El Gobierno admite que los salarios formales perdieron con la inflación, pero cuestiona el termómetro de las paritarias
Los acuerdos salariales arrancaron el primer trimestre por debajo de la variación de precios; la discusión por el piso de los convenios que no captan bonos, premios ni mejoras negociadas dentro de cada empresa
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El Gobierno reconoce en privado que los salarios de los trabajadores registrados perdieron poder adquisitivo en el primer trimestre de 2026, en medio de la aceleración de la inflación, impulsada, entre otros factores, por la suba de los combustibles que produjo la guerra en Medio Oriente.
Pero al mismo tiempo retomó una discusión de fuerte contenido político: en despachos oficiales sostienen que las paritarias ya no son el mejor termómetro para medir la evolución real de los ingresos y que una parte creciente de la recomposición pasa por acuerdos dentro de cada empresa, bonos, premios por productividad y otros adicionales. Es una lógica alineada con uno de los ejes de la reforma laboral impulsada por Javier Milei y hoy frenada en la Justicia.
Más allá del debate metodológico, los datos muestran un comienzo de año adverso para los ingresos. Según estimaciones del Programa de Capacitación y Estudios sobre Trabajo y Desarrollo (Cetyd) de la Universidad Nacional de San Martín (Unsam), las principales paritarias del sector privado acordaron subas promedio de 1,7% en enero, 0,8% en febrero y 2,3% en marzo, por debajo de la inflación de esos meses, que fue de 2,9%, 2,9% y 3,4%, respectivamente.
En el centro de estudios explicaron que el relevamiento abarca unas veinte negociaciones colectivas, que representan cerca de dos tercios del empleo privado formal, por lo que funciona como una aproximación amplia al comportamiento salarial del sector.
Los datos oficiales más recientes van en la misma dirección. Según un informe de la Secretaría de Trabajo al que accedió LA NACION, el salario conformado promedio de los 27 principales convenios colectivos cayó 2% en términos reales en marzo respecto de febrero y acumuló una baja de 5% interanual frente a marzo de 2025. En siete de los últimos ocho meses se registró una pérdida de capacidad de compra promedio en esos acuerdos.
En términos nominales, el salario promedio de convenio subió 1,3% en marzo, por debajo de la inflación mensual de 3,4%. Sobre 27 convenios relevados, sólo cinco pactaron incrementos iguales o superiores al IPC de ese mes. Los otros 22 quedaron rezagados.
Sin embargo, en la Secretaría de Trabajo sostienen que esos datos no muestran toda la película. Afirman que los convenios y algunos índices salariales captan principalmente los conceptos normales y permanentes, pero no siempre reflejan bonos, horas extras, premios u otros pagos variables. Por eso ponen el foco en los registros administrativos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), que releva la remuneración efectivamente declarada por las compañías.
Los propios datos oficiales muestran esa divergencia. Con base 100 en noviembre de 2023, el salario medio del empleo privado registrado medido por el SIPA se ubicó en 103 puntos en febrero de 2026, es decir, tres puntos por encima del inicio de la actual gestión. En cambio, el Índice Salarial (IS) del Indec cayó a 96 puntos, mientras que los salarios de convenio también permanecen por debajo de aquel nivel.
La diferencia responde a qué mide cada serie. El IS releva remuneraciones regulares y permanentes, los convenios captan lo pactado en paritarias y el SIPA registra lo efectivamente declarado por las empresas, incluyendo adicionales y componentes variables. Por eso las trayectorias pueden ser divergentes.
Según la visión oficial, las paritarias fijan pisos salariales que deben contemplar la situación de firmas pequeñas o regiones más rezagadas para evitar impactos sobre el empleo. En cambio, empresas más grandes o sectores dinámicos pagan por encima de esos mínimos para retener personal calificado o premiar desempeño.
En un documento interno, la Secretaría de Trabajo sostuvo que estas caídas “confirman la necesidad de actualizar los mecanismos de negociación colectiva y permitir esquemas más flexibles, en particular a nivel de empresa”.
La heterogeneidad sectorial es marcada. Según el informe oficial, sólo un grupo reducido de convenios logró mejoras reales en el último año. Se destacan Aceiteros (+13,1%), Transporte automotor (+6,1%) y Encargados de edificio (+1,4%).
En el otro extremo aparecen sectores con fuerte peso en empleo y mercado interno: Textiles (-11,2%), Alimentación (-9,4%), Metalúrgicos (-9%), Indumentaria (-8,5%), Gastronómicos (-8,2%), Seguridad (-8,1%) y Comercio (-8%). El caso de Comercio es especialmente relevante por tratarse del convenio más numeroso del país, con más de 1,2 millones de trabajadores.
Consultoras privadas advierten que parte de esta dinámica también responde a la política oficial. Según C-P Consultora, el Gobierno intentó reinstalar una pauta salarial cercana al 2% mensual luego de un período en el que varias negociaciones habían comenzado a moverse por encima de ese nivel. La lógica sería utilizar salarios más contenidos como ancla para consolidar la desaceleración inflacionaria.
El problema aparece cuando los precios vuelven a acelerarse por encima de esa referencia. En ese escenario, los acuerdos quedan cortos y el salario real comienza a deteriorarse nuevamente. C-P marca dos ejemplos opuestos: en Camioneros, los aumentos moderados se complementaron con sumas fijas renegociadas periódicamente; en Comercio predominó un esquema de bajo impacto que derivó en una caída cercana al 8% en el primer trimestre, según la firma.
El deterioro salarial ocurre, además, en un contexto más amplio de cambios en el mercado laboral. Según la consultora MAP Latam, desde fines de 2023 el empleo formal cayó en 261.000 puestos, mientras que los trabajadores por cuenta propia crecieron en 427.000. Al mismo tiempo, la informalidad ronda el 43% del mercado de trabajo.
A eso se suma otro factor clave: el ingreso disponible. Según el Cetyd, aunque los salarios mostraron cierta estabilidad promedio durante parte de 2025, la suba de los gastos no discrecionales cambió esa lectura. La proporción del salario destinada a vivienda, tarifas, transporte y comunicaciones pasó del 31% al 40% entre noviembre de 2023 y el final de 2025, mientras que el ingreso remanente luego de cubrir esos gastos se contrajo entre 12% y 18%.
Incluso esa aparente estabilidad cambia al recalcular la inflación con una canasta de consumo actualizada en base a la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHO 2017-2018), cuya implementación estaba prevista para enero de este año y fue postergada por el Gobierno. Bajo esa metodología, el poder adquisitivo muestra una caída adicional cercana al 4%, lo que sugiere que la medición vigente subestima el impacto de tarifas y servicios.
El Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), sobre la base del Índice de Salarios del Indec, también observó deterioro reciente. Señaló que en febrero los salarios privados registrados crecieron 2,4% nominal, por debajo de la inflación de 2,9%, mientras que en la comparación interanual mostraron una caída real de 4,1%. En una mirada más larga, estimó que el poder adquisitivo de un empleado privado formal se ubica alrededor de 3,5% por debajo del inicio de la gestión de Milei y 20% por debajo del último máximo, en 2017.
La consultora ACM advirtió que una recuperación débil de la actividad o una desinflación más lenta podrían volver a limitar la recomposición salarial.
Barclays, por su parte, señaló que la debilidad del empleo en ramas intensivas en trabajo vuelve poco alentadora la mejora de los salarios reales. “Los salarios reales se encuentran en niveles históricamente bajos y eso resulta poco atractivo desde una perspectiva política”, resumió el banco británico.
El Gobierno apuesta a que la desinflación vuelva en abril, después de 10 meses sin desaceleración, y que comience un período de bonanza. Los acuerdos paritarios firmados, al momento, están por debajo de las variaciones esperadas para el IPC del Indec.
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