El gobierno de Tucumán se declaró en default
Hoy dictó un decreto de necesidad y urgencia suspendiendo por 90 días el pago de sus títulos públicos
El gobierno de Tucumán se declaró en cesación de pagos al dictar un decreto de necesidad y urgencia suspendiendo por 90 días el pago de sus títulos públicos. Esta medida significará una disponibilidad de fondos de alrededor de 6 millones de pesos en el próximo trimestre, plazo durante el cual vencerán los Bonos Solidarios, entregados originalmente a empleados públicos, y los Títulos Independencia, primera y segunda serie, en manos de proveedores del Estado y acreedores varios.
La medida no tiene un alto impacto en la ciudadanía en general, ya que los papeles fueron concentrados en manos de algunos inversores bursátiles, que los compraron con un fuerte desagio, en algunos casos superior al 30 por ciento, de sus tenedores iniciales.
El grueso de los títulos fueron emitidos en gestiones anteriores a la del gobernador Julio Miranda.
El decreto se fundamentó en la situación de crisis nacional, y con el objetivo de priorizar el pago de sueldos y obligaciones salariales con los empleados públicos y los compromisos indelegables del Estado, según señalan los fundamentos de la norma.
La Legislatura provincial tiene previsto sesionar el sábado para ratificar este decreto y para prorrogar la Emergencia Económica de la provincia a fin de mantener la inembargabilidad de las cuentas públicas. Otras medidas de ajuste que continuarán vigentes en el 2002 serán el pago del 20 por ciento de los sueldos a los estatales con tickets canasta y la suspensión del reconocimiento por la antiguedad.
Miranda inició negociaciones en forma personal con el presidente Adolfo Rodríguez Saá para el envío de 70 millones de pesos en los nuevos billetes argentinos, para cancelar la deuda que mantiene la Nación con Tucumán. Esta remesa serviría para retirar de la plaza local los Bonos de Cancelación de Deudas Provinciales, que reemplazaron en el circulante casi todo el efectivo.
La deuda acumulada se originó en diferencias impagas de la coparticipación federal, de los planes sociales y del Pacto Social firmado durante la gestión de Fernando de la Rúa y Domingo Cavallo.
Fuente: DyN