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El Gobierno anunció subas de tarifas por encima de la inflación
Busca sostener la desaceleración del índice de precios mientras avanza con una recomposición gradual de los servicios
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La decisión del Gobierno de postergar la implementación del nuevo IPC y la salida del ahora extitular del Indec, Marco Lavagna, se conocieron en un contexto sensible: el ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó que las tarifas de electricidad y gas aumentarán todos los meses por encima de la inflación.
El titular del Palacio de Hacienda defendió en Radio Rivadavia la decisión oficial al argumentar que cambiar la metodología del IPC en esta etapa podría alimentar sospechas políticas sobre una “inflación más baja por cambio de índice”, justo cuando el proceso de desinflación aún no está totalmente consolidado y todavía quedan correcciones de precios relativos por delante.
Caputo fue explícito: como ya hubo una fuerte recomposición, los incrementos de tarifas deberían ser “un poquito” mayores que la inflación en cada mes. Aun así, negó que se esperen saltos bruscos en las facturas, al sostener que el “aplanamiento” tarifario reduce la volatilidad entre verano e invierno y mejora la previsibilidad para los hogares.
Ese sendero de ajustes se explica, además, porque la cobertura de costos en los servicios públicos sigue siendo incompleta: hoy los usuarios residenciales pagan, en promedio, el 76% del costo de la energía eléctrica, el 61% del gas natural y apenas el 32% del transporte, mientras que el agua ya alcanza el 100%, según estimaciones de Invecq.
La postergación del nuevo IPC —que incorporará ponderadores actualizados de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares 2017/18 y daría mayor peso a los servicios— generó fuertes críticas entre los economistas.
A esas objeciones se sumó Santiago Bulat, socio y director de la consultora Invecq, quien puso el foco en el impacto tarifario y en la magnitud real de las diferencias entre metodologías. “La principal diferencia del IPC actual y el que debería actualizarse con nuevos ponderadores se dio en 2024: 117,8% contra 134,8%. En 2025, en cambio, la brecha fue de menos de un punto: 31,5% versus 32,6%”, explicó.
Según Bulat, con el índice vigente, “lo que queda por corregir de impacto directo de tarifas de luz y gas es de alrededor de cuatro puntos porcentuales en un año”, aunque advirtió que con la nueva metodología ese efecto podría ser mayor, además de los impactos de segunda ronda.
La desaceleración de la inflación es la bandera central de la gestión libertaria. Tras el pico de 211,4% en 2023, durante el último año del gobierno de Alberto Fernández, el IPC acumuló 31,5% en 2025, el registro más bajo en ocho años. Lo positivo del resultado convive, sin embargo, con una señal que genera cautela entre los analistas: la variación del IPC de diciembre fue del 2,8%, la suba mensual más alta desde abril, y consolidó varios meses consecutivos de aceleración. Para enero, las estimaciones privadas se ubicaron entre 2,5% y 2,7%. En ese marco, cualquier decisión que pueda alterar la medición oficial de la inflación se vuelve políticamente costosa.
En 2025, año de elecciones legislativas, el Gobierno moderó la recomposición de tarifas luego del fuerte ajuste aplicado en 2024, un sendero que ahora procura retomar de forma paulatina.
Las variaciones del IPC llevan casi siete meses ininterrumpidos al alza. Según explicó, las diferencias entre ambos índices serían acotadas y, en algunos meses, incluso el nuevo IPC habría arrojado variaciones menores. La prioridad, sostuvo, es evitar “dar lugar a especulación” en un momento en el que el Gobierno busca mostrar consistencia en la baja de precios.
Ese enfoque convive ahora con una definición clave en materia tarifaria. La Secretaría de Energía anunció aumentos desde febrero: en electricidad, un alza promedio de 3,59% en el AMBA; en gas, un incremento promedio nacional de 16,86%. Las subas responden a cuatro factores: la cuota mensual de la Revisión Quinquenal Tarifaria, el ajuste automático por fórmula (IPIM + IPC), la aplicación del nuevo esquema de subsidios y la puesta en marcha de un precio de gas unificado durante todo el año.
El nuevo esquema de Subsidio Energético Focalizado (SEF), que comenzará a aplicarse este mes, elimina la segmentación por ingresos altos, medios y bajos y deja solo dos categorías: usuarios con subsidio y sin subsidio. El umbral para acceder al beneficio baja de 3,5 a 3 canastas básicas totales, lo que implica que parte de los hogares de ingresos medios perderán la bonificación. Según la Secretaría de Energía, serían unas 140.000 familias; la fundación FIEL estima cifras mayores: 500.000 usuarios de electricidad y 300.000 de gas.
Para los hogares de menores ingresos, los incrementos serán significativos. La consultora Economía y Energía calculó subas de 20% en electricidad y de 23% en gas en términos reales frente a las boletas de 2025, aunque con bonificaciones estacionales que atenúan el impacto en los meses de mayor consumo.
La lógica oficial es doble. Por un lado, reducir el peso de los subsidios —del 0,65% del PBI al 0,5%— y avanzar en una mayor cobertura del costo real del servicio, que en 2026 pasará en promedio del 55% actual al 76% en electricidad y al 79% en gas. Por otro, evitar picos estacionales que se trasladen de golpe al IPC. El “aplanamiento” tarifario busca previsibilidad: subas mensuales algo mayores que la inflación, pero sin sobresaltos en invierno.
“La marcha atrás con el cambio en la metodología tiene bajo impacto en la estimación de enero y febrero, entonces solo puede entenderse si contemplamos que en los meses siguientes el aumento en los servicios públicos va a ser bastante más pronunciado. En línea con la necesidad de seguir reduciendo el peso de los subsidios en el gasto cuando el ajuste en otras partidas encontró límites y la recaudación no repunta. A su vez, respecto al esquema de precios relativos que utiliza como referencia el equipo económico las tarifas de servicios públicos están dentro de los precios que aun siguen más lejos de su valor objetivo”, señaló Claudio Caprarulo, director de la consultora Analytica.
El dilema es evidente. Con una inflación proyectada por el Presupuesto 2026 en 10,1% anual —y una meta implícita de variaciones mensuales cercanas a cero hacia agosto—, el ajuste de tarifas por encima del IPC tensiona el relato oficial. El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, en cambio, prevé una inflación de 22,5% para 2026.
En su último Informe de Política Monetaria (IPOM), el Banco Central (BCRA) explicó que el nuevo IPC reflejaría cambios significativos en los patrones de consumo, con un mayor peso de los servicios en detrimento de los bienes. Según el organismo, la actualización de los ponderadores implicaría que rubros como tarifas de servicios públicos, alquileres, expensas y otros precios regulados tengan una incidencia relativamente mayor en la medición de la inflación, mientras que alimentos y bienes durables perderán participación. En ese marco, el BCRA sostuvo que, si bien el nuevo índice modificaría la sensibilidad del IPC ante ciertos shocks de corto plazo, no debería alterar la tendencia inflacionaria de fondo, que seguirá dependiendo de la política monetaria y fiscal.
