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El Gobierno reestatizó el astillero naval Tandanor
La ministra de Defensa, Nilda Garré, dijo que será por decreto; sorpresa entre trabajadores
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LA NACIONDiego Cabot
Cuando se publique el decreto en el Boletín Oficial, el Gobierno habrá sumado una compañía más al portafolio de empresas públicas. Ayer el presidente Néstor Kirchner anunció que volverá a la órbita del Estado el astillero Tandanor, privatizado en 1991 y después gerenciado por los trabajadores después de que quebrara el accionista mayoritario.
El Presidente firmó ayer un decreto de revocación de la decisión adoptada en 1991 por el entonces gobierno de Carlos Menen de vender el 90% de las acciones de Tandanor a la sociedad Industria Dársena Norte (Indarsa).
El anuncio corrió por cuenta de la ministra de Defensa, Nilda Garré, que dijo que el decreto "deja sin efectos la licitación y encomienda" a su cartera "tomar posesión inmediata de los astilleros, reorganizarlos e instrumentar un programa de propiedad participada" con los empleados.
Garré calificó la privatización de "una operación vergonzosa" y señaló que hubo "vicios notorios y manifiestos" en el proceso de licitación para la privatización de los astilleros, que supusieron bajar el precio de venta, pactado inicialmente en 168 millones de dólares, a 59,7 millones.
Actualmente, Tandanor tiene un plantel de 381 trabajadores y no recibe subsidios estatales para funcionar. Sin embargo, por cuarto año consecutivo, el astillero terminó el ejercicio con ganancias después de facturar 55 millones de pesos.
La ministra detalló que Indarsa sólo abonó una primera cuota -por US$ 7 millones-, y que en ese momento el Estado, en vez de rescindir la operación por la falta de pago, ejecutó los distintos pagarés y esto llevó a la quiebra de la firma.
La noticia tomó por sorpresa a los trabajadores y a la dirigencia de la empresa. A pocos metros de la reserva ecológica de Costanera Sur, la compañía gerenciada por los trabajadores desde 1999 amaneció sin ningún conocimiento de la medida que, en principio, modificará su destino laboral.
"No sabemos nada. No es un proyecto que se haya consultado con el directorio de la empresa. Tampoco tenemos ninguna comunicación del Gobierno ni de la Justicia", dijo ayer a LA NACION el presidente de la compañía, Claudio González.
El astillero Tandanor es una empresa con algunas particularidades. En 1991 se privatizó, pero años más tarde, el accionista mayoritario quebró. La Justicia, entonces, nombró un síndico que se hizo cargo de seguir los números de la compañía.
Con el accionista mayoritario en quiebra, en julio de 1999, Tandanor designó un directorio conformado por trabajadores que todavía se mantienen a cargo de la gestión del astillero.
"Hubo tres años donde los trabajadores capitalizamos nuestros sueldos porque no había posibilidad de pagarlos. En 2002 se empezaron a ver los frutos. Ahora el astillero da ganancias y está pagando las cuotas de la convocatoria", dijo González.
Sucede que después de la quiebra de Indarsa, Tandanor se presentó en convocatoria de acreedores. Pero la reactivación del sector, de la mano de la ventaja competitiva que le da a la Argentina el nivel de salarios bajos en términos de dólares, hizo de esa empresa, inviable años atrás, pasara a ser a una compañía con perspectivas positivas.
Así las cosas, Tandanor inició un proceso de saneamiento. Pagó $ 7 millones de un total de 25 a los que asciende la deuda concursal.
"Estamos al día con el acuerdo y sin deuda posconcursal. Aún se deben $ 18 millones con vencimientos en los próximos cinco años. La compañía está marchando bien", sostuvo González.
Licitación sospechada
El proceso de licitación de los Talleres Navales Dársena Norte (Tandanor), uno de los más grandes del país, desembocó después en una causa judicial por irregularidades en la que están involucrados empresarios y directivos de bancos.
Uno de los principales encausados por este juicio, bajo los cargos de defraudación al Estado y administración infiel, era el recientemente fallecido Antonio Erman González, ministro de Defensa y de Economía durante el gobierno de Menem. La causa judicial por irregularidades en la privatización se inició en 2000.
El grupo adjudicatario Indarsa, compuesto por las firmas BHU Amro, Brisard Sud Marine y Catma, debía pagar al Estado una suma total de unos 59 millones de dólares, discriminada en 7 millones en efectivo y los restantes 52 millones financiados en bonos de deuda pública.
Pero, según la investigación, a los pocos meses de la licitación se modificaron las condiciones en favor del grupo, pues sólo debía pagar la suma inicial, con un plazo de 10 años para el resto, con tres años de gracia. Finalmente se pagó una sóla cuota.
