El kirchnerismo necesita otro Galuccio
No importa que la intervención de la empresa Vicentin se haya efectivizado el viernes y que el proyecto de expropiación aún no haya siquiera llegado al Congreso. El Instituto Patria ya puso a trabajar a sus headhunters en busca de un futuro manager: "Estamos buscando al Galuccio del sector agropecuario", explicó una fuente, que empezó a sondear recomendaciones en el mercado. En el Patria trabajan con la idea de poder desarrollar en Vicentin un modelo de negocios similar al que aplicó en su momento Cristina Kirchner en YPF, cuando puso al mando de la empresa al entonces ejecutivo argentino de Schlumberger.
En el Gobierno saben que la gestión de Vicentin no va a ser una tarea fácil. Más allá del drama de su deuda, la empresa requiere en la temporada alta unas 25.000 toneladas de granos por día para alimentar sus plantas, lo que, según cálculos del sector, representa entre US$200 millones y US$300 millones mensuales de financiamiento. No son montos que puedan conseguirse en el mercado local, mucho menos en un sistema financiero que no ha logrado, aun con el supercepo, frenar el drenaje de depósitos en dólares. Las colocaciones en moneda extranjera caen 12% en el año y 2,7% en los últimos 30 días, según información del Banco Central. Existe, además, una disposición reciente del BCRA que impide que las cerealeras tomen argendólares para financiar su operación. ¿O exceptuarán a Vicentin de la norma?
Las competidoras de Vicentin -Cargill, Cofco, Louis Dreyfus- son gigantes globales que pueden tomar créditos en el exterior a una tasa a la que ni la mejor empresa argentina puede aspirar, de cerca de Libor (tasa de referencia de Londres) más un adicional de entre 1% y 1,5% anual. No es sencillo competir en este terreno, menos si quien piensa gestionar la compañía es un Estado en default con fama de incumplidor serial.
Muchos de los bancos internacionales acreedores de Vicentin también financian a las cerealeras internacionales. Aunque la semana pasada formaron el Comité Ad Hoc de Acreedores Privados Internacionales y públicamente anunciaron su intención de negociar de buena fe sus acreencias en Vicentin con el Estado, la realidad es que por otro lado también les comunicaron al resto de las cerealeras que, a partir de ahora, incrementarían las garantías de sus créditos. El Gobierno podrá justificar de mil maneras la intervención y el management de la empresa podrá no haber tenido la mejor de las famas, pero para los bancos internacionales la intervención de la empresa y la posible expropiación solo se traducen en un aumento del riesgo argentino, y esto afecta a toda la industria.
Es por eso que, para el Patria, la figura del manager, así como lo fue Galuccio en su momento, se transformó en un punto clave de lo que, consideran, es la futura gestión de la compañía. Dependerá del poder de persuasión conseguir a alguien de fuste. Galuccio, después de todo, supo sacarle provecho a su paso por YPF: no solo se aseguró un interesante paquete salarial (y una jugosa indemnización), sino que además de ejecutivo de una empresa internacional pasó a ser accionista de su propia compañía petrolera, Vista Oil. Además de que sigue siendo el hombre de confianza del kirchnerismo en la industria, lo que hace que, para muchos, tenga aún hoy tanto peso o más que el propio presidente de YPF, Guillermo Nielsen, en la gestión de la petrolera estatal.
En la industria cerealera, la expropiación de Vicentin encendió varias alertas. No tanto porque pueda llegar a jugar un rol de "empresa testigo", como aspira el presidente Alberto Fernández, sino porque para lograrlo obligue al resto a jugar en una cancha inclinada. El negocio de las cerealeras está arbitrado en gran medida por el Estado: es quien otorga los permisos de exportación, el que define los plazos de ingresos de divisas y el que hace los controles fiscales (existe en la AFIP una unidad especial dedicada a las agroexportadoras).
El Estado no tiene fama de ser un competidor con buenas prácticas. Al menos, no sucede eso en el caso de Aerolíneas Argentinas. La empresa de bandera, que según declaraciones que hizo su presidente en febrero pasado -antes de que azotara la pandemia- perderá este año unos US$800 millones, opera con varias ventajas frente a sus competidores. Tanto es así que ya hay dos compañías aéreas que evalúan seriamente dejar de operar y empezaron a estudiar el procedimiento con sus asesores legales. Una de ellas no lleva mucho tiempo en el país.
Las empresas low cost, por su parte, comprobaron antes que los accionistas de Vicentin qué poco margen tienen para hacer reclamos. La posibilidad del cierre definitivo del aeropuerto de El Palomar hizo que muchas intentaran llegar al Gobierno. Pero no lograron que las recibieran las máximas autoridades. Sin suerte, apelaron luego a los gobernadores de las provincias beneficiadas con el aumento del tránsito aéreo para que intercedieran a su favor ante Alberto Fernández. Todas se llevaron promesas de los mandatarios provinciales, pero no vieron resultados.
Con Vicentin, el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti,quedó más expuesto públicamente. Su intención de conseguir una solución para los pequeños productores santafesinos afectados por la convocatoria de la cerealera nunca contempló la posibilidad de una expropiación. La crisis que provocó dentro de su gabinete la decisión del gobierno nacional es una muestra fiel de ello.
Pese a lo que se pensó en un comienzo, los gobernadores están lejos de tener un rol preponderante en el gobierno de Fernández. Sigue habiendo por el lado del Presidente promesas de federalismo, pero, en la práctica, las voces de los mandatarios provinciales llegan sin fuerza a la Rosada. La realidad es que el Presidente tampoco logró construir con los líderes provinciales, como lo había hecho en su momento Néstor Kirchner, una red que sirva de contrapeso para equilibrar fuerzas dentro de la coalición de gobierno y que le permita independizarse del kirchnerismo más duro. De hecho, conceptos como el de "soberanía alimentaria", que usó Fernández para justificar la intervención de Vicentin, se encuentran ya en documentos del Instituto Patria de 2019 (como uno firmado por el exministro de Asuntos Agrarios bonaerense Guillermo Gallo Mendoza). Otro dato no menor es que quien lleva la relación con las provincias sea Wado de Pedro, una persona que emergió de la mano de Cristina Kirchner.
Es cierto que Fernández no tuvo la suerte que tuvo Néstor Kirchner con la economía. Como lo describe un informe de MacroView, Kirchner recibió de Eduardo Duhalde una economía que ya empezaba a crecer y que estaba en default, pero no tenía inflación. Además, Duhalde ya había hecho gran parte del trabajo sucio, con lo cual Kirchner logró -gracias a precios internacionales también muy favorables- que entre 2003 y 2005 la economía creciera al 9% por año, lo que le daba la libertad (y caja) para construir poder con los gobernadores.
La economía que heredó Fernández no solo estaba en recesión desde fines de 2017, sino que tenía una altísima inflación y una deuda impagable. Antes del coronavirus, el manejo de la economía exigía una gran pericia. Pero la gestión de la deuda no deja al equipo económico bien parado. Y las recetas del Gobierno para contener el empleo y el avance de los precios también parecen de corto aliento.
La realidad de las empresas termina imponiéndose sola. Así, pese a la prohibición de los despidos, muchas están arreglando con sus empleados retiros voluntarios, y por indemnizaciones que no llegan al 200% establecido por el Gobierno.
En línea con su plan de ajuste global, Latam presentó la semana pasada un plan de retiros en esa línea entre sus empleados administrativos -ofrece una indemnización simple y algunos otros beneficios secundarios-, mientras que la textil Mimo, que tiene 840 empleados, planteó a algunos de sus trabajadores un retiro con el pago del 170% de indemnización. Pero hay muchas pymes que apenas están pagando salarios y que no llegan ni a eso.
Lo mismo en la gestión de los precios es imposible que el brazo del Estado cubra todos los canales de venta o los rubros. Después de una tregua firmada en marzo para congelar precios de medicamentos, los laboratorios empezaron a informar la semana pasada subas de un 4% promedio.
Así las cosas, no parece factible pensar que en el mediano plazo Fernández pueda construir poder amparándose en la economía. Ya sea por las dificultades propias o por las limitantes que le impone el Instituto Patria. ¿Podrá de otra manera?
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