El Gobierno pagó US$ 677 millones por juicios perdidos ante el Ciadi

Con dos resoluciones, Economía normalizó la situación con cinco grupos empresarios, la mayoría de los cuales había comprado la deuda a menor precio; acordó una quita del 25%
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19 de octubre de 2013  

Mediante dos resoluciones que se publicaron ayer en el Boletín Oficial, el Gobierno oficializó el pago a cinco grupos privados que litigaban contra el país en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), una dependencia del Banco Mundial (BM) encargada de dirimir las disputas entre Estados y compañías privadas.

El monto total a desembolsar por parte de la Argentina es de 677 millones de dólares. Para hacerle frente, fue necesario ampliar la deuda del Estado en 3000 millones de pesos, algo que obligó a realizar una nueva modificación del presupuesto nacional.

Las empresas favorecidas por el acuerdo son Blue Ridge (titular del reclamo de CMS Gas), CC-WB (titular del reclamo de Continental Casualty Co.), Vivendi (Aguas del Aconquija) y Azurix Corp (todas ellas recurrieron al Ciadi). También entró en el convenio NG-UN Holdings, tenedora del litigio de National Grid, que reclamó ante la Uncitral.

En casi todos los casos, el pago se realizará a empresas que funcionan de un modo similar al de los denominados "fondos buitre", blanco habitual de críticas por parte de la presidenta Cristina Kirchner y de su Gabinete. Sucede que estos grupos compraron juicios ganados por las empresas que, debido a su dificultad de cobro, los vendieron a un valor menor. Por caso, Blue Ridge se quedó con la demanda de CMS, ex accionista de Transportadora Gas del Norte (TGN), mientras que NG-UN Holdings compró el reclamo de la eléctrica inglesa National Grid, ex dueña de Transener, la compañía de transporte eléctrico más grande de la Argentina.

Recuerdo de la crisis

También en la mayoría de los casos, los juicios contra la Argentina tuvieron como principal argumento el rompimiento de los contratos que sobrevino tras la crisis de 2001, cuando el país pesificó, devaluó y congeló las tarifas de servicios públicos.

Ayer, el Ministerio de Economía publicó la resolución 598/2013 suscripta por su titular, Hernán Lorenzino, mediante la cual se aprobó el "modelo de acuerdo sobre laudos firmes dictados por tribunales arbitrales", en el marco del Ciadi y el Reglamento de Arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (Cnudmi-Uncitral).

Según el comunicado difundido por el Palacio de Hacienda, "la quita fijada en valor nominal a todos los acreedores por igual representa un 25% respecto del monto originalmente reclamado, equivalente a un ahorro fiscal de 171 millones de dólares".

La instrumentación de los acuerdos supone la cancelación de los montos a plazo mediante la entrega de una combinación de bonos Bonar X para el capital y Boden 15 para los intereses, a una tasa del 7% anual.

A cambio del pago, el Gobierno consiguió que las firmas beneficiadas se comprometan a suscribir Baade, el bono para inversiones en infraestructura y energía que se creó en el marco del plan de blanqueo de capitales. Esa operación se realizará en efectivo por el 10% del monto total reclamado, equivalente a 68 millones de dólares. Por otra parte, a través de la resolución 830, que firmaron Lorenzino, y el jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, se amplió en 3000 millones de pesos la deuda del Estado nacional para hacer frente a los laudos, mediante una modificación del presupuesto.

Abal Medina subrayó que "es clarito" que "el camino" es "retirarse" de los Tratados Bilaterales de Inversión (TBI), firmados en los años 90 para atraer capitales, y "escapar de ese tipo de mecanismos que atan los destinos argentinos a tribunales de otros países". Será una tarea difícil de cumplir, dado que la mayoría de los grandes acuerdos comerciales se realizan, por lo menos en parte, sobre la base de la legislación norteamericana y establecen un tribunal fuera del país para la solución de eventuales diferencias. Un ejemplo es el convenio que firmó YPF con Chevron, por US$ 1340 millones, que establece a Francia como el lugar de constitución de un órgano arbitral.

El funcionario agregó que "en este caso había sentencias firmes que venían de hacía rato y venían complicando cuestiones vinculadas al Banco Mundial" y sus préstamos, sostuvo.

El final de una historia que comenzó hace una década

Los juicios contra el Estado comenzaron tras la crisis de 2001

  • "En este caso [por los acuerdos con cinco firmas para pagar 677 millones de dólares] había sentencias firmes que venían de hace rato y venían complicando cuestiones vinculadas al Banco Mundial."
  • "Todo lo que se ha hecho fue para retirarnos de este tipo de tratados [de protección recíproca de inversiones, firmados en los años 90], el camino es clarito, clarito."

    Juan Manuel Abal Medina // Jefe de Gabinete
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