El Gobierno eliminó la declaración jurada para importadores de textiles, prendas y calzados

La apertura comercial fue un tema central en la plataforma electoral de Javier Milei, que se centró en la quita de limitaciones a la importación y exportación de productos. En consonancia con esto, el Gobierno anunció hoy la que se eliminará la Declaración Jurada de Composición de Producto (DJCP) que debían completar los importadores de textiles, prendas y calzados.

Es una nueva resolución que también establece que las etiquetas deberán proporcionar la información en castellano, que será opcional que estas identifiquen al exportador, y que el nombre del importador puede sustituirse por la Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT). Esto implica que lo que se deroga es el proceso, mientras que se mantiene la ley de etiquetado.

“Esta era una regulación de muchísimos años en realidad, porque estaba atada a lo que fue el inicio del régimen del etiquetado de los productos. Lo que establecía era que importadores y productores tenían que ingresar al sistema Sisco [Sistema Integrado de Comercio Exterior] y cargar la información relativa a los productos que iban a importar antes de que se oficialice la licencia”, explicó Esteban Marzorati, subsecretario de Comercio Exterior, en diálogo con LA NACION.

Todos estos datos (exportador, importador, materiales, y otros) “viajaban” a la Secretaría de Comercio Exterior, o a la Subsecretaría, que tenía que aprobar la declaración para oficializar la licencia. “Si no obtenías la aprobación, no podías avanzar con la presentación de la licencia. Esto generaba incertidumbre, opacidad en el proceso, falta de previsibilidad, porque sin la aprobación no se importaba”, agregó.

Según el sitio oficial del gobierno, la obligatoriedad de completar la declaración jurada representó, además, un costo de cinco millones de dólares anuales, y generó un millón de trámites el año pasado solamente. En este sentido, el anuncio publicado en el Boletín Oficial establece que se apunta a “simplificar y reducir los trámites administrativos, a fin de lograr una mayor fluidez y facilidad en la operatoria comercial”.

Sobre la cuestión operativa y temporal, Marzorati comentó: “En muchísimas importaciones la cantidad de ítems es muy grande. Hay importaciones de 400, 500 ítems. Había gente cargando información durante días. Encima eran datos redundantes, porque el régimen de etiquetado lo seguías teniendo. No tenía mucho sentido”. La redundancia se generaba porque la declaración jurada exigía datos que ya estaban incluidos en las etiquetas.

Otro inconveniente que podía generar la obligatoriedad de llenar la DJCP era que la Secretaría de Comercio podía requerir a las empresas ensayos técnicos de sus productos en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), que implicaba una demora de no menos de 60 días y un costo de hasta 100 dólares.

“Había que tomar muestras de todos los productos incluidos en la declaración, ir al INTI, entregarlos y que el instituto ratifique y valide que lo que se declaró era correcto”, comentó el subsecretario, y agregó que esta etapa terminó siendo, muchas veces, arbitraria. “No fluía, tardaba mucho y terminaba siendo un sesgo antiimportador”, aseguró.

Además, la “simplificación” que pretende la nueva medida está en línea con el acuerdo de facilitación del comercio establecido en 2017 por la Organización Mundial de Comercio (OMC), que se ocupa de garantizar los intercambios comerciales. El acuerdo, suscrito por la Argentina, pretende entre otras cosas reducir el tiempo que se necesita para operar.

“Poner barreras al comercio y tener un sesgo antiimportador termina siendo algo que no beneficia al país. Influyen en los tiempos y costos de las empresas, y tienen consecuencia en el consumidor. La resolución es una medida más de las que venimos tomando para quitar las barreras y los absurdos que había en el comercio”, concluyó Marzorati.

LA NACION

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