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El Gobierno dispuso una solución transitoria a una fuerte amenaza que enfrentan clínicas y centros de salud
Por resolución de Economía, se prorrogó la suspensión del inicio de ejecuciones de ARCA para cobrar deudas a entidades sanitarias; las obligaciones impagas se acumulan desde 2002 y en el sector piden, como salida de fondo, poder compensar sus saldos de IVA a favor
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LA NACIONSilvia Stang
A dos décadas y media del inicio de la emergencia sanitaria que les dio a las clínicas y centros privados de salud un paraguas protector contra ejecuciones por deudas fiscales, el Gobierno prorrogó una vez más la suspensión del inicio de juicios, por parte de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), en reclamo por obligaciones tributarias y de la seguridad social impagas.
La imposibilidad de iniciar juicios de ejecución fiscal y de trabar medidas cautelares ante las deudas acumuladas durante años por unas 5000 entidades -según el número estimado por el sector-, fue extendida hasta 31 de julio de 2026, de acuerdo con la resolución 2109/25 del Ministerio de Economía y la resolución 5806/25 de ARCA, que fueron publicadas en las últimas horas en el Boletín Oficial. La medida aún vigente vence mañana, 31 de diciembre, y por eso desde el sector se esperaba alguna medida urgente.
Referentes de la actividad de prestación de salud recibieron la novedad con alivio. Sin embargo, en el sector hay quienes ven cada vez con mayor preocupación que periódicamente la salida sea solo la prórroga del paraguas protector contra las ejecuciones, sin que se defina alguna solución de fondo para la irregularidad que arrastra tantos años.
“Es una solución transitoria, bienvenida y necesaria hasta encontrar una manera de resolver el problema de fondo”, resumió Hugo Magonza, presidente de la Unión Argentina de Salud (UAS), quien recordó que las deudas se siguen acumulando, sin ser condonadas.
Desde el inicio de la declaración de la emergencia sanitaria que siguió a la crisis de 2001, las clínicas, sanatorios, hospitales privados y centros de diagnóstico pueden dejar de pagar obligaciones con el fisco nacional, sin quedar por ello expuestas a juicios y embargos. La emergencia iniciada en 2002 continuó, varias prórrogas mediante, hasta diciembre de 2023. Y a partir de allí hubo resoluciones de Economía disponiendo reiteradas veces la suspensión del inicio de las ejecuciones de deuda y de trabas de medidas cautelares.
La propuesta del sector
Desde la asociación de prestadores de salud Adecra+Cedim, se presentó hace un tiempo una propuesta de consolidación de deudas entre el sector y el Estado. Esa iniciativa busca que se contemplen, por un lado, las obligaciones impositivas impagas (algunas de larga data) y, por el otro, los saldos que las entidades afirman tener a su favor (acreencias con el fisco), al no poder descargar el IVA pagado en sus compras, dado que las entidades a las que proveen, obras sociales y prepagas, están exentas o pagan una alícuota reducida.
La propuesta incluye que, más allá de esa consolidación de montos históricos, se disponga de manera permanente que los créditos fiscales por IVA puedan utilizarse para saldar obligaciones de la seguridad social.
El economista Jorge Colina, economista de Idesa y especialista en economía de la salud, afirma que no es posible saber cuál es hoy la deuda total acumulada. Agrega que ARCA debería determinar ambos números, el de las contribuciones no pagadas por las entidades y el del IVA crédito, y aprobar una normativa para la consolidación. Pero una medida de esas características no llega, y, en cambio, se aprueban recurrentemente prórrogas: “Creo que es la zona de confort el prorrogar indefinidamente la solución del problema”, considera el economista.
“La deuda con el fisco actualizada a la fecha, luego de mas de 20 años es no solo incalculable, sino también impagable", sostiene Jorge Cherro, presidente de Adecra. Y agrega que si dispusiera sin más la exigencia de saldar todo lo adeudado, “sería literalmente el quiebre generalizado del sector prestador privado, que es un eslabón determinante del sistema sanitario argentino, donde se atienden dos de cada tres habitantes de nuestro país”. Se trata de entidades que dan prestaciones a pacientes del PAMI, de obras sociales nacionales y provinciales, y de empresas de medicina prepaga.
Un año atrás, a la par de disponerse una prórroga de la medida entonces vigente sobre la suspensión de las ejecuciones, se aprobó un régimen especial de facilidades de pago de deudas con ARCA para un grupo de contribuyentes, entre ellos, las empresas y entidades de la actividad sanitaria. Sin embargo, fuentes del sector advirtieron ya en ese momento que esa no iba a ser una solución para la crisis, y señalaron que en la salida debería considerarse los “saldos técnicos del IVA”.
“Salvo las prepagas por sus asociados voluntarios -menos de 2 millones de personas sobre un total de alrededor de 34 millones que se atienden-, que tiene una alícuota reducida (10,5%), el resto de nuestros clientes está exento del IVA -afirma Cherro-. Sin embargo, nuestras compras de bienes y servicios no están exentas”. Esa situación hace que se genere un stock de IVA crédito fiscal. “Si no se genera débito fiscal, no se puede usar el crédito fiscal, que se transforma en una pérdida”, completa el presidente de Adecra.
Una cuestión paradójica
Para Cherro, “es una verdadera paradoja que un sector que está en emergencia por un lado, por el otro esté generando importantes excedentes de recursos de los que se apropia el Estado", que a su vez “tiene las herramientas” para solucionar el problema ya enraizado, algo que requiere de “voluntad política y creatividad”.
La cuestión impositiva es uno de los varios factores citados por los prestadores a la hora de enumerar los que afectan su situación económica desde hace muchos años. Otras cuestiones son los costos crecientes por la inflación y las devaluaciones recurrentes, las mayores exigencias prestacionales dispuestas por leyes sin previsión de financiamiento, la litigiosidad y el retraso en el valor de los aranceles pagados por los financiadores (obras sociales, PAMI y prepagas).
En las últimas décadas, todo ello tuvo sus ecos en situaciones que impactan sobre los pacientes: demoras para conseguir turnos, salidas de profesionales de las cartillas, cobro o intentos de cobro de copagos o bonos contribución no previstos en los contratos, e interrupciones de servicios a causa de reclamos sindicales por mejores ingresos laborales.
