajonear el impuesto a la riqueza podría ayudar.
El éxodo de empresarios es notorio. Uno de los grandes unicornios argentinos, Globant, tiene ya a gran parte de su cúpula entre Uruguay y España; el presidente del laboratorios Gador, Alberto Álvarez Saavedra, renunció a la UIA para poder emigrar a la Banda Oriental, tal como hace algunas semanas hicieron Federico Tomasevich, presidente de Puente, o Claudio Porcel, de Balanz Capital. Un empresario dijo con humor: "Desde la presidencia de Bernardino Rivadavia y la Guerra con Brasil nunca tantos argentinos cruzaron el charco¨.
Mientras en la Argentina se debaten los temas urgentes, en la Justicia de Estados Unidos podría terminar de echarse luz en estos días a una de las transacciones corporativas más polémicas de los últimos tiempos: la compra por parte de la familia Eskenazi del 25% de YPF, y luego la reestatización de la petrolera de bandera.
El país enfrenta en Estados Unidos un juicio multimillonario iniciado por Petersen Energía –originalmente una sociedad de la familia Eskenazi– por la estatización de la petrolera en 2012. Entonces el Estado argentino se quedó con las acciones que Repsol tenía de YPF y no las de Petersen Energía, que poco tiempo después terminó defaulteando ante la imposibilidad de cubrir las deudas que había adquirido para ingresar a la petrolera.
Ante la perspectiva de poder perder un juicio que podría costarle al Estado entre US$1500 millones y US$9000 millones, los abogados que representan al país decidieron pedirle a la Justicia de Nueva York que le reclame a la familia Eskenazi -que hoy no forma parte del juicio, ya que adquirió los derechos del litigio el fondo inglés Burford Capital- todos los documentos, audios, cartas o registros de conversaciones que demuestren cómo en 2008 se llevó a cabo la compra de 14,9% de YPF por US$2235 millones, y luego del 10% restante.YPF, por su parte, le solicitó a la jueza del Distrito Sur de Nueva York que lleva el caso, Loretta Preska, que haga lo mismo con Repsol.
Preska accedió a ambos pedidos, anticipó que la información sería incluida de manera "confidencial" en el caso y pidió a la Cancillería argentina que notifique a la Justicia local para que sea esta quien haga los requerimientos a los actores involucrados. Hasta la semana pasada, en el Grupo Eskenazi todavía no habían llegado los pedidos. Son documentos que podrían complicar a más de uno.
Las defensas de YPF y del Estado argentino quieren saber, por ejemplo, por qué la familia Eskenazi no ejecutó en ningún momento el acuerdo de "indemnidad", que había firmado con Repsol en 2008, cuando el grupo nacional entró como accionista con la idea de "reargentinizar" la empresa petrolera.
Ese acuerdo, según consta en los documentos presentados ante la Justicia de Estados Unidos, contemplaba que Repsol se comprometía a recomprarle las acciones de YPF a Petersen Energía y repagarles a los bancos que financiaron su ingreso si en los cinco años siguientes la participación del grupo español en la petrolera argentina bajaba del 50,01%, o si se cortaban por algún motivo los pagos de dividendos bianuales que debía hacer YPF (equivalentes al 90% de sus ganancias anuales), con los cuales la familia Eskenazi cubría las deudas que había asumido para comprar sus acciones en la empresa. Esos pagos se cortaron en 2012, con la reestatización, y sin embargo ese acuerdo nunca se ejecutó. Para "los enemigos" ni justicia, para los amigos del poder, ni seguridad jurídica.
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