El gobierno de Alberto Fernández pagó hasta cuatro veces más por fletes para traer billetes de Brasil, Malta y Francia
Son cifras corroboradas por la propia gestión kirchnerista en Casa de Moneda; se confirmaban compras por correo electrónico que no se daban a conocer públicamente; vuelven a aparecer operaciones controversiales con los seguros
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LA NACIONPablo Fernández Blanco
Una nueva polémica en ciernes crece sobre la administración de Alberto Fernández y de Cristina Kirchner. Según acreditan facturas, correos electrónicos y pagos contemplados en una investigación sumarial interna, Casa de Moneda pagó hasta 450% más a empresas privadas para traer billetes, tintas y otros insumos desde Malta, Francia y Brasil a la Argentina en detrimento de opciones mucho más económicas disponibles en el mercado.
Esas contrataciones están acompañadas de otra decisión que despierta sospechas. Ocurre que en muchas de esas operaciones de comercio exterior se contrataron pólizas adicionales a las de Nación Seguros —las únicas con las que debían cumplir las empresas públicas, según la normativa—, por las que la compañía del Estado debió pagar adicionalmente por un servicio innecesario.
Esta decisión generó un doble perjuicio, según surge de documentación interna de la Casa de Moneda a la que accedió LA NACION: no solo porque podría haberse ahorrado ese dinero, sino también debido a que Casa de Moneda incumplió con algunos compromisos y fue demandada en los tribunales.
La investigación, que ahora comenzó a avanzar en la Justicia, surge por una denuncia que hicieron funcionarios del gobierno anterior días antes de dejar el poder. Esa documentación que cotejó LA NACION, de hecho, tiene fecha del 30 de noviembre de 2023. Diez días después, Javier Milei asumía la Presidencia.
El problema del dinero
Por la negativa a lanzar un billete de mayor denominación bajo el supuesto de que una decisión de ese tipo convalidaría la alta inflación de la Argentina, el gobierno de Alberto Fernández se quedó sin capacidad de producción local para abastecer toda la demanda del país. Eso lo obligó a importar billetes de otros lugares, que en muchos casos vinieron en avión.
En medio de la tensión creciente entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner, que tuvo entre sus consecuencias el ascenso de Sergio Massa al Ministerio de Economía, el 23 de enero de 2023 llegó como presidente a Casa de Moneda Ángel Mario Elettore. Reemplazó a Rodolfo Gabrielli, exgobernador de Mendoza e histórico dirigente del justicialismo provincial.
Massa había dispuesto el cambio de Gabrielli por los malos resultados de la imprenta pública que, entre otras cosas, se encargaba de fabricar billetes, las chapas patente para los autos y las estampillas de los cigarrillos. Con un llamado telefónico, le ofreció el puesto a Elettore, un contador a quien se había cruzado mucho tiempo antes por los caminos de la función pública.
El primer contacto de Elettore con la política fue indirecto. Arrancó como contador del exgobernador de Córdoba José Manuel De La Sota, de quien luego fue secretario y ministro de Finanzas. También cumplió ese rol con Juan Schiaretti.
Sorprendido por el enorme déficit que tenía la empresa cuando llegó, Elettore -que también funcionó como guiño de Massa al cordobesismo político de Schiaretti en su fallido plan presidencial- pidió el 13 de marzo de 2023 la “apertura de todos los números”, según figura en los documentos que vio LA NACION.
El trabajo apunta a las contrataciones de vuelos de Casa de Moneda a través de tres empresas: Oceanic Business, Megafreight SRL y Megafreight USA. LA NACION intentó comunicarse con sus representantes por distintos medios, pero no tuvo éxito.
Alimentó las sospechas iniciales el hecho de que las primeras averiguaciones de las autoridades detectaron “consecutividad [SIC] en la numeración de las facturas”. Eso abre la posibilidad de que algunas de esas firmas —no se especifica cuáles— podrían haber tenido como cliente casi exclusivo a la imprenta del Estado.
Si la sospecha se c onvierte en corroboración, podría surgir una línea de investigación para determinar si su principal finalidad era realizar operaciones consideradas sospechosas con una empresa pública.
Se trata, además, de compañías que no tenían legajo de proveedor ni evaluación económico-financiera en Casa de Moneda, a diferencia de cualquier otro proveedor regular.
La segunda averiguación de la auditoría es la más importante. Sostiene que los precios facturados podrían “no reflejar los valores de mercado”.
Casa de Moneda no dio a conocer las cuestionadas cotizaciones a las que cerró las operaciones en ningún medio de acceso público, pese a que la burocracia estatal tiene mecanismos para eso, como la plataforma Comprar o las páginas web de los organismos, algo que en otras ocasiones hizo esta compañía.
En cambio, se solicitaba a algunas de las empresas mencionadas la cotización para el traslado de bienes o insumos mediante correos electrónicos. La operación se confirmaba por la misma vía y sin autorización del directorio, pese a los altos montos que involucraban.
Los aviones de la polémica
Los documentos internos apuntan a tres rutas aéreas sospechosas. Una de ellas es la de Malta-Ezeiza. Entre los proveedores de billetes de la Argentina estuvo la denominada Fábrica Nacional de Moneda y Timbre de España (FNMT) —se hizo popular en la serie La casa de papel—, que tiene justamente una planta en ese país del Mediterráneo.
Los registros de Casa de Moneda indican que la empresa le pagó en el año 2022 US$1.050.000 por ese tramo a la empresa Fracht FWO Inc. por distintos viajes, mientras que el valor de mercado era de US$625.000. El sobrecosto es de US$425.000.
Más tarde y con la siguiente administración kirchnerista en la imprenta pública, Aerolíneas Argentinas cobró por el mismo servicio US$489.500, siempre según las averiguaciones que hizo la gestión saliente.
Una situación similar se repitió en el caso del tramo París-Buenos Aires, con números idénticos en todos los casos, de acuerdo con la documentación que maneja la empresa pública.
El ejemplo más exagerado es el flete desde Brasil. Si bien los documentos que vio LA NACION no especifican la ciudad de origen, se trata de Río de Janeiro, donde está ubicada la Casa de Moneda de ese país, también proveedora en el pasado de la Argentina.
El tramo “Brasil”-Ezeiza tenía un costo de mercado de US$69.050, pero Casa de Moneda recibió y convalidó una factura de US$381.100. Es un sobrecosto de US$312.050. Es decir, se pagó por un vuelo lo que habrían salido más de cinco, o un sobreprecio de 451%.
En ningún caso el informe menciona a las condiciones particulares que implicó para el comercio internacional la pandemia como un atenuante de los hechos que menciona.
Elettore dio por tierra con esas contrataciones. En abril de 2023, cerró un contrato con Aerolíneas Argentinas por la ruta Malta-Ezeiza para transportar 30.276 kilos a US$449.000, lo que implicaba un valor de US$14,83 por kilo. Es casi la mitad de lo que se había desembolsado antes por un servicio similar.
Una parte importante de las sospechas apuntan a la ruta con Brasil. Según la auditoría de Casa de Moneda, Aerolíneas Argentina le informó en aquel momento precios de US$3,03 por kilo.
En cambio, de las facturas de Megafreight USA se desprende que el valor por kilo varía entre los US$17,93 y los US$22,41.
La gestión dispuesta por Massa, en cambio, empezó a traer billetes por barco.
El informe menciona, entre otros, a Ariel Serafín Spataro, quien fue gerente de Administración y Finanzas de Casa de Moneda entre febrero de 2021 y abril de 2023, es decir, hasta que se cerró el convenio con Aerolíneas.
La auditoría sostiene que el exfuncionario suscribió documentación con Megafreight “no existiendo el proceso de separación de funciones, control por oposición, entre otros”. Elettore lo despidió en medio de modificaciones en el área de Comercio Exterior.
LA NACION intentó comunicarse con Spataro mediante la red social LinkedIn, pero no tuvo respuesta hasta el momento de publicación de esta nota.
Seguros innecesarios
Los manejos cuestionables con los seguros que sacuden a la administración anterior volvieron a la escena en Casa de Moneda, pero ahora, de una forma distinta al escándalo que involucra a Alberto Fernández.
El expresidente es investigado por presuntas irregularidades en la contratación de ese servicio para los organismos públicos. En 2021, firmó un decreto que obligaba a las dependencias del Estado a contratar a Nación Seguros S.A., que a su vez subcontrataba a intermediarios. Entre ellos, Héctor Martínez Sosa, cuya esposa, María Cantero, era la secretaria del expresidente. Esa olla fue destapada por el cordobés Osvaldo Giordano en su paso por Anses. Es irónico que otro cordobés, Elettore, haya detectado maniobras sospechosas con el mismo tema.
En el caso de la imprenta pública, el cuestionamiento interno es que ya tenía pólizas con Nación Seguros para el transporte internacional. Pese a eso, en las contrataciones con Oceanic Business, se sumó otro seguro internacional.
Entre febrero de 2022 y abril de 2023, la empresa pública pagó $24,24 millones por ese servicio, en principio, innecesario.
Otro de los puntos sospechosos que señala el informe interno habla de un cambio en la reglamentación que le abrió la puerta a las operaciones comerciales cuestionadas desde noviembre de 2021.
Otra vez, se trata de una dinámica comparable con la del escándalo por los seguros, que en el caso de Casa de Moneda implicó una modificación reglamentaria.
Hay más datos sorprendentes. En el caso de las empresas mencionadas más arriba, encargadas de transportar billetes, tintas y otros bienes, principalmente desde Europa y Brasil, las contrataciones, por miles de dólares, fueron formalizadas por correo electrónico desde el área de Comercio Exterior de Casa de Moneda.
La inquietud surgió, entre otras cosas, porque la gestión posterior a la de Gabrielli —que no es acusado formalmente en ningún lugar de la auditoría— comenzó a resolver esos servicios mediante licitaciones públicas y obtuvo una rápida reducción cercana al 30% en los valores que pagaba.
Con base a la información recabada, la auditoría de Casa de Moneda determinó la “posible existencia de irregularidades relacionadas con las operaciones internacionales” debido a que la información disponible permite sostener que los “precios abonados” para el traslado desde o hacia las instalaciones de la imprenta pública que involucró a países como Brasil, Italia, Alemania, España y Francia al menos durante el período que va desde febrero de 2022 y llega a 2023, difieren sustancialmente de los valores de mercado.
La conclusión de la auditoría anticipa lo que ocurrió después. El documento aconsejó hacer una denuncia penal. Pocos días antes del cambio de la toma de mando de Javier Milei, Elettore ordenó presentar la denuncia en la Justicia. Antes, lo había hablado con Massa, que acompañó la decisión. E incluso las terminales libertarias que se pusieron en contacto con Casa de Moneda para tratar el traspaso recomendaron hacer la denuncia.
Está en el juzgado Federal 3, de Daniel Rafecas, y comenzó a moverse. Uno de los últimos pasos fue el pedido del fiscal Eduardo Taiano a una empresa de comercio exterior para conocer información sobre precios históricos del transporte aéreo en los años de las sospechas.
La denuncia original se presentó para que se haga responsable penalmente “a quien corresponda”, sin mencionar específicamente a ningún funcionario.
Las gestiones que pesan sobre Casa de Moneda determinaron una parte de su presente. Afectada por un importante quebranto financiero, el Gobierno, que es contrario a tener empresas públicas, dispuso que deje de fabricar billetes en octubre del año pasado.
Además, avanzó el retiro voluntario y en el horizonte está su posible cierre. Sería el fin de una historia que arrancó en 1875, cuando fue creada, durante la Presidencia de Nicolás Avellaneda.
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