El Gobierno modificó un subsidio para eliminar “cajas negras” de obras sociales

Dar más a los que menos tienen suele ser la lógica aplicada para diseñar la distribución de un subsidio. En servicios públicos, por ejemplo, funciona con la regla de que a menores ingresos de los hogares, mayor subsidio en la tarifa. Dicho mecanismo en el mundo de las obras sociales podría aplicarse como: menos afiliados que significan menos ingresos, ameritan más fondos del Estado. Ese era el propósito de las transferencias automáticas de más de $210.000 millones de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) a dichas entidades. Sin embargo, el Gobierno realizó un cambio en el cálculo de esos fondos con el objetivo de eliminar “cajas negras” de organizaciones que, según fuentes oficiales, “se hacían pasar por obras sociales para cobrar subsidios del Estado”.

El fondo en cuestión es el Subsidio de Mitigación de Asimetrías (SUMA), administrado por la SSS, que trabaja en la órbita del Ministerio de Salud. Según proyecciones oficiales, este año repartirá $210.536 millones entre las 291 obras sociales que existen en el país. Todas ellas nuclean a 14.710.625 afiliados que no se distribuyen de manera pareja entre las distintas entidades. De hecho, 84 obras sociales, es decir, el 28,8% de las organizaciones, tienen menos de 5000 socios. Para ser exactos, registran 205.336 afiliados, que representan al 1,39% de los afiliados de todas las obras sociales.

Las obras sociales con esta porción de beneficiarios, que no supera al 2% del total, recibían el 11,7% del dinero que distribuía el Gobierno en concepto del Subsidio de Mitigación de Asimetrías.

Además, falta documentación. “No hay un solo papel”, describieron desde la Superintendencia de Salud en relación con presentaciones de información contable y patrimonial, tal como regula la ley 23.660. Esto significa que no se encontraron elementos que permitan asegurar que hubo control y fiscalización de lo que hacían las entidades con el dinero recibido de parte del Estado. En consecuencia, aseguraron en el organismo rector del sector privado de la salud que lanzaron una serie de auditorías para estudiar la ruta de los subsidios.

En el Decreto 355/2024 el Gobierno cambió la fórmula que calculaba los fondos que le correspondían a cada obra social. Según un comunicado oficial, este subsidio “se distribuirá en forma directamente proporcional al número de afiliados”. Esto implica que el monto correspondiente a cada entidad dependerá 100% de la recaudación mensual de los aportes del afiliado y no del 80%, como era antes.

En consecuencia, estas 84 obras sociales con menos de cinco mil afiliados pasarán a recibir un 89,5% menos y las que más beneficiarios registran subieron el monto de subsidio percibido, de acuerdo con proyecciones realizadas por el Gobierno.

Dentro de las obras sociales que empezaron a absorber menos fondos se encuentran entidades vinculadas a sindicatos dirigidos por miembros del consejo de la CGT. LA NACION intentó contactarse con el secretario de Acción Social de la CGT y supuesto nexo entre el Gobierno y las obras sociales, José Luis Lingeri, pero no respondió mensajes y rechazó las llamadas.

Las obras sociales que sufrieron una mayor pérdida de dinero recibido en concepto de este subsidio, más de $100 millones mensuales cada una, son las de Modelos Argentinos, Personal de Dirección de la Industria Maderera y Conductores de Remises y Autos al Instante y Afines. Otro dato llamativo es que la Asociación de Obras Sociales de Rosario solo registra seis afiliados, según datos oficiales. Si se tuviera en cuenta la cantidad de plata que dejaron de percibir las 84 entidades con menos de cinco mil beneficiarios, la proyección del Gobierno indicaría que perdieron, entre todas ellas, $1.839 millones por mes.

Desde el Ejecutivo explicaron que el decreto no quitó recursos para la salud privada, sino los reorganizó. Incluso argumentaron que el cambio en la distribución del subsidio no buscó confrontar con obras sociales ni sindicatos sino contra lo que denominan “sellos de goma”. Esta es la forma con la que el oficialismo decidió nombrar a las entidades que más fondos recibían pese a la baja masa de afiliados que presentan. Consultados sobre la presentación de alguna denuncia judicial, respondieron que podría encuadrarse bajo la figura de supuesta defraudación al Estado, aunque todavía lo analizan.

Por Ignacio Grimaldi

• Comunidad de Negocios

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