El Gobierno también negocia retenciones con las firmas mineras

La del agro no es la única negociación por retenciones que está en marcha. Con un perfil mucho más bajo, el Gobierno está dialogando con las empresas mineras, que reclaman contra la aplicación de esos impuestos a la exportación en proyectos que hasta el año pasado estaban exentos.

Algunos protagonistas consideran que esas negociaciones "van por buen camino", pero la distancia quedó ayer expuesta durante un almuerzo de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) por el Día de la Minería. Mientras el presidente de la CAEM, Manuel Benítez, vinculó la llegada de futuras inversiones con la "estabilidad" jurídica, el secretario de Minería de la Nación, Jorge Mayoral, pidió a los operadores que "asuman el compromiso de una mayor contribución al Estado".

Ambos discursos, los únicos del encuentro, evitaron prolijamente la palabra "retenciones", pero las más de 300 personas presentes en un salón del Sheraton Libertador sabían de qué se trataba. Ante la fuerte suba del precio internacional de los metales, a fines de 2007 el Gobierno decidió extender la aplicación de retenciones (van del 5 al 10%), que hasta entonces sólo regían para proyectos posteriores a 2002. Las empresas afectadas -en su mayoría multinacionales- sostienen que esta medida vulnera la ley 24.196 de inversiones mineras, sancionada en los 90, y que les garantizaba estabilidad fiscal por 30 años.

"Estabilidad que habla de la seriedad de un país que quiere y necesita seguir impulsando inversiones desde la confianza de reglas claras", dijo Benítez, y arrancó el único aplauso espontáneo entre los comensales.

A su turno, Mayoral expuso los argumentos del Gobierno. Dijo que debido a las altas cotizaciones internacionales, las inversiones mineras "han multiplicado sus ganancias" respecto de lo estimado en los proyectos de factibilidad (la onza de oro, por ejemplo, rondaba los US$ 200 y hoy se ubica en casi US$ 900). "El Estado debe tener una adecuada participación en la renta del sector, para que a través de mecanismos redistributivos dé acceso al progreso y mejore la calidad de vida de las comunidades mineras", agregó.

Las empresas aceptan la necesidad de desarrollo de las comunidades donde se asientan, pero descreen del valor de las retenciones para ello, por tratarse de impuestos no coparticipables.

"Se están manteniendo conversaciones con el Gobierno -confirmó Benítez en diálogo con la prensa-. Van enderezándose de manera positiva."

Otros ejecutivos del sector no son tan optimistas, aunque valoran la predisposición al diálogo. De todos modos, descartan que haya novedades "en los próximos 15 días" porque difícilmente el Gobierno va a aceptar acordar el tema de las retenciones mineras cuando todavía está abierto el conflicto con el agro.

Los empresarios han mantenido conversaciones con Mayoral y con el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, aunque es con este último funcionario con quien tienen más expectativas. "Es el que tiene poder de decisión", comentó un ejecutivo.

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