El Gobierno le ordenó a YPF no revelar todo el contrato con Chevron

Un espectador desprevenido difícilmente hubiese comprendido el episodio que ocurrió anteayer por la tarde en el piso 33° de la torre de YPF, en Puerto Madero. Desgastado por las idas y venidas que sufrió en las últimas semanas, el presidente y CEO de la petrolera, Miguel Galuccio, le dijo al directorio que aceptaba entregarle a la Justicia, tal como ordenó la Corte Suprema en noviembre del año pasado y volvió a confirmar la jueza Cristina Carrión de Lorenzo esta semana, el polémico contrato con la norteamericana Chevron.

Era la primera vez que el número uno de la petrolera se mostraba a favor de esa decisión. Pero chocó con los intereses de los directores que puso en la empresa la administración de Mauricio Macri, cuyos funcionarios criticaron cuando eran oposición el secreto en el que se mantenía el acuerdo, y ahora tienen una posición contraria a la divulgación.

Ambos lados tienen argumentos atendibles: aunque quería quedarse, Galuccio dejará la conducción de la empresa en abril por orden del Gobierno, que ahora se muestra preocupado porque las decisiones de la Justicia puedan afectar la llegada de inversiones.

En el entorno de Galuccio sostienen que se cansó de dar explicaciones sobre un acuerdo que considera exitoso. Para terminar con la polémica, estaba dispuesto a entregárselo a la jueza, que a su vez debe facilitárselo al socialista Rubén Giustiniani, quien inició la demanda.

Pese al cambio de actitud de Galuccio, los representantes del Estado se mostraron reacios a dar a conocer el convenio firmado durante la presidencia de Cristina Kirchner. Ese grupo estuvo liderado por Miguel Gutiérrez, el futuro presidente de la empresa; Carlos Felices, Daniel Montamat y Emlio Apud, entre otros.

Al ver el clima adverso, Galuccio optó por plegarse a la mayoría, contraria a la difusión total del contrato. El directorio de YPF tomó así una postura unánime: entre hoy y mañana apelará la decisión de Carrión de Lorenzo, que le ordenó esta semana ejecutar el fallo de la Corte Suprema que obliga a revelar la totalidad del convenio.

La negativa de los directores del Estado está en línea con el rechazo a la difusión del contrato que plantearon funcionarios de Macri. La directora de la Oficina Anticorrupción (OA), Laura Alonso, sostuvo la semana pasada: "Me informé mejor sobre el contrato YPF-Chevron y por eso cambié de opinión", e insistió con que hay que "tener conciencia de qué compañía es YPF y cómo funciona" el negocio petrolero internacional.

Cuando era diputada, Alonso había publicado en su cuenta de Twitter en 2013: "Secreto no es la regla en democracia. El acuerdo con Chevron empieza mal: no es público. Corre frío por la espalda, ¿no?".

"Los contratos de petroleras tienen cláusulas de confidencialidad en los países más transparentes del mundo", sostuvo. "Es como pedirle a Coca-Cola que haga pública su fórmula. El daño irreparable que le puede generar a YPF, que además es una compañía que cotiza en la Bolsa de Nueva York y está sometida a regulación internacional de transparencia, me parece que podría ser grave", agregó.

El ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, expresó días atrás en una entrevista radial: "Respeto la decisión de la Corte Suprema de Justicia. Entre dos derechos, el de acceso a la información pública y el de mantener la confidencialidad de información entre privados, privilegió un derecho y eso es respetable. Si usted me pregunta a mí si yo suscribo, le diría que no", cuestionó.

La apuesta oficial es que la disputa vuelva eventualmente a la Corte, que en el futuro tendrá dos nuevos miembros, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti, ambos propuestos por el Gobierno.

La empresa difundió ayer oficialmente su decisión. "YPF informa que, previo análisis y decisión por parte de su nuevo directorio y en salvaguarda del interés público y el de sus accionistas (públicos y privados), decidió recurrir la resolución emitida por el juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 7 por la cual se dispuso la entrega, sin más, del contrato con Chevron", sostuvo.

Según la empresa, la resolución del juzgado no tuvo en cuenta el pedido de audiencia que efectuó YPF y no estableció recaudos que impidan la divulgación de información con valor geológico, comercial, técnico e industrial. "La ausencia de dichos recaudos, previstos en el régimen de Acceso a la Información Pública, coloca a YPF en una situación de desventaja competitiva con consecuencias adversas para el desarrollo de Loma Campana y futuros proyectos de la compañía", cuestionó. Y agregó que la empresa "demostró en reiteradas oportunidades y con diversos instrumentos su buena predisposición y transparencia para ampliar el conocimiento que se tiene sobre este acuerdo. Incluso generó, en más de una oportunidad, instancias de audiencia con los interesados para que puedan conocer el alcance y las características del contrato. Por esta razón, entiende y lamenta que podría haber una voluntad de utilizar este contrato con fines políticos, sin importar los daños que se generarían por dicha situación a YPF y a futuros proyectos de inversión de petróleo y gas en el país". Según la empresa, Chevron invirtió US$ 2500 millones en el proyecto hasta ahora.

El acuerdo de la polémica

• En julio de 2013 YPF y Chevron firmaron un convenio para producir petróleo y gas en Vaca Muerta
• La oposición reclamó conocer el acuerdo, pero la empresa y el gobierno de Cristina Kirchner lo rechazaron
• Ahora la administración de Mauricio Macri tiene una mirada similar a la de su antecesora

Por Pablo Fernández Blanco

• YPF estatal

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