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El Gobierno apura un plan millonario para enfrentar los cortes de luz en el verano
El Tesoro busca atraer capital privado con garantías multilaterales y sin comprometer recursos fiscales
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LA NACIONSofía Diamante
El Gobierno trabaja desde hace más de un año y medio en cómo resolver una de las principales disyuntivas que heredó: un país con una marcada falta de infraestructura, pero sin margen fiscal ni credibilidad suficiente para acceder a financiamiento a tasas razonables. En ese camino, hoy dio un paso más al definir los lineamientos que permitirán invertir al menos US$1200 millones para ampliar la red de transporte eléctrico, una obra clave para reducir los cortes de luz en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
A través del decreto 921, el Poder Ejecutivo habilitó al Ministerio de Economía a avanzar con la concesión de obra pública para la construcción de nuevas líneas de alta tensión destinadas a abastecer los principales centros de consumo del país. Se trata de proyectos de gran escala, cuyo principal desafío es definir un esquema de financiamiento sin comprometer recursos del Tesoro.
La última obra relevante de transporte eléctrico que se construyó en la Argentina fue el segundo corredor patagónico, durante la presidencia de Néstor Kirchner, y fue financiada íntegramente por el Estado. Ahora, la premisa del ministro de Economía, Luis Caputo, es que las nuevas ampliaciones no impliquen aportes fiscales. Sin embargo, el sector privado exige garantías para financiar los proyectos, dado el historial de congelamientos tarifarios que predominó en las últimas dos décadas.
El esquema previsto contempla que las empresas recuperen la inversión a través de un canon que se trasladará a las tarifas de los usuarios beneficiados, una vez que las obras estén finalizadas y en operación.
En este contexto, el Gobierno trabaja en el diseño de las licitaciones con el asesoramiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que eventualmente también podría actuar como garante del financiamiento. Un antecedente similar se dio durante la gestión de Mauricio Macri, cuando en 2017 el Banco Mundial otorgó US$480 millones para respaldar el Fondo para el Desarrollo de Energías Renovables (Foder), creado para garantizar el pago de proyectos del sector.
“No solo es relevante el préstamo que pueda otorgar el BID u otros organismos multilaterales para fortalecer el fondo de garantía, sino que, al tratarse de este tipo de instituciones, se incorpora además un incentivo adicional al cumplimiento de los compromisos asumidos. Esto se explica, entre otros factores, por la existencia de cláusulas de cross default (incumplimiento cruzado), cuya eventual activación podría afectar el acceso a otras líneas de financiamiento y a distintos productos ofrecidos por los multilaterales, como garantías, préstamos de inversión, facilidades contingentes o esquemas de financiamiento estructurado”, explicó Javier Constanzó, abogado especializado en el sector energético y socio del estudio Tavarone Rovelli Salim & Miani.
“Este efecto contribuye de manera relevante a mitigar el riesgo de incumplimiento soberano y a mejorar la calidad crediticia de la estructura. Además, la participación de organismos multilaterales suele facilitar la incorporación de bancos comerciales, al actuar como un ancla institucional que mejora la percepción de riesgo del proyecto. Cabe recordar que incluso en contextos de restricciones cambiarias en la Argentina, estos organismos han mantenido históricamente acceso al mercado de cambios oficial y no han tenido dificultades para la repatriación de fondos ni para el pago de intereses o capital”, agregó.
La urgencia de las inversiones se explica por el fuerte desfasaje entre la evolución de la demanda y la infraestructura disponible. Desde 2002 hasta la actualidad, el consumo de electricidad creció más de 117%, mientras que la red de transporte eléctrico se expandió apenas 54%, lo que dejó al sistema prácticamente saturado. Esta situación se debió en parte a tarifas que no cubrían nuevas inversiones, pero principalmente a que, durante la privatización de los años 90, no se obligó a Transener —la principal operadora de líneas de alta tensión del país— a realizar ampliaciones de la red. Las tarifas que percibe la compañía solo alcanzan para cubrir la operación y el mantenimiento del sistema existente.
La Secretaría de Energía espera licitar antes de abril un paquete de proyectos para expandir la red de alta tensión. La obra que concentra mayor interés es la denominada AMBA I, que permitirá ampliar en 1500 MW la capacidad de transmisión en la región donde se concentra la mayor parte de la demanda eléctrica del país. El proyecto demandará una inversión de US$1111 millones. Transener y la constructora Sacde, que comparten como principal accionista a Pampa Energía, aparecen como candidatos competitivos para adjudicarse las obras.
“El decreto avanza en la implementación del plan de ampliación del sistema de transporte eléctrico que ya se había iniciado con la identificación de las obras clave. Ratifica el esquema de concesión de obra pública que había sido anticipado y aclara que la concesión será a título gratuito para el Estado, confirmando que el financiamiento de estas ampliaciones será 100% privado. Las normas previas ya hacían referencia a un esquema de repago vía tarifa a ser abonada por los beneficiarios de las obras, aunque todavía no está claro cómo se definirá. En ese sentido, serán determinantes los pliegos de la licitación y el modelo contractual”, señaló Jimena Vega Olmos, socia del estudio Beccar Varela.
