El Gobierno acelerará su plan de privatizaciones tras el resultado electoral
Rutas, trenes, centrales eléctricas y la hidrovía son las que avanzan con prioridad; la semana que viene se define cómo será la venta de AySA
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LA NACIONDiego Cabot
Si el contador de días que decoró el despacho del ministro Federico Sturzenegger volviera a ponerse en movimiento, bien podría anotar el número 773, que son los que quedan hasta el fin del mandato del presidente Javier Milei. En ese tiempo, además de las reformas estructurales que afectan impuestos, el mercado laboral y el sistema previsional, el Gobierno se ha propuesto otro objetivo: avanzar con más velocidad en las privatizaciones de las empresas que tiene mandato para hacerlo.
Y como para empezar a cumplir con el compromiso, de acá a fin de año ya hay varias carpetas que esperan la decisión final para saltar de escritorio. “Había que pasar las elecciones, porque la discusión sobre el tema se iba a contaminar mucho. Ahora hay que acelerar, ese es el mandato del Presidente”, dijo una fuente que trabaja en uno de los proyectos privatizadores.
En principio, mediante la Ley Bases, el Congreso autorizó al Poder Ejecutivo a privatizar o concesionar AySA, Belgrano Cargas, Corredores Viales, Enarsa, Intercargo, la Sociedad Operadora Ferroviaria, Nucleoeléctrica Argentina y Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT). Y pese a que hace más de un año está la autorización, no se avanzó con ninguna de ellas.
A esa autorización hay que sumar la hidrovía y la ruta del Mercosur, que estaba en manos de privados y cuya concesión venció. Ese es el universo sobre el que se trabajará. En las próximas semanas estará la resolución de Vialidad Nacional para entregar el corredor que incluye las rutas 12 y 14, además del puente Rosario–Victoria. Allí se presentaron seis consorcios, de los cuales uno solo no está ligado al viejo mapa de la obra pública.
La excepción fue Coyserv, una empresa de origen cordobés que se dedica principalmente a obras de ingeniería de gas y petróleo. El resto, viejas conocidas: Autovía Construcciones y Servicios (del Grupo Cartellone), y un consorcio formado por Obring, Rovial, Edeca, Pitón y Pietroboni, que compite bajo la figura de la Red Federal de Concesiones Viales. A ellos se sumaron Benito Roggio e Hijos, Panedile Argentina y Rovella Carranza, otros de los contratistas clásicos del mapa vial.
En el Gobierno no son pocos los que suspirarían aliviados si la oferta de Coyserv es la mejor y resulta adjudicada. El deseo tiene su fundamento: todas las otras tienen alguna relación con la causa Cuadernos. De hecho, algunos, como Aldo Roggio o Hugo Dragonetti (de Panedile), son arrepentidos, y otros están imputados. La demora en el proceso de privatización podría consagrar el absurdo de que la primera ruta privatizada por Milei sea entregada a una empresa procesada por corrupción.
Cuando se abrió la licitación de este proceso hubo una limitación: prácticamente no había oferentes, dado que había que garantizar con una póliza de caución la inversión inicial. Nadie consiguió ese aval y entonces, a dos días de la apertura, apareció el banco público BICE y anunció una línea de crédito para que las empresas hicieran las obras con financiamiento de la entidad estatal. Ahí aparecieron varios.
Mientras tanto, avanza el proceso para privatizar los 9000 kilómetros de rutas que están dentro de la empresa Corredores Viales. Por ahora, están en línea los pliegos y los datos técnicos de cada una de las trazas. Las fechas aún no están, y parece difícil que los tiempos de presentación de las ofertas sean antes de fin de año.
En estas semanas hubo algunos cambios. Del diseño original se fusionaron algunas trazas, cuestión de que las licitaciones y los montos de inversión comprometidos puedan ingresar en el sistema de promoción de inversiones RIGI. La idea es que en dos semanas salgan a licitaciones dos tramos entre los que está la ruta 5 (Luján - Santa Rosa, La Pampa) y otra a definir.
En materia de transporte, el otro que podría tener novedades en unas semanas es la privatización del Belgrano Cargas. Si bien el organigrama original está muy atrasado, ya se ha decidido el esquema. Una fuente oficial dijo que todo está listo para publicar la licitación entre fines de noviembre y principios de diciembre. Serán tres ofertas: subasta de material rodante y dos concesiones, una de vías y la otra de talleres ferroviarios. Saldrán todas juntas pero serán dos ramales los primeros en privatizarse: el Belgrano y el San Martín. Por ahora, la línea Urquiza deberá esperar.
De los trenes de pasajeros aún no hay noticias, apenas dos notas al pie que vale la pena contar. Roggio Transportes y Emepa, dos empresas de los mismos grupos empresarios que Metrovías y Ferrovías, se inscribieron en el Registro Nacional de Operadores Ferroviarios. Ambas pertenecen a arrepentidos en la causa Cuadernos: Aldo Roggio y Gabriel Romero.
La movida llama la atención porque seguramente se preparan para presentarse en las futuras licitaciones de ramales ferroviarios. Viejos conocedores del mundo de los subsidios, aguardan la licitación. Como sus dos empresas ferroviarias están manchadas por la corrupción, ambos hicieron contratos con filiales suyas y pidieron la inscripción con otras sociedades propias que no tienen experiencia ferroviaria. Preparan el terreno.
La hidrovía, que tuvo en febrero un proceso de licitación trunco, avanzó este año. En agosto terminaron las mesas participativas realizadas entre usuarios, provincias, municipios, ONG y empresas del sistema, además de técnicos de gobiernos anteriores, como los del PRO, y cámaras empresariales. Fueron cinco mesas que se realizaron con la supervisión de la Unctad (un organismo de las Naciones Unidas).
En paralelo, se inició un procedimiento de audiencia pública ambiental que tiene una fecha asignada para esta semana. Fuentes oficiales confirmaron a LA NACION que durante noviembre debería terminar este último procedimiento y finalizar con los borradores de los pliegos.
“Sobre fines de noviembre, principios de diciembre deberíamos hacer el proceso de participación ciudadana de los pliegos para poder estar en condiciones de hacer el llamado a licitación antes de fin de diciembre. Estimamos la fecha de apertura de ofertas para fines de febrero o principios de marzo”, confió una fuente que participa en el proceso.
La energía y la joya de la corona
Energía Argentina (Enarsa), que es otra de las autorizadas a privatizar, está en un proceso distinto. La decisión es dividirla y vender varias unidades de negocio. Las primeras que se ofrecieron para concesión son las cuatro centrales hidroeléctricas del Comahue: Alicurá, El Chocón, Piedra del Águila y Cerros Colorados. El viernes pasado, antes de las elecciones, era la fecha límite para presentar ofertas, pero, mediante una resolución y por pedido de varios interesados, el Gobierno decidió extender el plazo hasta el 7 de noviembre.
Las centrales —ubicadas sobre los ríos Limay y Neuquén, en las provincias de Río Negro y Neuquén— generan alrededor del 15% de la energía eléctrica del país y fueron construidas entre las décadas del 70 y el 80. Actualmente, Alicurá es operada por la estadounidense AES; El Chocón, por la italiana Enel; Cerros Colorados, por Aconcagua Energía; y Piedra del Águila, por Central Puerto.
Todos estos grupos empresarios seguramente se presentarán a la licitación y, según trascendió, hay 18 grupos que han manifestado su interés, entre ellos Pampa Energía y un consorcio llamado Edison Energía, integrado por Rubén Cherñajovsky (Newsan), Guillermo Stanley (Inverlat) y el Grupo Neuss, cercano a Santiago Caputo. Nadie sabe si se presentarán o no, pero son cuatro sillas para muchos interesados. El esquema establece que ningún grupo podría llevarse más de dos centrales.
Acá vale la pena un asterisco. El senador Oscar Parrilli, uno de los dirigentes con más kirchnerismo en sangre, de origen neuquino, interpuso un amparo para frenar la licitación. Un día después de la derrota kirchnerista, la Justicia no hizo lugar al pedido de uno de los alfiles de Cristina Kirchner. Puede haber sido sólo casualidad, o quizá pérdida de peso específico de la firma del senador, pero lo cierto es que el proceso no se interrumpió.
En Enarsa también avanza la privatización de Transener. La estatal tiene cerca de un cuarto de la compañía, un activo que el mercado ha tasado en alrededor de US$210 millones. En julio, el Gobierno fijó un plazo de ocho meses (se cumple en febrero) y en la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, que maneja Diego Chaher, confían en que llegarán a tiempo.
Finalmente, AySA, la joya de la corona. La empresa, que fue una máquina de absorber subsidios durante la gestión de Malena Galmarini, mujer de Sergio Massa, se convirtió en un ejemplo de equilibrio operativo desde hace más de un año. Con el aumento de tarifas, en pocos meses dejó de requerir auxilio del Tesoro.
Desde hace tiempo, ya está terminada gran parte de la estructura jurídica necesaria para la privatización. De hecho, siempre se especuló que sería la primera y que podría haber salido a la venta en el primer semestre del año. Pero, más allá de que siempre fue atractiva por la prolijidad de los números, la baja morosidad y una red a operar ya construida, desde el Poder Ejecutivo todavía no decidieron qué esquema utilizar.
Según pudo saber LA NACION, Alejo Maxit, el presidente, aguarda una definición en un par de semanas para saber si se privatiza toda, si una porción importante sale a la Bolsa o si se integra un operador, entre otras opciones. Sin embargo, fuentes al tanto del proceso juran que se venderá el 90% de las acciones, mientras que el 10% restante quedará en manos del Programa de Propiedad Participada (PPP), para los empleados.
Para que esté terminado el esquema se necesitan dos cosas. Primero, firmar el nuevo contrato de concesión, uno de los activos necesarios para la venta ya que saber en qué condiciones se explotará el servicio por una determinada cantidad de años es uno de los “bienes intangibles” que forman parte del paquete a transferir. El otro requisito es aprobar el nuevo marco tarifario. Entonces sí se podrá tasar AySA. Varios grupos se frotan las manos; el flujo que maneja la hace un bien por demás apetecible.
En todos los casos, la demora no solo se debió a alguna falta de definiciones. Por un lado, la elección; y, por el otro, el aumento de la tasa de interés, la inestabilidad cambiaria y la suba del riesgo país complicaron los planes privatizadores. Camino a la normalización económica y pasado el mojón electoral, el Gobierno se encamina a empezar con una de las promesas de campaña más resonantes que hizo sonar en su discurso. De paso, embolsará algunos dólares frescos que siempre vienen bien.
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